Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– La organización Amnistía Internacional (AI) solicitó a la Procuraduría General de la República indagar a los altos mandos del Ejército implicados en el caso Tlatlaya por su presunto “involucramiento” en la muerte de 22 personas.
Durante una audiencia pública entre organizaciones y los diputados que integran la Comisión Especial para el caso Tlatlaya, Perseo Quiroz, presidente de AI en México, señaló que no sólo se debe sancionar a quienes jalaron el gatillo, también a los mandos que estuvieron al tanto de los hechos.
“El hilo en México siempre se revienta por lo más delgado, si bien es cierto que hay siete militares involucrados en el caso Tlatlaya o que están siendo investigados, no hay ningún nivel de mando alto, cuando todas las versiones y testimonios que se han dado hacen suponer que niveles altos de mando tuvieron involucramiento en el caso no jalando el gatillo directamente”, dijo.
La reunión inició con retraso y sólo asistieron dos de seis diputados que integran el Grupo de Trabajo Tlatlaya, su coordinadora, la perredista Elena Tapia Fonllem y Loretta Ortiz Ahlf, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Heriberto Manuel Galindo Quiñones y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez; de Acción Nacional, Alberto Díaz Trujillo y de Nueva Alianza, René Fujiwara Montelongo, no se presentaron.
En la audiencia, Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, destacó que en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no existe información documentada en el caso Tlatlaya.
“Si no existe un control sobre la supervisión y no existe documentación e información, no es posible control democrático sobre el uso de la fuerza”, aseveró.
Refirió que en el asesinato de las 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, por integrantes de las fuerzas armadas, es un síntoma al interior del Ejército que se debe focalizar.
Por su parte, Édgar Cortés, representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, criticó la falta de transparencia por parte de las autoridades para informar acerca de las indagatorias del caso.
En la audiencia participaron Perseo Quiroz de Amnistía Internacional; Ernesto López Portillo del Instituto para la Seguridad y la Democracia; José Antonio Guevara de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Édgar Cortés del Instituto Mexicano para la Seguridad y la Democracia y Carlos Silva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los integrantes de las organizaciones solicitaron a las diputados presentes tipificar el delito de “ejecución extrajudicial” y agilizar la reparación del daño para las víctimas.
El 30 de junio de 2014, se registró un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos del Ejército en San Pedro El Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, que dejó como saldo 22 muertos.
Luego de los hechos, organizaciones civiles y testigos acusaron a los militares de haber realizado ejecuciones sumarias, entre ellas las de una menor de edad.
En septiembre del año pasado la PGR consignó por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en el enfrentamiento.
