Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció “el rol invaluable e insustituible” que tienen las familias y las organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas desaparecidas, e instó al Estado mexicano a “abstenerse de acciones que interfieran con su labor, tales como injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de acción indebida”.
El pasado 16 de diciembre, los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, estudiantes de Ayotzinapa y abogados exigieron el alto a la represión y criminalización del Estado al movimiento de la búsqueda de los jóvenes.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quien lleva el caso de los desaparecidos, dijo que durante los últimos días la criminalización y persecución a organizaciones y familiares se endureció.
El reclamo de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió días después de que el titular de la Marina, el Teniente Francisco Vidal Soberón Sanz, dijera a la prensa:
“Llama la atención que, independientemente de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal, encabezados por la PGR, porque Marina, Cisen y Ejército coadyuvan; llama la atención que hay muchos actores tratando de desacreditar lo hecho […]. Me enoja todavía más que manipulen a los padres de familia, que manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo para no reconocer o para seguir incrementado esto […]. Más coraje me da que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesan ni los padres ni estos muchachos”.
Este jueves, la representación en México del Alto Comisionado de la ONU refirió mediante un comunicado de prensa, emitido en el marco del aniversario de la aprobación de la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, la urgencia de acelerar la implementación de las recomendaciones pendientes formuladas al Estado mexicano por los organismos internacionales de derechos humanos, así como la propia sentencia de la CoIDH en el caso de Rosendo Radilla Pacheco.
“La agenda incluye: emitir una ley general e integral en la materia; el reconocimiento nacional de la figura de declaración de ausencia por desaparición; el combate efectivo a la impunidad; el fortalecimiento de servicios forenses independientes; la instauración de un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas; la instauración de bancos genéticos; la protección de víctimas y testigos; la regulación apropiada del uso de la fuerza; el registro de personas detenidas y el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas de una desaparición”, manifestó la ONU-DH.
Esta no es la primera vez que un organismo defensor de los derechos humanos pide a México resolver los problemas de desapariciones forzadas. El pasado lunes 15 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) pidió al Presidente Enrique Peña Nieto someterse “a la brevedad” a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un comunicado, el organismo recordó que México está obligado a cumplir de manera “cabal e integral” con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“Tras los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y del legítimo reclamo de verdad y de justicia de los familiares de las víctimas, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la comunidad internacional, con el fin de resolver estos oprobiosos casos, así como las desapariciones forzadas producidas en diversos estados de la República, esta Comisión Nacional recuerda que el Estado Mexicano está obligado a dar cumplimiento, cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, señaló la CNDH.
La CNDH hizo un atento llamado al Poder Legislativo a realizar las reformas pertinentes con objeto de contar con una Ley General en materia de Desaparición Forzada, que incluya la adecuación del tipo penal de desaparición conforme a los estándares internacionales y de la adopción de políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, por considerar que son medidas a las que un Estado democrático de derecho debe aspirar para lograr la plena vigencia de los derechos humanos.
En el mismo sentido se pronunció el pasado 8 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que urgió al Estado mexicano a adoptar las medidas que sean necesarias para resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales, manifestó, no se limitan al caso de los estudiantes de Ayotzinapa.
En tanto, La ONU indicó hoy que su trabajo en México se desarrolla en un contexto “en el cual no debemos perder de vista que las desapariciones de los estudiantes normalistas ocurridas en Iguala, Guerrero, siendo un acontecimiento que se configura como una violación muy grave a los derechos humanos, se suma a una historia reciente de México en la que numerosas desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos siguen afligiendo a muchas familias”.
La ONU-DH recordó que ha impulsado y acompañado diferentes procesos como la adopción de la primera legislación especial sobre declaración de ausencia de personas desaparecidas en Coahuila; los esfuerzos en Nuevo León de víctimas, familias, organizaciones y las propias autoridades estatales para generar y fortalecer los espacios de diálogo y acción eficaz en aras de lograr progresos en las investigaciones; y el retiro de la reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que impedía que las desapariciones forzadas perpetradas por militares fueren del conocimiento de las autoridades civiles y que fue un reclamo del movimiento de derechos humanos.
“Las distintas experiencias, con todas sus complejidades y particularidades, confirman no sólo la pertinencia de la agenda delineada en las recomendaciones internacionales que ha recibido México, sino además, de manera destacada, el rol invaluable e insustituible que tienen las familias y las organizaciones en las transformaciones institucionales que deben emprenderse, de cara al esfuerzo de implementación que le corresponde al Estado. Lo anterior supone, además, que las propias autoridades respeten el derecho de las personas a defender los derechos humanos de las personas desaparecidas”, manifestó el organismo internacional.
Dijo que el Estado mexicano “debe abstenerse de acciones que interfieran con su labor, tales como injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de acción indebida frente el ejercicio legítimo de los derechos consagrados en la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”.
