Las fuerzas federales de seguridad informaron que el pasado 1 de junio fueron concentrados en la Ciudad de México los elementos que se encontraban en las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León, a fin de que estén disponibles para las autoridades que los requieran en las diligencias correspondientes. Mientras que el resto de los marinos desplegados en dicha región fueron capacitados en materia de Derechos Humanos.
Además, confirmaron que ya se comenzó con una indagatoria exhaustiva e imparcial de los hechos, salvaguardando el material probatorio existente.
Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) suspendió y apartó de forma temporal al personal de las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León, quienes podrían haber participado en la desaparición forzada de 23 personas, según documentó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nuevo Laredo.
En un comunicado, la Armada de México precisó que el objetivo de su inhabilitación es evitar que cualquier tarea o función pueda interferir con la investigación de los hechos que emprendió, con la búsqueda de las víctimas y con el posible riesgo que podrían correr sus familias, testigos o defensores.
Asimismo, informó que el pasado 1 de junio fueron concentrados en la Ciudad de México los elementos que se encontraban en las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León, a fin de que estén disponibles para las autoridades que los requieran en las diligencias correspondientes. Mientras que el resto de los marinos desplegados en dicha región fueron capacitados en materia de Derechos Humanos.
Las fuerzas armadas confirmaron que ya se comenzó con una indagatoria exhaustiva e imparcial de los hechos, salvaguardando el material probatorio existente.
“En aquellos casos en los que las personas desaparecidas hayan sido localizadas sin vida, se llevará a cabo una investigación acorde a los estándares internacionales”, detalló.
Además, añadió que ordenó dar vista por las desapariciones tanto al Órgano Interno de Control de la Semar, quien será la autoridad al interior que dará inicio a los procedimientos administrativos de investigación correspondientes, a la Fiscalía General de Justicia Militar y a la Procuraduría General de la República (PGR), a la que expresó su disposición para colaborar de manera amplia en las diligencias y requerimientos de información que se desprendan.
Por otra parte, la Semar dio a conocer que ya da cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionadas con casos de violaciones a los derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Entre los puntos que aplica, está la orden de que el personal naval se abstenga de violar los derechos humanos, por lo que instruyó reforzar las medidas de supervisión a través de los mandos de la corporación.
“Se realiza una búsqueda diligente y efectiva de las personas desaparecidas, con la participación de las y los familiares de dichas personas. Se autorizó que personal de la CNDH en compañía de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, inspeccionara las Bases de Operaciones del Estado de Tamaulipas y Nuevo León”, subrayó.
Además, aclaró que aunque no es su competencia ni atribución la localización de los desaparecidos, pidió a los mandos de la Primera Región Naval establecidos en el Estado de Tamaulipas y de la Unidad de Operaciones Especiales que en el caso de hallar a las personas desaparecidas o algún cuerpo sin vida, informen de forma inmediata y pongan a disposición de la autoridad correspondiente.
A su vez, exigió que se abstengan de realizar actos de molestia que carezcan de motivo y fundamento u orden de autoridad competente; además permitir al personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que realice sus funciones con plena seguridad y sin ser objetos de actos de violencia, intimidación u hostigamiento.
“Se garantizan condiciones adecuadas de protección a los testigos y a sus familias que han estado denunciando los hechos referidos, así como a las personas defensoras de derechos humanos que actualmente asisten”, destacó la Semar.
Por último, señaló que ya brinda ayuda inmediata y asistencia a los familiares de las personas desaparecidas a través de los instrumentos con que cuenta la Secretaría de Gobernación (Segob), Procuraduría General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Gobiernos Estatal y Municipal.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó el pasado 30 de mayo a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores, y aseguró que existen “fuertes indicios” de que estos crímenes fueron cometidos por una fuerza federal de seguridad.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo este llamamiento en un comunicado después de que su representación en México documentara la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, entre febrero y el pasado 16 de mayo.
Sin embargo, una organización local de derechos humanos afirma que han sucedido al menos 40 desapariciones en ese periodo.
De acuerdo con testimonios recibidos por la ONU, la desapariciones habrían sido perpetradas por miembros de una fuerza de seguridad federal.
Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o circulaban por carreteras y, según la información recibida, se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados y tiroteados.
“Muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horroroso que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años”, señaló Zeid.
“Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes”, recalcó.
El Alto Comisionado señaló que, a pesar de la amplia información y evidencia existentes, las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de las personas desaparecidas y en la investigación de lo que les ha sucedido.
