Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Millones de mexicanos podrían estar consumiendo un producto transgénico en este momento sin estar enterados, inclusive al comer una tortilla, tomar un refresco o probar un platillo frito con aceite vegetal, pues ante la negativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para aplicar medidas que obliguen a las empresas a etiquetar de manera adecuada los alimentos que contengan ingredientes genéticamente modificados, el comprador no tiene la opción de decidir si los consume o no, denunciaron representantes de organizaciones civiles.
Investigadores y activistas aseguran que hasta ahora no existen cifras sobre cuántos productos transgénicos ingresan al país. Uno de los principales motivos es porque no cuentan con una etiqueta en la que se especifique si son genéticamente modificados. Tal es el caso del maíz proveniente de Estados Unidos y que llega a empresas mexicanas como Maseca, líder productor de tortillas y harina de maíz, plantearon. Las autoridades, quienes deberían evitar este tipo de acciones para que el consumidor esté enterado y tenga la posibilidad de elegir, simplemente no actúan “porque están coludidas” con las grandes empresas como Monsanto, Dow AgroSciences, Pionner-Dupont, afirmaron a SinEmbargo.
En México no existe etiquetado para alimentos transgénicos pese a que lo establece el artículo 101 de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, mejor conocida como “Ley Monsanto”, a pesar de que lo recomienda el Protocolo de Cartagena –sobre seguridad de la biotecnología–, del cual el Estado mexicano es firmante.
Alejandro Calvillo Unna, presidente y fundador de la asociación civil El Poder del Consumidor, explicó que la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados fue presionada por las corporaciones, las cuales justificaron que si no había una diferencia sustancial en su producto, no tenía por qué llevar etiqueta; y como en ese entonces no existía pruebas científicas sobre las diferencias entre un producto orgánico y uno transgénico, la ley resultó laxa.
“La discusión sobre diferencia sustancial fue impuesta por las empresas. Ahora, donde hay mucha documentación científica sabemos que sí existe una diferencia sustancial; de hecho en 2011 The Codex Alimentarius Commission, donde participa la FAO [La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] determina que sí debe existir etiquetado y con esto reconoce que sí hay diferencia entre los cultivos tradicionales y los transgénicos”, dijo Calvillo Unna.
Sin embargo, pese a que ya existe la tecnología para conocer las diferencias y los riesgos para el ser humano, fauna y flora, hoy en día no hay ninguna iniciativa para modificar la legislación. Organizaciones aseguran que esto atiende a un “conflicto de interés” entre el Estado de las grandes corporaciones de transgénicos.
La “Ley Monsanto” que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2005 estipula que los productos para consumo humano y que hayan sido genéticamente modificados deben contener información sobre su composición, propiedades, y datos de características especiales en caso de que “sean significativamente diferentes”.
“La información que contengan las etiquetas, conforme a lo establecido en este artículo, deberá ser veraz, objetiva, clara, entendible, útil para el consumidor y sustentada en información científica y técnica”, dice la Ley, donde además detalla que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Salud (SSA) deberán regular, distinguir, evaluar, vigilar, verificar normas, y enlistar los productos y organismos.
Para la organización ambiental Greenpace, “Monsanto hace lo que sea: no duda en violar la ley, sobornar funcionarios, afectar la salud de la gente amenazar a quienes se le oponen, o contaminar el ambiente”. Por ello, la política agroalimentaria en México no vincula a los consumidores, ni a campesinos ni mucho menos contempla a especies de flora y fauna.
LA RESPONSABILIDAD DE COFEPRIS
Por ejemplo, Alejandro Calvillo Unna explicó que muchas de las medidas que se hicieron para combatir el sobrepeso, entre ellas el etiquetado de bebidas y alimentos, que emitió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no fueron creadas por un comité especializado, sino por “tres funcionarios de Cofepris: dos abogados y un agente ambiental”.
Prueba de ello, detalló Calvillo, es la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, en donde toma como referencia a EU Pledge Nutrition –una iniciativa de compañías estadounidenses para advertir a los compradores sobre si consumir sus productos implicaba o no un riesgo– para el etiquetado, no obstante, no se trata de un organismo autónomo o de alguna autoridad de salud, sino una iniciativa del sector empresarial.
“Son las empresas dando medidas para autorregulación. Es decir, el Estado Mexicano toma una autorregulación y la convierte en regulación. Es el sueño de toda empresa”, aseguró Alejandro Calvillo.
“Las autoridades actúan en complicidad. Nosotros presentamos una demanda ante el Tribunal Permanente de los Pueblos México, donde 53 organizaciones demandamos a Sagarpa, Semarnat, Monsanto […]. Y lo que vimos es que el Estado mexicano es cómplice, incluso el Tribunal determinó que las autoridades son omisas. México está trabajando para ellos, está coludido con esas empresas, para la siembra y distribución de transgénicos”, aseguró Adelita San Vicente, integrante de la organización Semillas de Vida.
