El partido oficial y sus aliados cambian de perspectiva respecto a los derechos individuales en menos de dos semanas. ¿Se deben de poder intervenir los teléfonos en casos de corrupción?
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– Las investigaciones del futuro Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) corren el riesgo de limitarse a la verificación de documentos, apuntaron organizaciones civiles que abogan porque llamadas telefónicas de funcionarios puedan ser intervenidas en casos de corrupción, mediante una petición a un tribunal.
Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, ha rechazado la propuesta bajo el argumento de que viola las garantías individuales.
"Dentro de los labores de los presidentes tenemos que hacer muy cuidadosos de hacer lo que nos mandatan los integrantes de las comisiones. Yo en la revisión constitucional manifesté y se los hice saber a los ciudadanos que lo que nos estaban pidiendo tenía prohibición expresa de la parte de la Constitución", dijo el Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y aliado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el caso del combate a la corrupción, de no ser posible brindar de instrumentos de investigación a las autoridades administrativas, el SNA que inició esta semana las discusiones previas a su dictaminación, terminará por "no tener dientes" calificaron grupos civiles.
"¿Por qué lo pusimos sobre la mesa? no es que queramos violar la Constitución, lo que queremos es que las autoridades tengan todas las facultades posibles de combatirla. Va a haber casos del más alto nivel en el que lo único que va haber es una llamada telefónica de un alto funcionario que le dio una orden a otro", explicó Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Detalló que la propuesta de suspender el derecho a la privacidad en casos de corrupción sólo podría realizarse mediante la aprobación de un Juez.
"En el último año el Cisen hizo cientos de peticiones de intervención telefónica. Si el Cisen lo hace por inteligencia de seguridad, por qué no la autoridad administrativa para investigar corrupción", dijo Kaiser a SinEmbargo.
Escudero Morales afirmó que si al final de las discusiones la voluntad de los miembros de las tres comisiones que evalúan el SNA el aceptaría incluirla, pese a votarla en contra en lo individual.
OPACIDAD EN EL PROCESO
Las comisiones de Justicia, Asuntos Legislativos y Anticorrupción, inauguraron esta semana un formato inusitado de Parlamento Abierto que incorpora la asesoría de las organizaciones sociales en el proceso de discusión del SNA. Sin embargo, hasta las 18 horas del miércoles las discusiones dejaron una puerta de atrás para la opacidad.
Mientras las discusiones de los legisladores eran públicas, las de sus equipos técnicos encargadas de redactar los documentos eran privadas.
"No queremos que a la hora de la hora, los secretarios técnicos de las comisiones y los legisladores se encierren a formar los documentos", dijo Kaiser.
Pese a la insistencia de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que los presidentes de las tres comisiones aprueben un adendum para que los trabajos de los equipos técnicos fuesen bajo máxima publicidad [que sean ampliamente difundidos], ninguno de ellos quiso comprometerse ya que el presidente de la Comisión Anticorrupción Pablo Escudero estaba ausente de la reunión del pasado miércoles.
"Es muy curioso cómo se aplica el reglamento, porque vale para algunas cosas, pero no para tomar los acuerdos. Yo no sé en qué lugar del reglamento venga que los tres presidentes acuerdan sin tomar en cuenta a su comisión. A mí como miembro directivo de la Comisión de Anticorrupción no hemos sesionado para un asunto de discusión para este tema desde noviembre", dijo la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert.
De acuerdo con la legisladora, esta omisión de Escudero de consultar con el resto de miembros de la comisión no es menor; este podría ser el tema más importante del sexenio.
"Hay muchísimo en juego. Hablemos claramente, el Presidente Peña Nieto tiene conflictos de interés, y su Secretario de la Función Pública no ha metido a una sola persona en la cárcel", dijo Torres.
En otro aspecto, aunque el parlamento abierto pretendía máxima publicidad no fue sino hasta el tercer y último día que los las Comisiones Unidas decidieron subir los dictámenes a la plataforma Google Docs. Una idea que pretende que ciudadanos puedan ingresar y hacer comentarios sobre cualquiera de los artículos del SNA.
Esto conlleva otro riesgo opinó Armando Ríos Píter, Senador del PRD, , y es que las tres comisiones no han obligado aún a que cada partido especifique que propuestas son las propias. Es decir, cualquier grupo parlamentario puede proponer leyes débiles, sin asumir su responsabilidad de haberlo hecho.
"Estamos planteando que los documentos y formatos se mantenga de la misma manera que los grupos de trabajo, y así se sepa quién propone cada cosa. Seguramente el documento tendrá visiones que no son acordadas, pero con deberían tener publicidad", dijo Ríos.
FALTA DE CAPACIDAD
En un análisis sobre la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una que se prevé expedir como parte del sistema, representantes de las organizaciones civiles acusaron la falta de recursos con la que contarán los magistrados que se encarguen de resolver casos de corrupción.
"Quiere decir que los grandes casos de corrupción se van a resolver por magistrados de salas ordinarias que hoy resuelven temas que tienen que ver con no tener acceso a la derechohabiencia en el IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social], o no tener la devolución de impuestos a tiempo, es decir, no hay una especialización", consideró Kaiser.
El director Anticorrupción del IMCO refirió que hacen falta elementos jurídicos que den independencia, la autonomía y profesionalización al trabajo de los magistrados.
En el caso de la Ley secundaria del SNA, el director de Investigación de México Evalúa, Marco Fernández, consideró que el comité que coordinará el sistema –presidido por la Auditoría Superior de la Federación(ASF) y la Secretaría de la Función Pública– no garantiza que las entidades adopten las recomendaciones de homologar la presentación de información de las cuentas públicas.
"Hay entidades que persistan en no seguir homologando, observo que puede haber un problema. Sabemos que ya el sistema de fiscalización opera desde el 2010, y lamentablemente ha habido la persistencia de algunos ordenes de fiscalización en las entidades federativas de no seguir las sugerencias de homologación que presenta la ASF", dijo Fernández.
Si bien las organizaciones civiles acompañan este proceso. La iniciativa ciudadana terminó por hacerse una cabida esta tarde, después de que el Instituto Nacional Electoral validó las 120 mil firmas que se necesitan para ser discutida en el Senado. Sin embargo, ésta ha sido atacada desde por el Senador Escudero, sostuvo el investigador José Roldán Xopa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
"Se han planteado una serie de cuestiones en el procedimiento que han impedido tratar todas las cuestiones que debían tratarse... Lo que se buscó es que hubo una intención muy clara de descalificar la Ley "3de3". Hubo más una idea denostativa que constructiva y creo que fue una intención específica del presidente de la comisión", dijo.
Roldán Xopa ve con preocupación estas acciones ya que hasta ahora sólo la propuesta ciudadana incorpora la indagación de corrupción a los políticos antes de ser funcionarios.
"Nos parece que hace falta discutir si hay disposición o no para incluir a la personas que participan en equipos de transición, si hay o no disposición de incluir a candidatos, o a dirigentes de partidos políticos, por qué porque la corrupción comienza en el procesos político. Tú me das apoyo, y entonces, yo voy a haber después como nos ponemos a manos", dijo.
De aceptar la adenda al Parlamento Abierto propuesta por legisladores del PAN y el PRD. Cinco comisiones serán conformadas el próximo lunes entre senadores y 21 miembros de la sociedad civil, para formar borradores de dictamen de 7 leyes diferentes. Los legisladores suponen que todas sean aprobadas la próxima semana.
