De acuerdo con el informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016, realizado por el Coneval, los grupos vulnerables son los que continúan necesitando políticas públicas más amplias que consideren sus particularidades económicas, políticas y sociales y que además, sean similares a las de los grupos que históricamente han tenido mayores privilegios. El problema es más grave en población indígena que habita en zonas rurales, ya que el 92 por ciento no ha cotizado nunca.
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Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- La pobreza en el país es una acumulación de desventajas. De acuerdo con el informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los grupos vulnerables son los que continúan necesitando políticas públicas más amplias que consideren sus particularidades económicas, políticas y sociales y que además, sean similares a las de los grupos que históricamente han tenido mayores privilegios.
Los grupos desfavorecidos van aumentando en gravedad al añadirle otras características. El Coneval sostiene que en 2014, siete de cada diez personas indígenas se encontraban en pobreza y tres de cada diez , en pobreza extrema.
La pobreza es mayor cuando se examina al grupo de adultos mayores: el 45.9 por ciento de la población mayor de 65 años es pobre.
Si de ese grupo se extraen a las mujeres, el 46.3 por ciento, es pobre.
Finalmente, si se es mayor de 65 años, mujer y además, indígena, el 75.5 por ciento, es pobre.
Cifra similar para los jóvenes indígenas: 72.8 por ciento son pobres.
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Del total de mexicanos indígenas, ocho de cada diez tenían empleos informales, frente a la población no indígena, en la que seis de cada diez están en esa condición.
La mitad de ese grupo jamás ha cotizado seguridad social, por lo cual, sostiene el Consejo, no contarán con una pensión o jubilación al final de su vida laboral y dependerán sólo de programas sociales.
El problema es más grave en población indígena que habita en zonas rurales, ya que el 92 por ciento no ha cotizado nunca.
Otro grupo desfavorecido son los jóvenes. Se encontró que entre 2010 y 2014 incrementó la cantidad de los que viven en pobreza; pasó de 46 a 47.1 por ciento, es decir, de 16.8 a 17.5 millones de personas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE), en el segundo semestre de 2016 seis de cada diez jóvenes trabajaban en empleos informales con salarios bajos, inestabilidad laboral y sin prestaciones como servicios de salud y seguridad social.
Así, sólo la mitad de los jóvenes que estudiaron hasta licenciatura se encuentran ocupados (53.9 por ciento) y a pesar de estar empleados, 57.7 por ciento no tiene acceso a servicios de salud y cuatro de cada diez trabajan en empleos informales.
En el caso de las mujeres, el informe expone que a pesar de que estudian en la misma proporción que los hombres y se titulan en mayores proporciones, siguen siendo contratadas para ocupar los niveles más bajos de investigador.
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O aun cuando la Constitución Política establece la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad entre géneros en sus candidaturas al Poder Legislativo federal y local, el porcentaje alcanzado en 2015 continuaba estando por debajo de lo establecido: en la Cámara de Diputados fue de 41.4 por ciento y en la Cámara de Senadores fue de 34.1 por ciento.
Tres de cada diez mujeres jóvenes que tuvieron al menos un hijo nacido vivo tenían rezago educativo en 2014 mientras solamente alrededor de una de cada diez jóvenes que no tuvieron hijos tenía rezago.
PERO HAY 5 MIL PROGRAMAS SOCIALES
El Coneval hizo un llamado para que a “pesar de los avances”, los tres niveles de gobierno refuercen la coordinación interinstitucional para que la estrategia de combate a la pobreza no decaiga hacia el final del sexenio y para que se haga un uso más racional de los programas presupuestarios.
También instó a que los instrumentos de generación de información y de construcción de padrones sean más transparentes.
“La persistencia de un gran número de programas (5 mil 491) federales, estatales y municipales, implica mayores gastos de operación en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se observan diversos programas presupuestarios similares al no existir mecanismos suficientes a través de los cuales se comparta información precisa sobre los beneficiarios y los objetivos para tomar mejores decisiones sobre los recursos públicos.
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A pesar de los avances en la coordinación de la estrategia, se requiere que ésta se mantenga hacia el final del gobierno”, señaló el Coneval en un comunicado de prensa.
Sobre los padrones, agregó que “se requiere la construcción efectiva y transparente de padrones y sistemas de información que promuevan la acción pública”.
De acuerdo con el informe, el alto número de programas sociales se contraponen con otros programas, no se complementan y dejan vacíos.
Se encontró que el Sistema de Focalización de Desarrollo (Sifode) presentó fallas en el registro de domicilios y en ubicación geográfica de los hogares con información registrada en 2015.
Además, registró información heterogénea y en 2015 no fue posible conocer los desagregados de todas las carencias en los hogares analizados por el Coneval, lo que impidió identificar cambios en las carencias y programas recibidos.
También hubo casos en los que a pesar de la ubicación del hogar, algunos datos de los integrantes del mismo no coincidían.
