El balance de las políticas migratorias en México es negativo. Pero las tragedias del pasado inmediato parecen no haber dejado ninguna lección al nuevo gobierno priista: las organizaciones civiles alertan que la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto podría agravar más la terrible situación que sufren miles de inmigrantes a su paso por México, en busca de una nueva vida.
Por @masde131/Radio Nederland
Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo/RadioNederland).– Según cifras de la organización pro derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), 18 mil a 22 mil migrantes son secuestrados al año, sin olvidar los migrantes asesinados y el caso de las fosas clandestinas y las víctimas de mutilaciones, extorsiones y violencia sistemática. Además, de aproximadamente 20 mil víctimas de trata de personas al año, un 95 por ciento son migrantes, principalmente centroamericanos.
Las Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos comenzaron a recorrer México un día después de que se cumpliera un año del gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI), culminando su recorrido el 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, en Ciudad Hidalgo.
El largo periplo que estas madres emprenden exigiendo justicia por sus hijos desaparecidos obliga a preguntarse ¿qué ha sucedido con la situación de los derechos humanos de los migrantes a un año del gobierno de EPN?
¿SINÓNIMO DE MUERTE?
El sexenio pasado bajo el mandato del entonces presidente de México Felipe Calderón, estuvo marcado por la violencia contra los migrantes. Este nuevo gobierno parece no tener intenciones de poner un alto a esta crisis humanitaria, ignorando el tema de la violencia detrás de las reformas estructurales y de las promesas de desarrollo.
El balance un año después de iniciado el sexenio que Don Martín, de la Estancia del Migrante González y Martínez en Tequisquiapan, Querétaro, hace desde su trabajo diario con migrantes es “extremadamente negativo”.
Para Don Martín, “a partir de que Peña Nieto llegara al gobierno se acentúan más las violaciones a los migrantes, se acentúa más la violencia, hay más muertes”.
La diferencia es que este año los grupos criminales han comenzado a cobrar cuotas a los migrantes indocumentados, lo que ha llevado a que los migrantes empiecen a transitar por otras rutas y por otros medios de transporte.
Jorge Andrade, del colectivo Ustedes Somos Nosotros y de la Red DH Migrante, considera que las cosas siguen igual, en donde los tres niveles de gobierno hacen caso omiso de la violencia: “Vemos los ataques a los trenes en Tabasco, en Veracruz, Oaxaca. A los gobiernos municipales y estatales no les interesa”.
El caso más reciente se vio con el ataque al tren de Cosoleacaque, Veracruz en donde el gobernador minimizó la gravedad de lo ocurrido asegurando que había sido una riña entre migrantes, cuando en realidad hubo disparos y migrantes arrojados a las vías del tren.
Javier Urbano, profesor investigador y coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana afirma que “Si no hay complicidad (por parte del gobierno), sí hay una omisión criminal. La omisión es criminal porque está generando muertes, mujeres violadas, asesinatos, gente mutilada”.
Desde la perspectiva de la Academia, Sonja Wolf, investigadora del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) asegura que los migrantes siguen siendo víctimas de los mismos delitos y violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado y de grupos criminales.
La diferencia es que este año los grupos criminales han comenzado a cobrar cuotas a los migrantes indocumentados, lo que ha llevado a que los migrantes empiecen a transitar por otras rutas y por otros medios de transporte.
EL INM Y LA LEY DE MIGRACIÓN
El Instituto Nacional de Migración (INM) parece ser otra institución caduca que no ha permitido avanzar en la protección de los derechos humanos de los migrantes. Don Martín dice que el INM –sobre todo al sur del país– está implicado en abusos que no salen a la luz. Él recuerda a un migrante decirle “si ustedes supieran todo lo que está pasando. Le tenemos más miedo a la autoridad que a la propia sociedad”.
Para Alejandra Castañeda, Coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), “el INM solamente se ha destacado por los operativos de aseguramiento de migrantes indocumentados, siendo la palabra aseguramiento un eufemismo de detención o arresto ya que los “asegurados” son llevados a “estaciones migratorias” que en los hechos son centros de detención”.
