Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– A partir de las revelaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la recién instalada Comisión Especial para el caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados citará a comparecer a integrantes del Ejército, de la Procuraduría General de la República (PGR), así como autoridades estatales y municipales, que hayan participado en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida un año atrás, en Iguala, Guerrero.
Además, invitarán a los padres de los 43 estudiantes a reunirse con el recién creado órgano legislativo, así como a otros actores sociales que pudieran aportar datos relevantes como el Padre Alejandro Solalinde.
La presidenta de la Comisión Especial, la Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, explicó en entrevista para SinEmbargo que existe interés por parte de los diputados para sentarse a dialogar con la PGR o con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que conozcan la averiguación previa.
“No habrá ninguna limitante. Como Comisión vamos a acordar a quiénes consideramos importante invitar para oír su punto de vista, para conocer el sustento de sus conclusiones, estoy hablando de la PGR o del grupo de especialistas, no hay limitaciones”, dijo la panista.
Para la representación de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) será vital poder entrevistar a los elementos castrenses que estuvieron presentes en Iguala en el momento en que ocurrieron los hechos, pues según han revelado las investigaciones independientes, ellos presuntamente sabían del peligro que corrían los estudiantes y no actuaron.
“Es muy importante [saber] qué papel jugó el Ejército. En estos momentos los únicos que no se ha podido entrevistar son los elementos del Ejército que estuvieron presentes en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando sucedieron esos acontecimientos”, explicó a este diario digital la Diputada Araceli Damián, integrante [suplente] de esta Comisión Especial.
También será importante para Morena revisar todo lo relacionado con el quinto autobús, su paradero y su relación con la desaparición de los estudiantes.
El 6 de septiembre pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe derivado de sus propias pesquisas sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sus conclusiones fueron muy diferentes de las que en su momento la PGR consideró como la “verdad Histórica”.
A partir de ese momento, en la recién instalada Cámara de Diputados surgió la inquietud de dar continuidad a las investigaciones del GIEI y renovar las propias indagatorias del Congreso, que quedaron en el limbo en mayo de este año.
Ante el presumible intento de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), incluso del de la Revolución Democrática (PRD) por detener algunas comparecencias, la Diputada de Morena Araceli Damián consideró que será importante que los legisladores establezcan alianzas, no solo entre las bancadas de oposición, sino con la propia ciudadanía que demanda saber la verdad.
DAR CERTIDUMBRE A LOS PADRES: PAN
María Guadalupe Murguía Gutiérrez no es ninguna improvisada en el manejo de situaciones difíciles. Según el coordinador parlamentario del PAN, Marko Cortés, fue elegida precisamente por sus cualidades de negociación.
La Diputada Murguía Gutiérrez fue secretaria General de Gobierno y titular de Educación del Gobierno de Querétaro y coordinadora de la Unidad de Servicios de Educación, también fue titular de la Unidad de Enlace Federal de Gobernación.
La legisladora explicó a este diario digital que Acción nacional ha decidido incursionar en la investigación de este grave pendiente de carácter más social que político, precisamente porque se trata de un pendiente del Gobierno federal con la sociedad.
Recalcó que para el PAN es muy importante participar en el esclarecimiento de hechos y circunstancias que han provocado un enorme malestar social, luego de que las conclusiones que emitió el grupo interdisciplinario de la CIDH, difiere por mucho de las conclusiones [la verdad histórica] que presentó en su momento la PGR.
“A un año de los acontecimientos que se cumplen el día 26, ni se ha encontrado a los estudiantes ni se han esclarecido los hechos, pero hay un malestar enorme, político y social, porque las autoridades, el Gobierno federal no han logrado dar una solución satisfactoria”, destacó.
Para cumplir con el principal objetivo de la Comisión Especial que es llegar a la verdad, esclarecer los hechos, y tratar de explicar a los mexicanos qué fue lo que pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, los integrantes planean reunirse con los principales afectados: los padres de los 43.
“Habrá disposición total [para reunirnos con los padres]. El programa de trabajo y las invitaciones tiene que estar acordadas en la comisión, pero en el ánimo de todos está la oportunidad de trabajar y platicar con todos estos actores”, dijo la Diputada María Guadalupe Murguía.
Uno de los primeros acuerdos de los integrantes del órgano legislativo es pedir los informes y conclusiones a las que haya llegado la Comisión Especial para Ayotzinapa de la LXII Legislatura.
Asimismo dará seguimiento a las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, pero también a las investigaciones que en su momento presentó la PGR, así como a las pesquisas derivadas del nuevo peritaje de expertos en materia forense, anunciado por la procuradora Arely Gómez.
“Hoy hay más confusión de la que existía posiblemente hace unos meses. ¿Por qué? Porque los padres en este momento no saben qué es lo que pasó con sus muchachos y en general ya no saben en qué creer”, explicó la legisladora panista.
RETO DE SER MEJOR QUE SU PREDECESORA
No es la primera comisión de este tipo que genera el Congreso de la Unión. Su predecesora fue creada el 8 de octubre de 2014, a escasos días de la desaparición de los estudiantes normalistas.
Terminó labores en mayo de este año y sus resultados fueron calificados como un rotundo fracaso por algunos de sus integrantes, ya que generó una amplia expectativa en la sociedad y no sirvió para esclarecer los hechos.
Durante el primer mes de labores, la Comisión Especial presidida por el también panista Guillermo Anaya Llamas sostuvo dos sesiones preparatorias y ocho reuniones de trabajo con servidores públicos, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y con los recién llegados expertos internacionales de la CIDH.
Nunca se reunieron con familiares de las 43 víctimas ni con estudiantes normalistas sobrevivientes de los ataques. Tampoco se reunieron con la procuradora general Srely Gómez, quien sustituyo en el cargo a Jesús Murillo Karam, defensor de la “verdad histórica” de la incineración de los 43 normalistas en un basurero de Cocula, Guerrero.
Una de las legisladoras más críticas sobre el mal desempeño de la Comisión Especial fue una de sus integrantes, la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT). La chihuahuense reprochó en distintas ocasiones que contrario a las expectativas generadas por las reuniones del primer mes de labores, la Comisión prácticamente dejó de reunirse desde noviembre de 2014.
Fue precisamente en ese mes cuando el presidente Guillermo Anaya presentó un resumen de actividades, por el cual la Comisión Especial concluyó que se cometieron irregularidades graves en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tanto en el fuero común como en el federal.
En los dos primeros meses de vida del órgano legislativo, los integrantes de la Comisión sostuvieron reuniones de trabajo con Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) y representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como de la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Se reunieron con el Gobernador interino y el Fiscal general de justicia de Guerrero; también tuvieron un encuentro con el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas y con el equipo interdisciplinario de expertos internacionales, cuyo titular es Ariel Dulitzky.
Derivado de esta actividad, la Comisión Especial concluyó de forma preliminar que las autoridades no actuaron como lo establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos. Por el contrario, se incurrieron en varios supuestos que perjudicaron gravemente la investigación.
También dijo que hubo servidores públicos que hicieron caso omiso de su responsabilidad de proteger a los estudiantes cuando tuvieron noticias de los hechos que sucedían en Iguala.
Para evitar que se vuelvan a cometer los mismos errores, tanto las legisladoras del PAN como de Morena adelantaron que será importante trabajar de forma coordinada, a fin de que el Congreso pueda dar respuesta al “enorme malestar social” generado por una presunta investigación sesgada de la PGR.
