Al momento de escribir esta columna han pasado más de 30 horas del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, uno de los fundadores de Ríodoce. El miércoles por la mañana cuando el lector siga estas líneas habrán transcurrido 48 horas. Hasta la redacción de este texto, ni la Procuraduría General de la República, ni la Fiscalía General de Sinaloa, y mucho menos la FEADLE (Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de expresión), habían informado a los mexicanos todos, quién, cómo y por qué, mataron al periodista.

Pasarán 72 horas y el caso seguirá igual. Tal vez las autoridades de este país apuesten a que el tiempo trae el olvido.

Hace 55 días asesinaron a Miroslava Breach en Chihuahua; lo hicieron cuando iba saliendo de su casa, acompañada de su hijo. Ella era periodista de El Norte de Ciudad Juárez y corresponsal de La Jornada. Ni la PGR, ni la Fiscalía de Chihuahua, ni la FEADLE han dicho a los mexicanos quién, por qué, cómo fue asesinada la mujer que dedicó su vida al oficio periodístico.

En ambos casos, los Gobernadores de las entidades en donde se cometieron tan lamentables hechos se han dicho dolidos, consternados, por lo sucedido. Javier Corral, Gobernador de Chihuahua gracias al Partido Acción Nacional que lo postuló, se dijo muy amigo de Miroslava Breach y, como la sociedad entera, condenó el crimen y prometió solucionar el caso, dar con los asesinos, vaya. Igual lo hizo Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa. Se dolió del homicidio, reconoció al periodista y su trayectoria, se quejó de la inseguridad en el Estado al que por obligación debe garantizarle la paz y la tranquilidad, y anunció una Fiscalía Especial para la investigación del asesinato de Javier Valdez. Olvidó decirnos quién, cómo y por qué le arrebataron la vida al periodista.

Esa es prácticamente la suerte que corren las investigaciones de atentados, crímenes, desapariciones, amenazas, calumnias contra quienes escriben la crónica colectiva de la impunidad, la violencia y la corrupción en México, en cualquier estado y en todos los municipios: Las autoridades reprueban los hechos, hacen pública su postura en redes sociales, despachan boletines de prensa con sus condolencias, pero nunca dan con los sicarios. Los asesinos de periodistas no pisan la cárcel. Ni siquiera son investigados, ubicados, nombrados, procesados o sentenciados.

Lo sabemos de cierto en el Semanario ZETA. De tres compañeros asesinados y uno que sobrevivió a un atentado: Héctor Félix Mirada, Codirector asesinado en 1988, Jesús Blancornelas, codirector sobreviviente a un atentado en 1997, Luis Valero Elizalde, asistente y seguridad de la codirección, asesinado en 1997, y Francisco Javier Ortiz Franco, Editor General asesinado en 2004.

En ninguno de los casos hay un asesino intelectual en prisión. En tres de los expedientes, no hay ni uno solo de los asesinos materiales investigado. Solo en uno de los homicidios, el de Héctor Félix, dos asesinos materiales purgaron penas de 25 y 27 años de prisión, y obtuvieron su libertad en 2016, para luego regresar a Tijuana a seguir trabajando con Jorge Hank Rhon, quien era su patrón en tiempos de la muerte de Félix, el mismo que ha sido señalado una y otra vez como el principal sospechoso intelectual del artero crimen.

Hace unas semanas el Comité para la Protección a los Periodistas con sede en Nueva York, Estados Unidos, presentó en México el informe Sin Excusa donde dio cuenta a partir de hechos, bases de datos y resultados judiciales, de la impunidad que se vive en México en los casos de atentados a la libertad de expresión, y de cómo nuestro país es uno de los más riesgosos para el ejercicio del periodismo.

Esto es un círculo vicioso: Existe corrupción en las corporaciones policíacas y de procuración de justicia en el País que protegen a los narcotraficantes, a los criminales organizados; los periodistas independientes investigan esta oscura complicidad, señalan a los delincuentes y a quienes los solapan desde el Gobierno, y eso es justamente lo que publican. Los criminales amenazan a los periodistas, los desaparecen o los matan, y evaden la ley porque en México su aplicación tiene precio, porque el Ministerio Público es ineficiente a la hora de investigar para sustentar sus órdenes de aprehensión. Y al final no pasa nada. La víctima se convierte en una cifra. El crimen organizado sabe muy bien qué tan fácil es matar a un periodista en México.

Esta es una vertiente más de un País que cada vez está más fragmentado por la injusticia. En los primeros 50 meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto se han contabilizado 90 mil 634 ejecuciones. De seguir así, al finalizar este sexenio que representa el regreso del PRI a Los Pinos, los cálculos indican que podría haber más de 130 mil muertos a consecuencia del crimen organizado que crece con toda libertad.

En este país y en este momento nadie está a salvo. Ni los periodistas, ni los estudiantes, ni los jóvenes, ni las mujeres, ni los abogados, ni los médicos, ni los activistas, ni los defensores de derechos humanos, nadie que utilice sus garantías, su derecho a expresarse, a trabajar, a progresar, a creer, a poseer algún bien o a ser exitoso producto de su esfuerzo, está seguro.

La ausencia de un Estado de Derecho ha encumbrado a los criminales y a los corruptos, vulnerando a la sociedad. Cuando la Ley no se aplica, todos hacen valer la propia, la de las vendettas y se gobierna mal con el plomo y la sangre.

En este contexto fue asesinado Javier Valdez, un escritor amigo de muchos, investigador como pocos, narrador por excelencia, periodista libre e independiente, que hacía eco de las dolencias de la sociedad, hasta que a alguien no le pareció, y en plena impunidad decidió emboscarlo, acribillarlo a balazos para ganar su silencio.

Javier Valdez no será el último. Nada en estos momentos indica que existe la voluntad desde la Presidencia para acabar con esta dinámica enferma donde la información verazmente expuesta lleva como consecuencia la muerte.

Matar a un periodista es acallar esa voz que exhibe con pruebas irrefutables ante la sociedad todo aquello que la vulnera, que la ofende. Por eso, cada vez que un reportero pierde la vida a consecuencia de su trabajo, todos los mexicanos nos vamos convirtiendo en víctimas de la impunidad y de la corrupción que nos deja con la duda sobre quién será el próximo en caer. Podrías ser tú, quizás yo, cualquiera que por vivir y trabajar en México está inseguro, transgredido, a su suerte.

Adela Navarro Bello

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