Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– Las irregularidades en el proceso judicial contra Ilia Adad Infante Trejo, detenido en las manifestaciones del 2 de octubre de 2013 y encarcelado durante 138 días sin mayores pruebas que el testimonio de un policía remitente, exponen de forma clara la recurrente criminalización de la protesta social por parte del Gobierno del Distrito Federal (GDF), plantearon organizaciones civiles.
El caso Ilia, añadieron, también deja entrever la posibilidad de que el Poder Judicial esté sometido a la voluntad política del Jefe del Gobierno del Distrito Federal, quien estaría más interesado en demostrar a la opinión pública que la policía detuvo a quienes provocaron los desmanes del 2 de octubre, que en probar que efectivamente los siete detenidos que permanecen en la cárcel realizaron actos vandálicos, entre ellos Ilia Adad Infante.
El cúmulo de omisiones, retrasos y pretextos para que el proceso penal se desarrolle de forma justa en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ha sido documentado por organizaciones civiles, entre ellas el Comité Cerezo México, que incluso declaró a Ilia “preso de conciencia”.
Este estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin antecedentes penales, fue detenido por los desmanes provocados por otros jóvenes en avenida Paseo de la Reforma, durante la manifestación para conmemorar el 45 aniversario de la masacre de estudiantes en 1968.
Posteriormente fue acusado de los delitos de ataques a la paz pública, daño a la propiedad y ultrajes a la autoridad todos con la agravante de pandilla y remitido al Reclusorio Norte.
Su abogada, la licenciada Guadalupe Campos Jordán, denunció la falta de disposición del Poder Judicial local para absolver al joven, o por lo menos, para tomar en consideración las pruebas presentadas para argumentar su inocencia.
Entre esas pruebas se tiene una video, en propiedad de SinEmbargo, tomado por una de las cámaras de seguridad de Banco Ixe, para demostrar que Ilia no se encontraba en el lugar ni la hora en donde ocurrieron los desmanes de los que lo acusan.
- *Secuencia de imágenes tomadas del video de seguridad del banco IXE. De acuerdo con el testimonio del policía, Ilia participó en actos vándalicos, pero la evidencia muestra que él no estuvo ahí.
PRESO DE CONCIENCIA
Por su parte, el Comité Cerezo México, declaró a Ilia “preso de conciencia” y aseguró que el estudiante universitario fue detenido de forma arbitraria por elementos de Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el pasado 2 de octubre de 2013.
“Tras el análisis de los documentos jurídicos determinamos que efectivamente había una detención arbitraria e ilegal [de Ilia], y que se violaban diversos derechos humanos consagrados en la Constitución, tales como la libertad y seguridad personal, el acceso a la justicia, y otros como la libertad de expresión”, detalló Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México.
El Comité Cerezo también detectó un patrón en la selección de los ocho detenidos: en primer lugar su aspecto físico, se trataba de mayores de edad (un menor de edad fue separado del grupo), personas que no revelaran heridas o rastros de lesiones físicas, rapados o con el cabello muy corto.
Sin embargo, las principales irregularidades vinieron posteriormente, mientras observaba con mayor claridad la falta de voluntad del Poder Judicial del Distrito Federal para garantizar un proceso justo a las siete personas que continúan presas, como parte un intento gubernamental por mostrar a la sociedad que detuvieron a los culpables de los desmanes de la marcha del 2 de octubre, cuando no es así.
“Vemos con preocupación que el Poder Judicial esté respondiendo a intereses del Ejecutivo, es lo que también nos preocupa como organización defensora de derechos humanos, que los jueces no estén actuando con independencia, que no estén leyendo y analizando los procesos jurídicos, sino que estén sometiéndose a decisiones políticas, por parte del Jefe de Gobierno”, indicó Héctor Cerezo.
El 10 de octubre del año pasado se dictó a Ilia auto de formal prisión con una rapidez que contrasta con la lentitud del proceso de revisión de pruebas. Desde entonces, el juzgador desestimó testimonios, pruebas y videograbaciones presentadas por su defensa legal para demostrar su inocencia.
El 19 de noviembre se llevó a cabo el desahogo de pruebas, donde se ampliaron las declaraciones de los policías remitentes y se ampliaron las declaraciones los testigos de la defensa.
El 30 de diciembre hubo un audiencia donde se presentaron videos grabados por las cámaras de seguridad de Ixe banco, ubicado en Avenida Paseo de la reforma número 87. Uno de ellos consta que no ocurrieron los actos descritos por las declaraciones de los policías remitentes.
El mismo 30 de diciembre, se realizó la audiencia para solicitar un amparo indirecto al auto de formal prisión, con pruebas fehacientes de que Ilia Adad Infante no se encontraba en el lugar ni la hora en donde ocurrieron los desmanes contra la sucursal de Banco Ixe.
Hasta el momento se sigue el estudio de expediente del amparo.
Ante la lentitud del caso, tanto el Comité Cerezo como la defensa legal de Ilia, solicitaron a la jueza Octavo de Distrito en materia penal que decrete la inmediata y absoluta libertad de Ilia Adad Infante Trejo, o bien, con base en la pruebas presentadas por su defensa, quite el agravante de pandilla, para que pueda llevar su proceso en libertad.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El caso Ilia expone nuevamente que el Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con autoridades federales, han cometido violaciones a los derechos humanos documentadas por organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, como son el Comité Cerezo México, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Artículo 19, entre otros.
Según sus investigaciones, Ilia Adad Infante Trejo fue detenido de forma ilegal. El propio estudiante declaró ante el juez que el 2 de octubre quedó encapsulado, junto con un centenar de jóvenes, en el cerco policiaco realizado a la altura de la Glorieta de Colón.
