Ciudad de México, 17 de Octubre (SinEmbargo).– Las atrocidades registradas en Iguala muestran qué tan lejos está México de ser un país de leyes y cómo el combate a la impunidad es tan necesario como las reformas económicas para la modernización de México, dice hoy el semanario inglés The Economist.
“Las dos atrocidades [los seis homicidios y la desaparición de 43 personas] parecen suficientemente serias como para cambiar el curso de estos dos años de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Peña ha dado prioridad a la reforma económica y le ha restado importancia a la ley y al orden como forma de modernizar México, sin admitir que ambas son igualmente importantes”, dice el influyente medio británico.
“Tres pesadas palabras resumen el reto que enfrenta ahora Peña Nieto y México como un todo: impunidad, rendición de cuentas y gobernabilidad (…) la falta de confianza de los mexicanos en las autoridades encargadas de aplicar la ley significa que el número de crímenes sin investigar, así como el total de delitos, está escalando”, agrega el texto, que incluye una tabla mostrando que los ilícitos sin investigar en México han aumentado de un 92 a un 93.8 por ciento.
Titulado “Cuando el crimen está sin control. México necesita ley y orden tanto como reformas económicas”, el artículo inicia mencionando cómo la impunidad ha prevalecido en el país desde hace al menos 200 años, cuando en 1814 se escribió el primer borrador de una Constitución (en Apatzingán) sin que haya podido entrar en vigor debido al homicidio de su autor intelectual, José María Morelos.
“Muchas constituciones después, el área alrededor de Apatzingán muestra qué tan lejos sigue México de convertirse en un país en el que se respete la ley. Conocida como Tierra Caliente, ha sido el escenario de un secuestro masivo y de una masacre, ambas probablemente cometidas por fuerzas de seguridad del Estado en contra de civiles desarmados”, dice.
“Además de los secuestros, especialmente impactante es la acusación de que una banda de narcotraficantes controla Iguala con dos de los suyos –el Alcalde y su esposa-, que usan a la policía para sus violentos ajustes de cuentas y sin temor de ser atrapados. Una hipótesis, hecha pública por Ángel Aguirre, el asediado Gobernador de Guerrero, es que el Alcalde ordenó el ataque de los estudiantes debido a que temía que irrumpieran en una fiesta en la que su esposa planeaba lanzar su propia campaña por la alcaldía. Ambos están prófugos, pero Aguirre dice que muchos otros pueblos de Guerrero están bajo control del crimen organizado”, agrega.
El artículo cita a diferentes entrevistados, quienes coinciden en que las atrocidades del sexenio pasado, como la desaparición de 22 mil personas durante la guerra lanzada por el presidente panista Felipe Calderón entre 2006 y 2012, han sido cubiertas por el actual gobierno con el fin de obtener el apoyo del Partido Acción Nacional en la aprobación de la histórica reforma energética.
David Shirk, jefe del Proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, aparece citado diciendo que Peña Nieto tiene el mérito de haber promovido la unificación de los códigos penales que introducirán el sistema adversarial en México, pero que esta reforma judicial no ha sido debidamente promovida porque el gobierno ha buscado minimizar cualquier indicio de violencia que pudiera impedir las inversiones extranjeras. “Parece que no entienden qué tan importante es el imperio de la ley para su agenda económica”, dice Shirk.
“Algunos dicen que para terminar la violencia, México necesita deshacerse de las policías estatales y municipales y crear una policía federal única. Pero tal monstruo podría ser indomable, especialmente dado el poder corruptor del dinero de la droga”, dice el análisis del artículo.
“Sabino Bastidas, un analista político, dice que el problema va más allá de procurar la gobernabilidad: los pesos y contrapesos a nivel local y estatal son mucho más débiles que a nivel federal, por lo que las regiones son controladas como feudos. En un sistema donde el poder conlleva privilegios, y los privilegios pueden significar literalmente asesinar sin que haya castigo, no se trata sólo de que las instituciones tienen que cambiar, sino que se requiere toda una nueva condición mental”.
Este es el segundo artículo que The Economist dedica a la crisis derivada de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, registrada desde el pasado 26 de septiembre en el municipio guerrerense de Ayotzinapa, cuando también fueron asesinadas seis personas.
En el primer texto, publicado el pasado 8 de octubre, el medio inglés advirtió que los hechos estaban poniendo a prueba la credibilidad en materia de respeto a los derechos humanos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
