Entre la ciudadanía crece la percepción sobre la necesidad de aplicar “mano dura” para solucionar los problemas de inseguridad en el país.
Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– De 2006 a la fecha el Gobierno de México ha recibido 548 recomendaciones de parte de organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los derechos humanos, la mayoría por tortura y tratos crueles, de acuerdo con un recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción”.
No obstante, el cumplimiento de un número considerable de estas recomendaciones continúa pendiente. Por ejemplo, de las 12 recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2000 y 2013, el 50 por ciento aún no han sido atendidas. “Más allá de los pendientes, lo preocupante es que a pesar de las acciones formales que ha tomado el Estado mexicano –ratificación de tratados, aceptación de la competencia de organismos como la Corte Interamericana y reformas legales– los efectos no han sido los esperados. Por ello, es momento de replantear los mecanismos de solución”, establece el documento.
Advierte también que el discurso sobre la necesidad de aplicar “mano dura” se está generalizando entre la población.
“La ruta crítica está trazada por las recomendaciones de los organismos internacionales: la respuesta hacia la crisis de seguridad debe ir necesariamente acompañada de un fortalecimiento al respeto a los derechos humanos. No obstante, la ausencia de un planteamiento integral que incluya un fuerte componente de derechos en la agenda de seguridad pública y el enfoque reactivo del gobierno mexicano, refuerzan la posibilidad de que el imaginario colectivo se apropie de soluciones de ‘mano dura’. Es decir, acciones que bajo la promesa de reducir la delincuencia comprometan el respeto a los derechos humanos de los delincuentes”, alerta.
Las violaciones a los derechos humanos ha sido un tema recurrente en los últimos días luego de que el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió su informe sobre la situación de derechos humanos en México así como una serie de recomendaciones.
“El mensaje central del reporte es claro: México se encuentra inmerso en una crisis en materia de derechos humanos. El informe del Comisionado es congruente con una serie de reportes previos provenientes de diversas fuentes: el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos crueles, el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). Todos coinciden en el diagnóstico del problema: el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la protección de derechos humanos en el contexto de violencia en el país. Además, en ocasiones, la violación ha provenido de las mismas autoridades federales, estatales y municipales”, señala el CIDAC.
De acuerdo con el informe emitido por el Alto Comisionado, México acumula desde que inició la guerra contra el narco, 151 mil muertos y 26 mil desaparecidos, agravado por una impunidad del 98 por ciento.
El representante de la ONU acentuó la resistencia del Gobierno mexicano ante las opiniones de organismos no gubernamentales y las caracterizó como “intolerantes ante la crítica pública”.
“La administración de Enrique Peña Nieto ha insistido en negar los diagnósticos de los distintos organismos en materia de derechos humanos, como si ello fuera suficiente para evadir la realidad”, destaca por su parte el análisis del think tank mexicano.
LAS RECOMENDACIONES
De acuerdo con el recuento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es el organismo que ha hecho el mayor número de recomendaciones al Gobierno de México con 335, seguida por la CIDH con 142, la mayoría se refieren a casos de tortura, desaparición forzada y “tratos crueles”.
“Las violaciones a derechos humanos han sido una de las principales consecuencias de la actual crisis de inseguridad. Además, es cada vez más notorio como la violación de estos derechos es una práctica que no ha sido atendida por las distintas instituciones gubernamentales. Desgraciadamente, el andamiaje legal e institucional de protección a los derechos humanos no ha impedido su vulnerabilidad. Además, ante el fracaso de la estrategia de seguridad, la sociedad se encuentra cada vez más desesperada por encontrar respuestas donde las alternativas de mano dura han ganado una considerable popularidad”, advierte el documento elaborado por los investigadores Mireya Moreno, Carlos de la Rosa, Ximena López, Rafael Vega y Santiago Martínez y coordinado por Mariana Meza.
La tentación de la mano dura, advierte el documento, se ha impuesto ante la falta de alternativas a los crecientes niveles de inseguridad y la poca solución por parte del sistema de justicia a la mayoría de las denuncias.
“Este tipo de soluciones tienen altas posibilidades de resultar atractivas para la ciudadanía. No es casualidad que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haya impulsado propuestas que prometían la ‘pena de muerte o cadena perpetua a secuestradores’”, considera.
Una encuesta de Latin American Public Opinion Project (LAPOP), citada en el documento, muestra cómo el discurso de la mano dura se ha hecho más popular entre los mexicanos: comparando los datos de 2008 y 2014 se observa que el 26 y 29 por ciento de la sociedad, respectivamente, considera que en el país hace falta un gobierno de mano dura para resolver los principales problemas. En 2006, el 13.5 por ciento de la población consideró que en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es una buena alternativa, para 2014 la cifra había crecido a 18.4 por ciento.
“Es decir, debido a la incapacidad del Estado para contener la inseguridad se ha propiciado que la sociedad se orille a respuestas menos democráticas que vulneran el respeto a los derechos humanos, las cuales lejos de resolver el problema sólo encaminarían al país a un escenario autoritario”, alerta y cita como un ejemplo el caso del Ejército en las calles.
“Mientras el Alto Comisionado recomienda al Gobierno mexicano plantearse una ruta de transición que posibilite el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, el General Cienfuegos –titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, entre otros, ha señalado el vacío legal en el cual operan las fuerzas armadas, y ha señalado la necesidad de elaborar leyes que regulen la actuación del Ejército en las calles. Es decir, normalizar una situación de excepción. La tentación está en que el Ejecutivo elija la opción de aprobar legislación que detalle de forma explícita el comportamiento del Ejército que favorecerá a perpetuar la excepción”.
Acusa que de los 4 mil arraigos ejecutados durante el gobierno del panista, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), únicamente en el 3 por ciento de los casos (120) se ejerció acción penal, lo cual muestra la poca efectividad de una medida que viola los derechos humanos y no contribuye a disminuir el nivel de inseguridad.
“La CNDH cuenta con 807 expedientes de queja de personas sometidas a arraigo de 2007 a 2014 y de éstas el 54 por ciento se deben a tratos crueles”, resalta.
