El departamento de Justicia la imputó el viernes con los cargos de soborno indirecto, violación de la ley anticorrupción y violación del artículo relativo a la “venta, comercio, administración, dispensación, entrega, distribución y transporte” de drogas ilegales.
Manila, 19 de febrero, (EFE).- Human Rights Watch (HRW) exigió hoy a las autoridades filipinas la retirada de los cargos de corrupción contra la Senadora Leila de Lima al considerar que son una “venganza” por sus críticas a la campaña antidroga del Presidente Rodrigo Duterte.
“El procesamiento de la senadora Leila de Lima es un acto de venganza política que degrada el estado de derecho en Filipinas”, dijo en un comunicado Phelim Kine, subdirector de HRW en Asia.
El comunicado coincide con el inicio de las diligencias sobre este caso en el tribunal regional de Muntinlupa, al sur de Manila, lo que podría llevar a la emisión de una orden de arresto de la senadora y exministra de Justicia en los próximos diez días.
El departamento de Justicia la imputó el viernes con los cargos de soborno indirecto, violación de la ley anticorrupción y violación del artículo relativo a la “venta, comercio, administración, dispensación, entrega, distribución y transporte” de drogas ilegales.
De Lima está acusada de haber recibido durante su etapa como secretaria de Justicia (2010 a 2015) grandes sumas de dinero de narcotraficantes recluidos en prisión a cambio de tratos de favor, como vehículos de golf para trasladarse por el recinto penitenciario o la celebración de conciertos.
HRW acusó a las autoridades filipinas de haber sobornado a los testigos para ofrecer declaraciones falsas que han contribuido de forma definitiva a la imputación de la senadora.
“Este caso motivado políticamente contra De Lima muestra cómo la guerra contra las drogas de Duterte amenaza no solo a los miles de personas en el punto de mira, sino a la justicia penal y el sistema político”, expresó Kine.
La exministra, ferviente crítica de la controvertida campaña antidroga que desde el pasado junio ha dejado más de 7 mil 000 muertos, fue depuesta en septiembre como líder de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado tras una “campaña de hostigamiento e intimidación” del Gobierno, según HRW.
El asesor legal de la Presidencia, Salvador Panelo, respondió a las críticas de la ONG al afirmar que “no existe base alguna para afirmar que los casos (contra De Lima) tengan motivación política”, en declaraciones al diario local Inquirer.
El abogado insistió en la validez de los testigos y aseguró que el Gobierno “aplicará la ley contra quien esté involucrado” en actos criminales “independientemente de su influencia o relación con funcionarios del Gobierno” e instó a respetar la futura decisión de los tribunales.
