No vaya tan lejos: La Ley Döring, una propuesta hecha por el senador Federico Döring del Partido Acción Nacional (PAN), es similar a la polémica Ley SOPA que proponen en Estados Unidos, y a la Ley Sinde, una ley española que ya fue aprobada.
Se trata de una reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor y que busca reglamentar la difusión en internet de obras registradas.
La iniciativa, llamada también “Ley Döring”, busca reglamentar las descargas de contenido que se hagan en el internet para “proteger la propiedad intelectual de las obras”.
“Se busca hacer una labor de educación y disuasiva con el usuario para que sepa que no todo lo que está en la red es descargable de manera gratuita. El autor podrá decidir si quiere poner a disposición de los usuarios su contenido para descargar, o si se debe pagar por él (…) estamos luchando en un entorno en donde se tiene que entender que no todo lo que está en la red es gratis”, declaró anteriormente Döring.
La iniciativa advierte que las personas físicas que incurran en la descarga y difusión de contenido registrado serán acreedores a una notificación precautoria, que les haga saber que deben pagar por los derechos del contenido que quieren descargar, aunque de reincidir habría sanciones.
“En caso de reincidir serán acreedores a una sanción de tipo administrativo; internet debe ser un espacio libre pero no por eso es gratis”, aseguró el senador.
¿QUÉ ES LA LEY DÖRING?
Bajo el nuevo esquema legal que pretende dicho pro, el IMPI tendría el poder de iniciar una investigación de oficio, sin la petición de ningún afectado. Es decir, sin importar que alguien o no se lo haya pedido, el IMPI podrá iniciar una investigación sobre cualquier usuario de la red.
Una vez que el IMPI tenga a un infractor en indagación, el instituto podría pedir a la IP del usuario a la empresa que sea su proveedor de internet, para que dicha empresa le de la dirección IP del supuesto infractor, sin ningún tipo de orden judicial de por medio.
Cabe resaltar que el IP es la etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un interfaz, elemento de comunicación/conexión de un dispositivo dentro de una red que utilice el “Internet Protocol”.
El supuesto infractor tiene sólo tres días después de recibir la notificación de que es un infractor para defenderse y declarar que es el dueño de los derechos de autor. De otro modo, el IMPI dictará la sentencia.
Para que esto ocurra sería necesario un sistema de vigilancia de la actividad de los usuarios en internet, algo que viola la privacidad (según algunos expertos en redes).
Esto se realizaría mediante una tecnología llamada “deep-packet inspection”, que consiste en una vigilancia del tráfico que viene y va en internet, y que también hace posible la redirección, minado de datos y censura del mismo.
Una tecnología que usan los gobiernos de China, Irán y Cuba para tener en vigilancia a los internautas.
¿QUÉ ES LA LEY SOPA?
Stop Online Piracy Act, (SOPA) “Acta para Detener la Piratería En línea”, es un proyecto de ley que busca evitar la infracción de derechos de autor y luchar contra el comercio de mercancías falsificadas.
De acuerdo con las previsiones incluidas en el texto que se está debatiendo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría pedir órdenes judiciales contra sitios que infrinjan la propiedad intelectual de otros.
Se podrían pedir órdenes judiciales que infinjan la propiedad intelectual de otros.
También podrán obligar a los proveedores de acceso a internet de Estados Unidos a bloquear el acceso a estos sitios, que impidan a redes de publicidad como la de Google, o sistemas de pago como PayPal, Visa, etc, a hacer negocios con ellos, o que hagan que los motores de búsqueda los eliminen de sus páginas de resultados.
Desde 1998, la ley que perseguía la piratería en Estados Unidos era la denominada Digital Millenium Copyright Act, que obligaba a retirar el material ilegal a las páginas web que hacían uso del mismo, pero no tenía competencia sobre lo que fuese publicado desde otros países.
El proyecto de ley ha provocado una reacción en cadena de los defensores de la libertad de expresión en la red y compañías de Internet, como Google, Yahoo! y Facebook, que aseguran que el texto podría frenar la innovación y coartar los derechos de los usuarios.
EVITA LA CASA BLANCA PRONUNCIARSE
La Casa Blanca evitó hoy pronunciarse sobre las protestas contra las dos iniciativas de ley que tendría severas implicaciones para el flujo de información en internet y que críticos alegan podría afectar la libertad de expresión.
El vocero presidencial, Jay Carney, reiteró la posición de la administración del presidente Barack Obama respecto a que el proceso en torno a ambas iniciativas sea inclusivo para que cualquier iniciativa recoja “los muchos importantes temas que están en juego”.
Las iniciativas, conocidas como Ley para Detener la Piratería en Línea (SOPA) y Ley de Protección de la Propiedad Intelectual (PIPA, por sus siglas en inglés) generaron protestas entre las cuales algunos portales electrónicos suspendieron este miércoles sus operaciones.
“Creemos que necesitamos hacer algo sobre la piratería en línea por parte de portales extranjeros, pero de una manera que no afecte la libertad de expresión y la apertura en el internet”, dijo Carney en rueda de prensa.
Indicó que frente a esa controversia tanto el Congreso como quienes se oponen a las iniciativas en su forma actual “necesitan encontrar una solución balanceada”.
“Creo que el proceso se ha beneficiado por el interés expresado por muchas voces que se han hecho escuchar en este tema”, dijo Carney al aludir al foro electrónico establecido por la Casa Blanca la semana pasada con el propósito de recoger opiniones al respecto.
La llamada iniciativa SOPA es analizada en la Cámara de Representantes, mientras que PIPA se debate en el Senado.
¿QUÉ ES LA LEY SINDE?
El pasado 30 de diciembre de 2011, España aprobó el reglamento de la conocida como ley Sinde, una ley antidescargas que prevé el cierre de páginas web con contenidos protegidos por derechos de autor.
En términos formales, la Ley de Economía Sostenible, como también se conoce, se aprobó durante el gobierno del presidente español José Luis Rodríguez-Zapatero, y se planeo desde mayo del 2009.
–Con información de Notimex y EFE
