La conducta que imperó en la administración pública federal fue la de aprovechar los espacios del servicio público para acaudalar fortunas –que se separan del marco legal- e impulsar intereses personales.

Pero la impunidad no comenzó con Peña Nieto. Él y su gobierno solamente desataron más la vorágine que acompaña a la corrupción. De eso son responsables, sin embargo, es muy factible que la justicia nunca llegue, porque la justicia siempre está ausente en México.

El Índice de Estado de Derecho en México 2018 es el primer estudio subnacional realizado por el World Justice Project (WJP). Es el estudio mundial más confiable en la materia. Revisando 133 países, el Índice mide el Estado de Derecho por medio de 8 factores:

1) Límites al Poder Gubernamental, 2) Ausencia de Corrupción, 3) Gobierno Abierto, 4) Derechos Fundamentales, 5) Orden y Seguridad, 6) Cumplimiento Regulatorio, 7) Justicia Civil y 8) Justicia Penal.

México está reprobado según el Índice 2017-18 del WJP con una calificación de 0.45. Para darnos contexto, entendamos que Venezuela fue el peor calificado con 0.29, seguida de Cambodia 0.32 y Afganistán 0.34. Arriba de México está Estados Unidos con 0.73, Costa Rica con 0.68, Chile y Sud África –ambos viniendo de pasados muy complicados, pero haciendo las cosas bien- tienen 0.67 y 0.59 respectivamente.

Y esto es relevante porque a pesar de tener los diagnósticos necesarios que nos señalan que nuestro estado de derecho está roto, parece ser que no movemos nada que cambie el rumbo de la justicia en México. El aumento de homicidios dolosos, violaciones graves a derechos humanos, impunidad institucional y prácticas de tortura e nuestras fuerzas policiacas son resultado de lo que no sirve, pero, y ahí el acento, de lo que parce ser que no estamos dispuestos a cambiar.

Los resultados muestran que corrupción, seguridad y justicia son los aspectos que requieren atención urgente.

En su primera edición de México, “el Índice muestra que ninguna entidad se acerca a una calificación perfecta y que no existen entidades en México con un desempeño sobresaliente con respecto al Estado de Derecho. Las entidades con puntuaciones más altas son Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas. Por otro lado, Guerrero, Baja California Sur y Estado de México se encuentran al final de la clasificación. Especial mención debería llevar Guerrero por tener una calificación de 0.29 y ocupar el último lugar: 32/32. Mientras Yucatán está en 0.45, primer lugar: 1/32.

A pesar de los bajos puntajes, hay entidades con resultados destacados en ciertos aspectos del Estado de Derecho. Por ejemplo, Yucatán destaca en Orden y Seguridad, por sus bajos niveles de homicidios e incidencia criminal, comparado con otros estados. También, Aguascalientes obtiene puntuaciones relativamente altas en derechos fundamentales y Querétaro muestra fortalezas en elementos de su sistema de justicia penal y de combate a la corrupción.

Con respecto al tema de Justicia Penal, se muestra que los primeros implementadores del sistema de justicia penal acusatorio muestran mejores resultados en garantías de los derechos de las víctimas y respeto al debido proceso legal de los acusados, aunque existen retos importantes en materia de investigación por parte de policías y ministerios públicos.

Según el índice la corrupción, se estimó que ésta ocurre en mayor medida en licitaciones y compras públicas, que en actos cotidianos como sobornos a policías u otros servidores públicos. Por otro lado, en la dimensión de Orden y Seguridad, el WJP encontró que la libertad de prensa se ve afectada principalmente en entidades donde se focalizan altos niveles de incidencia delictiva, y particularmente de homicidio.”

El Estado de Derecho está roto. Disfuncional. Inoperante. Nuestras fallas estructurales son tan graves que de seguir el mismo camino no quedará de otra más que ir en reversa. Mientras experiencias como la chilena y sudafricana están ahí para aprender, todo indica que para nosotros no tenemos todavía la palanca de cambio a pesar del desastre que es nuestro país.

El tono de pesimismo no es gratis. No hay estrategia nacional ni acuerdo para cambiar el rumbo. No lo hubo en la administración saliente ni en la entrante. No hay la gran fuerza política ni líder para generar la inercia del cambio. Esa es nuestra realidad y por eso el pesimismo.

Dar justicia a la sociedad sería el mejor legado de cualquier presidente. Esa justicia que brinde oportunidades, que erradique la corrupción y disminuya sustancialmente la impunidad. Una justicia que provea de derechos a una sociedad lastimada.

No se puede afirmar si López Obrador generará el cambio necesario para transformar el país y asentar el Estado de Derecho. Por lo menos su campaña no estuvo enfocado en ello ni sus posteriores declaraciones. Habrá que ver.

Pero el cambio real y profundo está en tener justicia. Eso lo debemos tener claro, y hoy, estamos reprobados.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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