Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– “El Estado ha optado por la persecución política y la criminalización a los movimientos sociales. Esto parece la dictadura de Franco”, aseveró Jorge Miranda, abogado de dos jóvenes detenidos el sábado pasado por unos 20 policías en la Ciudad de México. Están acusados de robar 500 pesos a una policía con “dos cuchillos”.
Se trata de Jaqueline Santana López, estudiante de Música y Economía de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Bryan Reyes Rodríguez, maestro de flamenco. “Ambos fueron interceptados aproximadamente por 20 individuos de la Policía Federal cuando se dirigían al Mercado de Sonora en la Ciudad de México”, informó su abogado, quien afirma contar con el apoyo de una decena de letrados perteneciente a la Liga de Abogados Primero de Diciembre.
“El 1 de diciembre de 2012 comenzó todo”, contó Miranda en conversación telefónica con SinEmbargo. Ese día la toma de posesión del actual Presidente derivó en actos de protesta y detenciones. “Los estudiantes detenidos eran activistas y forman parte de la Acampada Revolución, colectivo que surgió del 132. En 2012 Bryan fue el primer detenido. Desde ese día lo siguen y lo hostigan. Aún tiene juicios. Y desde ese día yo le asesoro y le defiendo”.
El sábado pasado a las 15:00 Bryan llamó a su abogado para informarle de que había tipos armados fuera de su casa. Días antes, Bryan había denunciado en su cuenta de Facebook “hostigamiento y persecución por personas extrañas”.
“Los jóvenes fueron golpeados y trasladados a la agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)”, continúa narrando el abogado. “La Policía Federal les acusa de asaltar y robar un billete de 500 pesos a la policía Lidia Zárate Herrera con dos cuchillos, delito por el que no se acepta derecho a fianza”.
-¿Les acusan de robar a un policía con un cuchillo?
-Así es. Es absurdo ¿no? Pero les inventaron ese delito porque no tienen otra forma de justificar su detención y lo que pensaban hacer con ellos…
-¿Y qué pensaban hacer?
-Somos muy claros en decir que la Policía Federal pretendía secuestrarlos con fines de desaparición forzada. Pero les salió mal.Un Policía local los sorprendió en el momento de la detención y les apuntó con un arma, y se lo impidió.
-¿Por qué la Policía Federal querría desaparecerlos?
-Se dedican al espionaje político. Ellos no son la Policía Local ni la Procuraduría General de la República. En México hay muchos presos políticos y muchas cárceles clandestinas. Creemos que lo que querían hacer es llevarles a una de esas cárceles clandestinas.
-¿Han presentado pruebas de su inocencia?
-Las hemos presentado y el jueves a las diez de la mañana presentaremos más. Hay video grabaciones de cuatro cámaras de la calle en las que se podrá ver lo que en realidad sucedió.
-¿Y ya las ha visto?
-El responsable de que se muestren esos videos, el que tiene que dar su visto bueno, es el Secretario de Seguridad Pública del DF [Jesús Rodríguez Almeida] y su inmediato superior: [Miguel Ángel] Mancera.
-¿Qué otras medidas vas a tomar?
-Tenemos dos objetivos: demostrar que no cometieron delito y que el móvil del que se les acusa es absurdo.
Los familiares y amigos emitieron un comunicado anónimo en el que califican como “secuestro” e “indicios de desaparición forzada” la detención de los dos jóvenes. Los abogados y familiares también exigen la liberación de los jóvenes al grito de “¡Presos políticos, libertad!”.
De acuerdo con el comunicado anónimo que emitieron “el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el Procurador del DF, Rodolfo Ríos Garza, ordenaron consignar a Bryan al Reclusorio Varonil Norte y a Jaqueline al Reclusorio Femenil Santa Martha Acatitla antes de que terminara el periodo constitucional para presentar pruebas de su inocencia, denunció el informe firmado por abogados y familiares de los jóvenes”.
Durante sus declaraciones, Jaqueline y Bryan denunciaron el uso ilegal de las instituciones de espionaje que señalaron como herramientas contra la protesta social y la libertad de expresión, sin embargo, fueron ignorados.
La Facultad de estudios superiores Aragón, donde Jaqueline Selene estudia, también emitió un comunicado asegurando que es una alumna con alto promedio y exige que su caso se esclarezca conforme a derecho.
“El Gobierno está endureciendo el tono absolutamente”, declaró el abogado Jorge Miranda, “Hacen el juego sucio a la Policía Federal. Esto es muy grave. A esto solo se le puede llamar fascismo”.
74 ONGS DENUNCIAN LA REPRESIÓN POLICIAL
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, conformada por 74 organizaciones civiles de 20 estados, emitió un comunicado acusatorio en el que detalla las agresiones policiales.
“Una vez más los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ‘cumpliendo órdenes’ realizaron por los menos 13 de las 18 detenciones arbitrarias la noche del 8 de noviembre de 2014 en la plancha del Zócalo y alrededores”, fecha en que tras una marcha pacífica, personas incendiaron la puerta del Palacio Nacional.
“Decimos que se trata de detenciones arbitrarias ya que nadie fue detenido en flagrancia, ni existió orden de aprehensión alguna, las personas supieron de qué se les acusaba casi 12 horas después de ser detenidas y no se les permitió llamar a sus familias conforme a derecho”.
El modus operandi, según las organizaciones, se repite: detenciones arbitrarias, golpes con los cascos, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes, golpes, amenazas, robo de pertenencias. Las ONGs comparan estos agravios al derecho de pernada: “son violaciones a los derechos humanos”.
“Los testimonios, fotografías y videos de las detenciones arbitrarias dejan ver que la orden que cumplieron los policías locales fue detener de manera arbitraria a un número determinado de personas de manera indiscriminada: una trabajadora de un local comercial, dos comensales de un restaurante, tres personas que se dirigían o venían de cenar, por lo menos un vecino de la zona”.
Las organizaciones exigen que se investigue y se sancione a los policías que cometieron las detenciones arbitrarias humanos, aunado a las declaraciones de funcionarios de alto rango del Gobierno del Distrito Federal que permiten que se repitan dichas violaciones a los derechos humanos.
“Es gracias al apoyo de organizaciones de derechos humanos, la movilización social y la denuncia de estas detenciones arbitrarias que todos los detenidos de manera arbitraria lograron su libertad, libertad, en algunos casos, bajo reservas de ley para determinar su responsabilidad en el intento de quemar la puerta de Palacio Nacional, acto en el cual, según los testimonios de testigos y de los detenidos, nunca participaron”.