Refirió que una persona vestida de civil (pantalón de mezclilla azul, camiseta gris, pelo cortado en casquete corto) seleccionó a los detenidos comparando su rostro con imágenes que aparecían en la pantalla de una cámara digital.
Señaló que los policías que lo detuvieron eran policías preventivos con equipo antidisturbios (petos, espinilleras y rodilleras). Agregó que los uniformes no mostraban números ni nombres, solo se observaba el escudo del brazo que indicaba que pertenecían a la adscripción de Polanco y Chapultepec.
En otra irregularidad detectada por las organizaciones, se observó que durante la detención de Ilia se violentó su derecho a ser llevado sin demora ante el juez, pues que el camión que los transportó al Ministerio Público se dirigió al norte hasta incorporarse a avenida de Los Insurgentes, hacia la Delegación Gustavo A. Madero.
Fueron retenidos al interior del camión hasta que anocheció. Momento en que vehículos policiacos escoltaron al camión hasta la Agencia GAM-6.
Ese momento subió al camión un mando policiaco, que sin mayor explicación seleccionó a ocho personas de entre los 40 que estaban a bordo del vehículo.
Estos ocho detenidos fueron trasladados de regreso a la Delegación Gustavo A. Madero a bordo de dos camionetas de la SSP e ingresados a la Agencia GAM-2, especializada en delitos contra la salud.
Fue hasta el día siguiente que a los ocho detenidos se les tomó declaración y fueron informados de los cargos.
LA LUCHA DE UNA MADRE
La señora Ana María Infante Trejo, madre de Ilia Adad Infante Trejo ha enfrentado la defensa de la inocencia y la reputación de su hijo.
En los últimos cuatro meses ha gastado los ahorros de toda su vida. Cada tercer día sale sola de su casa en Iztapalapa e inicia la travesía al otro lado de la ciudad, hasta el Reclusorio Norte, donde está su hijo.
Cuando es cuestionada sobre la actuación de las autoridades que llevan el proceso jurídico de su hijo, responde de forma contundente: “Dan largas, más largas y más largas”.
“Las autoridades siempre han buscado alargar lo más posible todos los plazos, excepto el traslado del Ministerio Público al Reclusorio, todos lo demás nos dan largas y los plazos máximos”, agregó.
La noche del 2 de octubre recibió la llamada telefónica que no la ha dejado descansar en 138 días. Buscó desesperada la localización de su hijo, llamó a un amigo abogado y salió en un taxi rumbo a la Agencia GAM-2 en el norte de la Ciudad.
Cuando llegó al sitio indicado alrededor de la medianoche, inmediatamente fue recibida con el mazo de la burocracia: Trámites interminables, silencio institucional, tiempo perdido, vueltas y más vueltas sin solución a su demanda.
La madrugada del 3 de octubre, la señora Ana María, junto con los padres, familiares y abogados de los ocho detenidos se dieron cuenta de que sacar a sus hijos de prisión, no sería tarea fácil. Por el contrario, sería una cruzada que les mostraría lo peor del sistema judicial y la cara más autoritaria del Gobierno capitalino.
El primer ejemplo de esto lo vivió desde el primer intento para ver a su hijo en las galeras de la Agencia GAM-2, ella lo narró así:
“Cuando por fin nos dejan pasar a verlos, alrededor de las dos de la mañana, los oficiales no dicen ‘¿No que muy seriecitos sus hijos? Pasen a ver lo que están haciendo’. Uno de los padres bajó a galeras y le llegó el olor de que estaban fumando mariguana. Los policías querían hacernos dudar de nuestros hijos. Uno de los padres se molestó porque dijo que le parecía muy raro, porque su hijo no fuma mariguana”, relató.
“Cuando por fin me tocó mi turno, los policías intentaron decirme lo mismo. Yo molesta les respondí ‘A mí me lo comprueban, porque yo no voy a admitir que me digan que mi hijo está quemando mariguana en este momento’. Y ya no me dejaron bajar a la zona de galeras”, recordó la señora Infante Trejo.
A partir de allí se sucedieron una serie de batallas legales por demostrar la inocencia de su hijo.
“Hemos tratado de hablar con el juez, desde los primeros días de octubre tratamos de hablar con él, nos dijo que nos escucharía. No logramos ni siquiera que prestara mayor atención durante las audiencias, hasta que los abogados le reclaman [al juez] de que ponga atención, porque algunas veces las declaraciones se presentan de forma irregular”.
Sin perder la fe, la señora asiste a todas las citas con los juzgadores, ha acudido a mesas de debate organizadas por la Universidad Autónoma Metropolitana para exponer el caso de las siete personas que continúan detenidas y a conferencias de prensa organizadas por las organizaciones no gubernamentales pendientes del caso Ilia.
Al momento, solo ha recibido portazos en la cara, por parte del gobierno capitalino.
“Hemos buscado apoyo por parte de los círculos intelectuales y políticos. Allí vamos despacio. Hubo unas mesas de acercamiento con el Gobierno del Distrito Federal, desde el 16 octubre, más o menos, fueron alrededor de cinco o seis citas. En la última –en noviembre de 2013–, nos citó el subsecretario de Gobierno, así como el subprocurador de procesos y nos dieron con la puerta en la nariz. Sencillamente nos dijeron que la cita se posponía y nunca más volvieron a recibirnos”.
Su reclamo es uno sólo: pide que los jueces y autoridades se conduzcan con ética, respeten los derechos humanos de su hijo, y revisen con atención las pruebas presentadas por su defensa legal, a fin de que corroboren la inocencia de Ilia Adad Infante Trejo.
