Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- La ineficiente respuesta de las autoridades federales y estatales ante manifestaciones violentas, lesivas al patrimonio de terceras personas y agresivas contra los propios representantes de la ley, volvió a la mesa de análisis de diputados de diversos partidos políticos. La discusión de centra en una posible regulación de la fuerza pública para evitar detenciones arbitrarias.
Los legisladores federales consideraron ayer que la falta de una norma que delimite hasta dónde pueden llegar la autoridad y en qué casos podrá usar la fuerza, ha provocado, en muchas ocasiones, policías poco eficaces porque frenan su acción por el temor a ser sancionados, ya sea administrativamente, de forma penal, o por las diversas comisiones de Derechos Humanos.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una iniciativa para crear la Ley Federal sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública, la cual establece un mecanismo genérico de actuación para todos los funcionarios al momento de realizar detenciones, operativos o cualquier acción que contemple el uso de la fuerza, siempre con apego irrestricto a los derechos humanos.
A fin de regular el uso de la fuerza por parte de policías federales y militares con eficiencia, la propuesta perredista fija los términos en que debe impartirse la capacitación para el uso legítimo de la fuerza y las reglas básicas para la planeación de los operativos, para evitar abusos por parte de las autoridades.
“Hay tres criterios que deben permanecer en esta ley y son: número uno, oportunidad; número dos, proporcionalidad; y número tres, el uso de la violencia, única y exclusivamente debe ser utilizado en caso de riesgo grave a la propiedad a los bienes, a la vida, y en ninguna otra circunstancia debiera ser posible el uso de la fuerza pública”, aseveró el Diputado proponente de la iniciativa, Fernando Zárate Salgado.
Por ejemplo, la iniciativa prohíbe el uso de armas de fuego, “excepto en casos de defensa propia o de otras personas, peligro inminente de muerte o lesiones graves, resistencia de algún infractor o el intento de fuga del mismo, y sólo cuando ya se agotaron otros recursos disponibles para evitar un riesgo letal”.
El Diputado perredista señaló que los recientes abusos cometidos por la fuerza pública, no sólo en el Distrito Federal, sino en protestas sociales en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Estado de México, entre otros, derivan precisamente de la ausencia de una norma que defina el uso legítimo de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Además, la iniciativa turnada a las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, plantea los parámetros por los cuales se guiará la autoridad para garantizar la vida de la persona involucrada, terceros y la suya propia.
“Cuando se detiene una carretera –y pongamos el caso de Guerrero–, es evidente que el mando y los responsables políticos deben de velar no solamente por la seguridad y la vida de los manifestantes, sino por la integridad de los policías y, sobre todo, por permitir la vía pública. Esta ley, su característica esencial es que juzga caso por caso. No se puede aplicar a tabla rasa”, afirmó.
Esta iniciativa, indicó responde a las reformas constitucionales en materia de seguridad y procuración de justicia de junio de 2008, y la relativa a Derechos Humanos de junio de 2011. Sin embargo, el legislador consideró que no sólo se debe proteger los derechos humanos de los afectados, sino también de los policías que a veces están en el limbo jurídico.
“No puede ser un único protocolo; tiene que ser una ley abstracta y general que garantice a todos, incluyendo a las propias fuerzas de seguridad, dotándolos de instrumentos necesarios, dotándolos también de herramientas necesarias, pero sobre todo garantizando a los ciudadanos los derechos humanos”, puntualizó.
La propuesta del Diputado Zárate Salgado comprende 51 artículos distribuidos en 20 capítulos sobre clasificaciones de armamento; mecanismos genéricos para los funcionarios sobre detención y operativos; parámetros de actuación; acciones a emprender por el Estado para el funcionario, la víctima y terceros afectados una vez usada la fuerza; y directrices de capacitación y reglas básicas de planeación.
PAN INSISTE EN ENDURECER PENAS A ENCAPUCHADOS
El Diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, coincidió con la importancia de contar con esta nueva Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública, pues consideró que la falta de una Ley de este tipo merma la actuación eficaz de la autoridad.
El Diputado panista, a quien se criticó duramente por presentar una iniciativa para castigar hasta con 20 años de prisión a manifestantes “encapuchados” que utilicen sustancias tóxicas, inflamables o explosivas, durante protestas públicas, subrayó la necesidad de delimitar el uso de la fuerza policiaca.
“Tenemos que llegar al punto medio en el que el policía pueda hacer su trabajo sin temor a represalias, pero que también las personas que sean apresadas se le vean cubiertas todas sus garantías individuales”, recalcó.
La iniciativa de Sotomayor propone reformar el Código Penal Federal, para incluir el tipo penal contra la paz pública, entendiendo esta como “la protección de los bienes público o privados por aquellos actos que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias toxicas, inflamables o explosivas”.
Así como sumar dos terceras partes más de la pena, cuando se usen elementos que no permitan la plena identificación fisionómica del sujeto o sujetos activos, como máscaras, paliacates y pasamontañas.
El panista recalcó que su propia iniciativa –que actualmente está en análisis en la Comisión de Justicia–, podría resolver, a nivel federal, las fallas jurídicas promovidas por el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes flexibilizaron el delito de atentar contra la paz pública, tras presiones políticas.
Sotomayor consideró que fue evidente el error del PRD capitalino, tras la detención de jóvenes en la manifestación del 10 de junio, para conmemorar la masacre del “jueves de corpus”, el 10 de junio de 1971.
“Tan es así, que si tú te fijas, esto dicho por el propio Ministerio Público del DF, ningún muchacho fue detenido por violar el delito de paz pública, sino que se fueron por otro tipo de delitos, porque el propio delito de paz pública ya alcanza fianza”, apuntó.
No obstante, su propuesta ha tenido que sortear la oposición del PRD y otros partidos de izquierda en la Cámara de Diputados, quienes consideran que Sotomayor pretende “criminalizar la protesta social” y elevar las penas a rango de terrorismo.
El plazo legal para dictaminar la iniciativa panista vence el próximo 21 de julio, pero el Diputado José francisco Sotomayor promoverá una prórroga de 45 días, pues la Comisión de Justicia no se ha reunido porque se atravesó el periodo de receso.
