Este día, Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, ofreció una disculpa por los hechos ocurridos en febrero del año pasado en Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, donde una joven de 22 años de edad, detenida por portación de armas y presuntamente perteneciente a una organización criminal, fue torturada por una agente de la Policía Federal y elementos castrenses. Hace dos días el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, hizo lo propio en un mensaje dirigido a las tropas mexicanas en el Campo Militar Número 1.
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– Amnistía Internacional reconoció que la disculpa pública del Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, por la conducta de militares torturaron a una mujer hace 14 meses en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, “constituye un primer paso que debe impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en México”.
La organización internacional dijo que la declaración del General Cienfuegos se inserta en un contexto en el que Amnistía junto a organizaciones nacionales ha documentando casos desde hace 20 años en los que las fuerzas armadas han participado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, entre otras.
No obstante, Amnistía condenó que la construcción del discurso del Gobierno mexicano, se articulara nuevamente en torno a la calificación de los hechos como “hechos aislados” cometidos por personas que actuaban por su cuenta.
Hoy, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, pidió perdón porque policías y militares torturaron a una mujer que se encontraba detenida, un acto que consideró ofende a la ciudadanía y deshonra a las instituciones. La tortura fue filmada en video y difundida por las redes sociales y la televisión.
Sales se comprometió a tener “tolerancia cero” y “sin ninguna excepción”. Dijo que el gobierno será “implacable” en la investigación y la sanción. Anunció la puesta en marcha de un grupo para reforzar la perspectiva de derechos humanos en las fuerzas de seguridad.
En el video, grabado el 5 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, se observa a una joven con la cara cubierta a la que una militar apunta con un fusil a la cabeza y luego una policía federal le cubre la cabeza con una bolsa de plástico simulando asfixiarla. La tortura por parte de policías y soldados ha sido denunciada por organizaciones nacionales e internacionales desde hace tiempo como una medida frecuente para obtener información o confesiones de sospechosos.
El comisionado dijo que estas prácticas no deben empañar la labor de la mayoría, que son agentes “honestos”, pero Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que la tortura persiste en “distintos ámbitos” de la cadena de seguridad pública.
El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, anunció la suspensión de tres efectivos de su cuerpo que participaron en los hechos registrados en el video aunque en la grabación sólo se ve a una agente. “No es cometiendo ilegalidades como se protege a la comunidad”, dijo.
Las disculpas del comisionado de Seguridad se unen a las dadas el fin de semana por el jefe de las fuerzas armadas, el general Salvador Cienfuegos, en un acto que muchos analistas consideraron sin precedentes.
LA CUESTIONADA ESTRATEGIA
A la par, organizaciones no gubernamentales denunciaron mediante una declaración conjunta los “efectos nocivos” para los derechos humanos que ha conllevado la estrategia de seguridad implementada en México para combatir el cultivo, el tráfico y la posesión de drogas.
“La evidencia nacional e internacional, muestra que las políticas encaminadas a prohibir y castigar el cultivo, venta y uso de ciertas drogas han resultado desproporcionadas y no han tenido efecto en la erradicación de la producción o el uso problemático de drogas. Por el contrario, las consecuencias colaterales de las políticas prohibicionistas han sido profundamente dañinas”, dijeron 20 organismos nacionales como el Centro Prodh, Asilegal, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto a la Red Todos los Derechos para Todas y Todos conformada por 79 organizaciones en 21 estados del país.
Este día, Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, también ofreció una disculpa por los hechos ocurridos en febrero del año pasado en Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, donde una joven de 22 años de edad, detenida por portación de armas y presuntamente perteneciente a una organización criminal, fue torturada por una agente de la Policía Federal y elementos castrenses.
“No debemos enfrentar a quienes violan la Ley, violando la Ley”, dijo Sales Heredia durante la presentación del Programa Nacional de Capacitación en Derechos Humanos que busca contribuir a la profesionalización de elementos de la Policía Federal.
El mensaje del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, se dio a dos días de la disculpa ofrecida por el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, luego de que la semana pasada se filtrara el video donde dos elementos de las fuerzas federales son captados mientras torturan a un mujer, identificada como Elvira Santibáñez, de 22 años de edad.