Adelita San Vicente agregó que es incomprensible que México importe maíz que proviene de Estados Unidos, que en su mayoría es trasngénico y aunque no lo fuera «es de mala calidad por su nivel de azúcares y almidón», a comparación del maíz mexicano, que es uno de los mejores, es exportado a otros países.
Greenpace detalló que desde 1999 las autoridades mexicanas comenzaron plantaciones experimentales de transgénicos, pero no hubo medidas precautorias ni pruebas científicas que comprobaran que no hubiese daños a mediano y largo plazo. Tampoco se hizo un análisis de compatibilidad en semillas y en otras especies, sumado a que se utilizan herbicidas muy potentes que pueden contaminar el entorno.
“En México se están sembrando cientos de hectáreas de algodón que han contaminado al algodón silvestre y miles de hectáreas de soya transgénica provocando la contaminación de miel con polen transgénico”, denunció Greenpace en su campaña «¿Y tú… sabes lo que comes?».
Esta situación experimental no sólo sucede en el cultivo, sino además en la comercialización de productos de esta índole.
Al menos 61 países, como Japón y actualmente China, ya cuentan con medidas y con las evidencias científicas sobre la importancia del etiquetado, el cual representa el derecho a la información de los consumidores.
En México, la Cofepris, que es un órgano dependiente de la Secretaría de Salud y que actualmente es presidida por el Mikel Andoni Arriola Peñalosa, es la encargada de la prevención y control de los factores ambientales que puedan ser nocivos a la salud de los ciudadanos, de la sanidad, del control sanitario de productos y de la publicidad y etiquetado de éstos. Pero no lo hace, según los representantes de las organizaciones.
Calvillo aseguró que una de las organizaciones de la industria ha premiado a Mikel Arriola, lo cual hace suponer que hay un vínculo, un “conflicto de interés” no para la ciudadanía sino para ellos.
Greenpace realizó una guía de transgénicos para el consumo y comercio responsables, en el cual da detalles de productos de consumo diario que contienen, según datos de las empresas, ingredientes o aditivos derivados de cultivos “sospechosos”. Sopas Knorr (Unilever), Aceite 1-2-3 (La Corona), Coca Cola (Coca Cola), Gatorade (Pepsico), Sabritas (Pepsico), cereales Kellog’s, Corona (Grupo Modelo), Carlos V (Nestlé), helados Holanda (Unilever), Búfalo (Herdez), son algunos de estos alimentos, los cuales no detallan en su etiqueta nada sobre organismos genéticamente modificados.
Cifras de Agrobio, empresa que aglutina a multinacionales del sector como Monsanto, Dow AgroSciences, Pioneer y DuPont, revelan que en el mundo, en 2012 la cifra de agricultores era de 17.3 millones y la de superficie alcanzó los 170.3 millones de hectáreas, y de 1996 a 2011 los beneficios económicos acumulados de estas cosechas han sido superiores en países en desarrollo respecto a los industrializados (49.6 mil millones contra 48.6 mil millones de dólares, en ese orden).
Países como Suiza, Noruega, Holanda han prohibido el cultivo de maíz transgénico.
En México, El Poder del Consumidor, junto con la Alianza por la Salud Alimentaria y Semillas de Vida denunciaron la actuación de la Cofepris al autorizar 135 líneas de transgénicos para consumo humano, de los cuales un porcentaje alto son de maíz tolerante al glifosato, químico herbicida que puede provocar daños hepáticos, renales y es causa de malformaciones.
Elena Álvarez-Buylla, experta en genética molecular del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), planteó que la Cofepris aprobó las nuevas variedades de maíz transgénico sin ninguna discusión previa, y copiando la regulación de Estados Unidos. Calificó esta decisión como un atentado a la salud pública de los mexicanos, sin sustento científico y en la que están de por medio algunos conflictos de intereses.
“Por eso, solicitamos que se prohíba el uso de esos transgénicos y de los tóxicos asociados con el glifosato para alimentos y de manera muy específica del maíz y por la evidencia científica, exigimos el etiquetado de todos los alimentos en tanto su contenido de transgénicos y la posible presencia de estos tóxicos”, explicó.
De acuerdo con la información de la investigadora de la UNAM y de la activista Adelita San Vicente, los cultivos de maíz, de los que se derivan importantes alimentos de consumo masivo en México, son rociados con cantidades «exorbitantes» de tóxicos; los cultivos transgénicos son tolerantes a estos tóxicos y los mismos penetran a todas las células de los cultivos, incluyendo frutas y semillas. Por eso, aseguran las organizaciones, es urgente regularlos con etiquetas.
