En la próxima batalla por la Presidencia de la República, será decisivo el combate a la corrupción en la contienda electoral. Los candidatos rumbo al 2018 tendrán que demostrar que les importa luchar contra el mayor mal endémico del sistema político mexicano, ya sea con acciones o nuevas leyes que rompan el blindaje que protege a los corruptos.

En Jalisco, el pleno del Congreso acaba de aprobar la eliminación del fuero para los servidores públicos, pero para que la nueva Ley entre en vigor se necesita que al menos 63 de los 125 municipios aprueben la Reforma Constitucional. ¿Lo lograrán?

El fuero se ha convertido en México en una patente de corso, un blindaje para robar a manos llenas sin consecuencias judiciales ni políticas. El fuero en definitiva es un lastre del sistema que debe ser derogado.

Hasta ahora, esta figura jurídica se entiende como sinónimo de impunidad para los servidores públicos, un privilegio por encima de la Ley, un escudo para delinquir.

Presidentes, gobernadores, senadores, diputados, regidores, funcionarios y otros, han abusado del fuero. Originalmente su objetivo era dividir el fuero militar del civil y se supone que era para salvaguardar de acusaciones sin sustento y una prerrogativa a favor de los diputados en torno a la inviolabilidad de las opiniones vertidas desde su cargo, por las que no podrán ser procesados, ni detenidos ni enjuiciados.

El problema es que los funcionarios mexicanos abusaron del fuero para cometer actos ilícitos libremente. Y urge terminar con este vicio. Los ciudadanos necesitamos saber que el fuero puede acotarse cuando se trate de un delito grave, flagrante como en el caso de los gobernadores corruptos Javier Duarte, Humberto Moreira, Rodrigo Medina, Roberto Borge, Guillermo Padrés Elías, Graco Ramírez y tanto otros.

El fuero debe terminar, primero porque el Presidente de la República debe ser considerado un ciudadano más y ser sujeto a juicio cuando cometa algún delito. Todos deberían ser sometidos a juicio, un total de mil 854 servidores públicos, desde los procuradores de justicia, diputados, senadores, presidentes municipales, síndicos, regidores, funcionarios de cualquier institución e incluso directivos de organismos descentralizados.

Otra cosa es el concepto de inmunidad parlamentaria, pero aquí se ha confundido con inmunidad procesal muy hábilmente para pasarlo indebidamente al ámbito judicial y en particular para que los gobernadores cometan actos de corrupción.

Desde hace tres años, aprobaron en la Cámara de Diputados una iniciativa para acotar el fuero. Pero ¿qué creen?.. La minuta lleva todos estos años congelada en el Senado de la República porque obviamente no les conviene aprobarla a los señores legisladores.

En definitiva, el fuero se ha convertido en un lastre, en una herramienta que permite la impunidad siempre amparados por el poder Legislativo de sus respectivos estados e incluso por el federal.

Si los políticos quieren combatir el desánimo electoral y luchar por los votos, deberán demostrar que están dispuestos a cambiar las cosas. El fuero no puede seguir siendo utilizado para proteger gobernadores que cometen ilícitos desde el tráfico de influencias, el desvío de caudales públicos, los nexos con el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y otros.

Decenas de ex gobernadores gozan de impunidad porque el fuero Constitucional los ha protegido. De nada ha servido la alternancia política. El Gobernador entrante protegerá al saliente sin importar los colores de su partido o si es independiente.

A pesar de que en más de una veintena de estados de la República ha habido alternancia política, eso no ha significado acceso a la justicia a los ciudadanos que exigen sean procesados los ex gobernadores corruptos. Todo se queda en promesas de campaña, como en el caso del independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”. Este pacto de impunidad no escrito, ha dejado administraciones estatales en quiebra, ex gobernadores blindados y mucha más corrupción.

La reforma propuesta pretende cambiar el artículo 61 constitucional para cambiar el término “fuero constitucional” por “inmunidad constitucional” encaminada a ser un instrumento jurídico a favor de los legisladores en el ejercicio de su función. De lo que se trata finalmente, es que el fuero se aplique solo al ejercicio de la libertad de expresión y las ideas propias.

Hasta ahora, ningún Congreso se ha animado a quitarle el fuero a sus mandatarios corruptos, ni mucho menos, llevarlos a juicio porque la mayoría están conformados por mayoría del partido en el poder. Y los legisladores de otros partidos son sencillamente convencidos para incluirse en esta especie de espiral inacabable de impunidad.

Urge aplicar límites a los gobernadores. No podemos permitir que nuestro país se convierta en una república bananera con un sistema simulador que deja en libertad a todo servidor público que delinque abiertamente.

Finalmente quien logré convertirse en un contrapeso, será el candidato a la Presidencia con más posibilidades de sentarse en la Silla del Águila. El hartazgo de los mexicanos es tal que muchos han preferido no acudir a emitir su voto durante las últimas elecciones.

El Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por Enrique Peña Nieto es un chiste, una mala broma, pura simulación como la llamada Ley 3 de 3, mientras el Ejecutivo no sea sometido como todo ciudadano al imperio de la Ley.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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