Es que, a pesar de los diagnósticos que apuntan a su ineficiencia y al abuso de la autoridad y, a pesar de las exigencias de la sociedad civil y de los expertos, el Gobierno Federal ha decidido tomar el camino contrario. En este sentido, Jorge no duda que “el INM sigue deteniendo a los migrantes, sigue dando pauta para que sigan operando estas bandas de delincuentes y violando la Ley de Migración y los derechos humanos de los migrantes”. Además, varios de los entrevistados comparten la indignación de que el nuevo comisionado del INM tiene un historial de trabajo policiaco y relacionado a violaciones de derechos humanos, como en el caso de Atenco y de Puebla.
En cuanto a la Ley de Migración aprobada en 2011, Sonja afirma que “la publicación de la Ley de Migración y su Reglamento han sido un paso importante en la protección de los derechos de las personas migrantes”, sobre todo porque establece que el estatus de migrante irregular no constituye en sí un delito. Sin embargo, la misma ley incluye puntos contraproducentes, como el hecho de que la migración siga siendo planteada como un tema de seguridad nacional, así como el tema del control migratorio, en donde ahora el INM puede auxiliarse en la Policía Federal. En este sentido, Castañeda, piensa que a pesar de que la ley propone como eje rector el respeto de los derechos humanos, el enfoque en la detención y devolución de transmigrantes lo vulnera.
Por el otro lado, expertos en el tema, como Javier Urbano, aseguran que el intento de llevar a la vida cotidiana la aplicación de la ley ha sido un desastre: “la ley no ha tenido ningún efecto porque al Estado se le olvida que la ley es ejecutada por personas, y si estas personas son las mismas coludidas con el crimen organizado, no sirve de nada y se convierte en un rotundo fracaso”. Además agrega que “no se ha logrado aterrizar la ley y el reglamento, el tema es que no ha traspasado la ley a la vida práctica relacionada con la violencia en contra de las poblaciones migrantes”.
A pesar de que la gran mayoría de los entrevistados creen que existe una apatía en el gobierno que ha llevado que no se haya impulsado acciones claras para poner en el centro del debate gubernamental, existen incipientes acciones por parte del ejecutivo federal. De acuerdo a Alejandra Castañeda, la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación se encuentra en el proceso de construcción del Programa Especial de Migración 2014-2018, el cual ha sido acompañado por foros de consulta. Aun así, queda por ver el resultado del proceso y su posterior aplicación.
¿HAY ESPERANZA PARA EL RESTO DEL SEXENIO?
Al preguntarle sobre cómo se ve el panorama a futuro para los migrantes Sonja afirma que “en este momento nada hace pensar que el gobierno tendrá un mejor desempeño en el tema migratorio en lo que resta del sexenio. La agenda es amplia, incluyendo temas pendientes como la creación de una política migratoria regional, la reingeniería del INM, el tema de los migrantes retornados, los migrantes desaparecidos, la protección de los migrantes indocumentados, las alternativas a la detención migratoria, el desplazamiento interno y por supuesto el desarrollo local para que las personas no tengan que migrar si no lo desean”. Sonja cree que los cambios dependerán de la voluntad del Gobierno Federal, pero a su vez del trabajo de la sociedad civil.
Jesús Robles Maloof, activista y defensor de los derechos humanos, cree que sí hay razones para ver un futuro alentador: “la primera es dejar de pensar que el gobierno va a hacer las cosas, sin dejar de exigirles responsabilidad”. Para Jesús, hay suficientes ejemplos en el país que nos pueden traer esperanza, como los “ciudadanos ordinarios que han decidido no darle la espalda al sufrimiento humano”. Él habla, no sólo de los casos más famosos como el de Las Patronas, pero otros como el de Don Comedor en Tepic y la Estancia González y Martínez en Tequisquiapan. Al final, todo para apuntar a que la esperanza de los migrantes de transitar por un país menos violento vendrá de las acciones que día a día realizan los luchadores sociales.
