El asesinato de Mara Fernanda Castilla en Puebla, luego de tomar una unidad de Cabify, fue el parteaguas para que mujeres y grupos civiles se unieran en protesta por el servicio que se ofrece en las plataformas tecnológicas, las cuales prometen a sus usuarios “un viaje seguro”.
Cabify debió haber aplicado protocolos de selección de conductores y haber realizado los exámenes psicométricos, psicológicos y toxicológicos que le obliga la ley del transporte de Puebla, pero las reformas a la ley del transporte de agosto de 2015 dejaron todos los controles sobre el reclutamiento de los choferes a los operadores privados.
La tragedia de Mara en Puebla se replica en varias entidades del país sin que la autoridad regule los servicios de taxis privados. Por ejemplo, el pasado viernes, el Gobierno de la Ciudad de México publicó el Reglamento de la Ley de Movilidad. En el texto enlista una serie de medidas para los choferes del transporte público y para las empresas de transporte privado, como la aplicación Uber y Cabify, sólo menciona medias para las unidades.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).–En los últimos días una serie de denuncias sobre asaltos, violaciones y asesinatos de mujeres colocó a las autoridades y las empresas del transporte privado como Uber y Cabfy en el ojo público de la sociedad.
El asesinato de Mara Fernanda Castilla en Puebla, luego de tomar una unidad de Cabify, fue el parteaguas para que mujeres y grupos civiles se unieran en protesta por el servicio que se ofrece en estas plataformas tecnológicas, las cuales prometen a sus usuarios “un viaje seguro”.
Cabify debió haber aplicado protocolos de selección de conductores y haber realizado los exámenes psicométricos, psicológicos y toxicológicos que le obliga la ley del transporte de Puebla, pero las reformas a la ley del transporte de agosto de 2015 dejaron todos los controles sobre el reclutamiento de los choferes a los operadores privados.
“La vigilancia y comprobación del cumplimiento de los requisitos antes señalados corresponde a la Empresa de Redes de Transporte”, dice el artículo 45 de la ley del Transporte para el Estado de Puebla.
A la Secretaría de Infraestructura y Transportes apenas le toca “vigilar, supervisar y dar seguimiento a los registros proporcionados por las Empresas de Redes de Transporte, termino utilizado para las empresas como Cabify y Uber.
En agosto de 2015 fueron aprobadas en Puebla las reformas para la operación de Uber y Cabify por parte de 34 diputados locales que no incluyeron medidas de seguridad para los usuarios y que tras dos años no han transparentado el reglamento con el que operan las empresas que ofrecen el Servicio de Transporte Ejecutivo.
El ex Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas fue quien presentó un par de iniciativas de reforma a la Ley de Transporte y a la Ley Orgánica de la Administración Pública para regular estas empresas, en la que solamente se incluyeron aspectos sobre el tipo de servicio, las unidades que pueden emplear y algunas restricciones para no afectar a los taxis tradicionales.
Hoy este servicio de taxis ejecutivo está en riesgo, luego de que un chofer de Cabify enfrenta cargos como responsable del feminicidio de Mara Castilla, a quien recogió el pasado 8 de septiembre en San Andrés Cholula y jamás llegó a su casa en Puebla; la llevó al Motel del Sur en donde abusó de ella y la mató.
Tras el escándalo mediático que ha tomado el hecho, el Gobernador Tony Gali declaró el pasado 15 de septiembre que ya analizan revocar el permiso de Cabify para operar en Puebla, aunque no dijo nada sobre Uber, puesto que ambos operan bajo el mismo precepto de ley.
Este lunes, Cabify emitió un comunicado en relación con el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda.
En el documento, la empresa indicó que seguirá colaborando con la Fiscalía General de Justicia del estado de Puebla y exigió que se aplique “todo el peso de la ley en contra de los responsables”.
También informaron que incrementarán sus medidas de seguridad como seleccionar mejores conductores, incluir dentro del perfil del usuario la opción de aportar datos de contacto de emergencia.
Desarrollar un botón de pánico que esté vinculado a los sistemas de emergencia de las autoridades policíacas de la demarcación donde se preste el servicio y compartir con las autoridades las listas de conductores que han sido dados de baja por algún comportamiento contrario a la ley para que se tomen las medidas necesarias y se pueda prevenir a las empresas que prestan servicios de transporte.
Finalmente, la empresa expresó su consternación por el hecho y expresó a la famila de la joven su “solidaridad y compañía”.
LA NUEVA LEY DE MOVILIDAD EN LA CDMX
La tragedia de Mara en Puebla se replica en varias partes del país sin que la autoridad regule los servicios de taxis privados en las plataformas digitales.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) condenó el asesinato de la estudiante de Puebla y exigió a las autoridades y empresas garantizar los derechos de las mujeres en el transporte. “Exigimos tanto a las autoridades locales como a las empresas que garanticen inmediatamente nuestro derecho a un transporte y a una movilidad sin violencia y sin riesgos”.
Pidió a las empresas hacerse responsables de lo que ocurra con los servicios que proporcionan y del comportamiento de sus choferes y empleados.
“Por las tarifas que cobran y los servicios que ofrecen, están obligados a garantizar, por todos los medios a su alcance, la seguridad de sus pasajeras y acreditar fehacientemente a las usuarias que pueden hacer uso de sus servicios sin exponerse a ningún tipo de agresión”, exigió a través de un comunicado.
Sin embargo, las legislaciones estatales han hecho poco para atender este problema.
Apenas el pasado viernes, el Gobierno de la Ciudad de México publicó el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en donde enlista una serie de medidas para los choferes del transporte público y para las empresas de transporte privado, como la aplicación Uber y Cabify, sólo menciona medidas para las unidades.
Sobre las restricciones que ahora tendrán los automóviles que ofrezcan el servicio de chófer privado se añade que los autos deberán tener menos de 10 años de antigüedad, estar registrados para este propósito ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) y tener calcomanía cero o doble cero.
“El Titular de la Constancia de Registro o Plataforma Móvil es el obligado a realizar el pago de derechos por cada vehículo aprobado y registrado que estipula el artículo 220 fracción I, inciso d, numeral 1, 1.2 del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como a verificar el cumplimiento de la Validación Vehicular Anual en los términos y mecanismos que determine la Secretaría para los efectos”, destaca el reglamento.
Con respecto al Artículo 59, quedaría “prohibido el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer, que se genere a través de dos o más solicitudes con una misma unidad vehicular que realice el mismo viaje a diversas personas, en un mismo recorrido, trayecto o ruta”.
Con esto ya no estarán disponibles servicios como uberpool.
ADEMÁS
En un caso ocurrido en julio, una usuaria del servicio Uber denunció que un chofer que la trasladó veía fotografías pornográficas en su celular mientras conducía.
En una publicación en Facebook, la joven detalló que tomó su viaje para llegar a su casa. El conductor, identificado como José Manuel, llegó en un Renault Scala obscuro.
En junio pasado, una joven de 26 años de edad, que se encontraba en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), solicitó un Uber para llegar a su domicilio en Ecatepec, Estado de México. El chofer, identificado como César Sanaí, atacó y abusó sexualmente de ella.
Uber tiene registrados a 39 mil conductores, mientras que su modalidad Uber Eats, que en octubre próximo cumplirá su primer año, aún no tiene números fijos.
La ausencia de una relación laboral no sólo se debe a que las leyes mexicanas lo permiten, sino a que estas empresas nacieron con un esquema en el que la palabra “trabajador” no está contemplada y fue reemplazada por “socio” o “contratista independiente”.
