La “Ley Atenco”, bautizada así por sus detractores, permite el uso “cuando sea estrictamente inevitable” de armas letales, así como de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos; y de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol, equipo autoprotector, como cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas.
Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- El Congreso del Estado de México avaló la iniciativa enviada por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas que avala el uso de la Fuerza Pública durante manifestaciones públicas.
La también llamada “Ley Atenco”, fue avala ayer en lo general por la mayoría de los legisladores mexiquenses, y con el voto en contra de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien argumentó que esta legislación avala el uso excesivo de la fuerza en el Estado de México, y que incluso, ésta es mucho más grave que la “Ley Bala”, que fue aprobada en Puebla y revocada luego de la muerte de un menor durante un desalojo violento en el municipio de Chalchihuapan en 2014.
El artículo 8 de la legislación aprobada ayer por el Congreso del Estado de México, faculta el uso de armas letales a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables”.
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo.
Esta legislación busca definir los casos en los que las policías mexiquenses podrán intervenir para restablecer el orden en desalojos, embargos, además en los centros de readaptación social. La Ley detalla también que el uso de la fuerza pública podrá aplicarse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y que se vuelvan violentas.
La “Ley Atenco” permite también el uso de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos; y de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol, equipo autoprotector, como cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas.
Previamente, el Diputado local por Morena, Marco Antonio Ramírez, denunció, en un video subido a sus redes sociales, que la Ley promovida por el Gobernador Eruviel Ávila “no protege a los ciudadanos, ni conduce a la impartición de justicia, es una ley que criminaliza la protesta social al regular el uso de la fuerza del Estado”.
“Es una Ley que busca legítimar futuros Atencos”, alertó.
Por su parte, el también legislador mexiquense de Morena, Vladimir Hernández, explicó que el artículo 12 de esta Ley plante “que se podrá usar la fuerza cuando haya una resistencia pasiva, es decir, cuando la persona no obedezca las órdenes directas de un elemento de la fuerza policial aunque no esté dañando a nadie. Esto implica que una manifestación que esté haciendo uso de la resistencia civil pacífica puede ser califica como desobediente y entonces reprimirla”.
Hernández Villegas recordó que lo sucedido en Atenco en 2006, cuando la represión de la policía contra los pobladores de esa comunidad que oponían la construcción del Nuevo Aeropuerto en sus tierras, dejó dos personas muertas, más de 200 detenidos y decenas de heridos, fue responsabilidad del entonces Gobernador Enrique Peña Nieto.
Ahora, acusó el legislador, el artículo 16 de esta legislación detalla que “la determinación de hacer uso de la fuerza en el caso de asambleas manifestaciones o reuniones violentas será tomada por el mando responsable del operativo bajo su más estricta responsabilidad, con esto el actual Gobernador Eruviel Ávila no sólo rehuye al juramento que hizo de cumplir y hacer cumplir las leyes, sino que transfiere a los mandos operativos toda la responsabilidad de una eventual represión […] así él se lava las manos”.
Los legisladores acusaron que los artículos 22 y 23 de esta Ley, que permiten el uso de la fuerza para cumplir con las determinaciones emitidas por autoridades judiciales, ministeriales y administrativas que “parecen un traje hecho a la medida a casos como Xochicuautla, el Aeropuerto, o cualquier otra obra que pretendan realizar, cuenten o no con el respaldo de la comunidad”.
Durante la sesión del día de ayer, los legisladores presentaron en la tribuna del Congreso local sus razones por las que rechazaron la Ley que regula el uso de la fuerza en el Estado de México, entre ellas, dijeron, debido a que reprime y viola los derechos humanos de los ciudadanos. Además protestaron con carteles en contra de la “Ley Atenco”.
Los legisladores de Morena también advirtieron que solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que impulse una acción de inconstitucionalidad en contra de la legislación. E incluso a la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN).