La grabación, filtrada a algunos medios mexicanos, así como al sitio estadounidense Breitbart Texas, muestra a una integrante de la Policía Militar y a un agente de la Policía Federal, interrogar a la mujer con una bolsa en la cabeza. En las imágenes se distingue, además de los dos elementos que llevan a cabo los actos de tortura, a otro integrante de la Policía Militar que presencia todo lo ocurrido sin intervenir. La persona que grabó el video pertenece a una de estas corporaciones de seguridad. La agresión ocurrió en Ajuchitán, Guerrero, en febrero de 2015.
Para Amnistía es necesario que el gobierno y particularmente las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para cambiar esta tendencia.
Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo que es notable que esta sea la primera vez que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) pide disculpas públicas por un caso de tortura y dijo que “esto tendría que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado mexicano en su conjunto por todas las violaciones graves a los derechos humanos por las cuales el personal militar tenga que responder”.
Amnistía dijo que la condena pública es un paso importante, “pero no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a los abusos, sino se acompaña de un ejercicio de rendición de cuentas que garantice por parte de autoridades civiles investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas”.
“Es muy cuestionable que existan casos en donde se ha corroborado la participación de personal militar, y a más de 6 años de los hechos las familias sigan esperando ese reconocimiento de responsabilidad y justicia, como el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos alumnos de excelencia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que murieron a manos de integrantes del Ejército. Se necesita que el Estado mexicano tomen acciones reales frente a la impunidad existente.” señaló Perseo Quiroz.
Por ello, Amnistía hizo un llamado al gobierno de México para poner fin de inmediato al desempeño de funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar por parte de las fuerzas armadas. Aunque la organización reconoció las dificultades de seguridad pública a las que se enfrenta el Gobierno mexicano, recordó al Estado que la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante estos abusos.
“El delito no se combate con más delito”, refirió.
En tanto, las agrupaciones civiles que suscribieron la declaración contra la política prohibicionista cuestionaron si en verdad se está ante un “problema mundial de drogas” o si el problema es resultado de las políticas implementadas por los Estados para combatir a las drogas. Dijeron que cada vez más organismos sociales han documentado la incidencia de tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones arbitrarias y demás violaciones a derechos humanos en el país.
Refirieron que también se tienen documentadas: la vulneración en la que se encuentran niños y adolescentes frente al crimen organizado; la violación a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades forzadas a cultivar enervantes; los riesgos que enfrentan personas y familias enteras forzadas a desplazarse de sus hogares; las violaciones a derechos humanos que viven día con día las y los migrantes que cruzan el país y la violencia de la que son víctimas; los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos que documentan la violencia generada por la guerra con las drogas; la fabricación de culpables y la restricción de libertades fundamentales en el marco de una política de seguridad fallida.
Es por ello que, en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones sobre “el problema mundial de las drogas”, a celebrarse en abril del 2016, lanzaron un llamado de atención sobre los diagnósticos de fuentes nacionales e internacionales que evidencian la relación entre las políticas de seguridad de combate a las drogas ilícitas y el grave aumento de la violencia en nuestro país.
Dijeron que en México, el impacto del régimen internacional de control y fiscalización de drogas ha sido devastador y ha propiciado el desarrollo de leyes y figuras que se contraponen con el debido proceso y las garantías judiciales, la presunción de inocencia, los derechos a una defensa adecuada y a una sanción acorde con la gravedad del delito.
“Las autoridades mexicanas han utilizado como indicadores de éxito, la cantidad de hectáreas de amapola y mariguana erradicadas, de laboratorios de cocaína destruidos, personas detenidas y kilos de droga incautados. Este tipo de indicadores transmiten una sensación de efectividad en las políticas de combate a las drogas, pero no indica si las tácticas empleadas se traducen en avances reales hacia el objetivo principal, que es la reducción en el uso de drogas en el país”, dijeron.
Las casi cien organizaciones nacionales cuestionaron el que por un lado se implementan estrategias de seguridad para reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas, mientras que por el otro, las acciones de combate al narcotráfico resultan insostenibles a largo plazo, al ignorar las fronteras nacionales, la capacidad operativa y la diversificación del crimen organizado.
Las agrupaciones civiles dijeron que para iniciar un debate serio sobre el diseño de nuevas políticas públicas que regulen el uso de drogas, es primordial reconocer el fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad encaminadas al combate de la producción, distribución y posesión de drogas en el país.
Por ello, y ante la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, hicieron un llamado para que la política de seguridad en contra del crimen organizado sea reformulada desde un enfoque de derechos humanos y género.
