Diputados de oposición y organizaciones civiles han condenado el intento del Presidente Enrique Peña Nieto de mostrar la caída del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa en Guatemala como un golpe a la impunidad. Y pidieron que la Procuraduría General de la República tome cartas contra la red que garantizó que el ex Gobernador se mantuviera oculto durante casi seis meses.
Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).— Diputados de oposición denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) ha omitido ir por la red de corrupción que se benefició durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa y que lo ocultó durante siete meses.
“Lo que es realmente tonto, o absurdo, es pensar que una sola persona pueda conformar una red de lavado de dinero, peculado, desvío de miles de millones de pesos sin contar con complicidad de autoridades estatales y federales”, dijo Jorge Álvarez Máynez, Diputado federal del partido Movimiento Ciudadano.
La tarde de este domingo autoridades de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR ofrecían una conferencia en la que sostenían que una red operó desde la Ciudad de México para proteger al ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa. Ninguno ha sido detenido.
A su vez, a pesar de los numerosos indicios, la PGR no ha presentado cargos contra la esposa del ex Gobernador Karime Macías, como tampoco otros familiares y pueden moverse libremente en México y en el extranjero.
“Yo creo que debe haber algún acuerdo. Existen acuerdos legítimos, por ejemplo, cuando alguien del crimen organizado es un testigo [protegido], pero creo que no es el caso”, lamentó Vidal Llerenas Morales, Diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración nacional (Morena).
Siete familiares de Duarte fueron encontrados en la habitación 505 del hotel Riviera de Atitlán. Un hotel con vista al lago en el municipio de Panajachel, departamento de Sólola en Guatemala.
“Ese lugar es como Acapulco, miles de personas llegan todos los días. Es decir, Duarte no se estaba escondiendo”, dijo Llerenas.
En una entrevista con SinEmbargo, la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, apuntó que la familia de Duarte no podía ser investigada en ese país, a menos que hubiese una solicitud expresa de la PGR; petición inexistente hasta el momento.
Asimismo, la AIC informó que se tienen identificados a empresarios y ex funcionarios que ayudaron en el saqueo de las arcas públicas de Veracruz. No obstante, ni la red ni los montos han sido revelados.
“Yo siento que la PGR tiene una deuda muy grande con el país, no sólo en el caso de Duarte, sino en el caso de Duarte en Chihuahua, y está obligada a dar resultados contundentes y que dejen plenamente satisfecha a la opinión pública, de que se haga un trabajo de procuración de justicia impecable”, dijo el Diputado Federal Jorge Ramos Hernández del Partido Acción Nacional (PAN).
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Duarte, quien fue detenido la noche del sábado en Guatemala, se encontraba prófugo desde octubre del año pasado.
Al ex Gobernador de Veracruz se le persigue por los delitos de vínculos con recursos de procedencia ilícita y vínculos de delincuencia organizada.
No obstante, la ola de desapariciones del estado de Veracruz ha quedado omitida de las investigaciones de la PGR, ha dicho en un comunicado la coordinadora en el Senado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Dolores Padierna Luna.
“Ninguna instancia federal, ha atinado a imputarle una responsabilidad directa o indirecta, por acción o por omisión, o siquiera por ejercicio indebido del servicio público, por las decenas de personas desaparecidas bajo su Gobierno”, cita el comunicado.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas apunta que en el fuero común en Veracruz hay 524 registros, y en el fuero federal 202.
No obstante las cifras oficiales parecen quedarse lejos de los daños en la entidad. Recién en agosto el Colectivo Solecito encontró un cementerio clandestino con 253 cráneos en el predio Colinas de Santa Fe en el Puerto de Veracruz.
¿DETENCIÓN POLÍTICA?
A un mes y medio, Estado de México, Nayarit y Coahuila, por la captura de Duarte de Ochoa y el ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington.
La aprehensión del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el sábado pasado en Guatemala, es resultado de pactos políticos entre el PRI y el PAN ante su posible fracaso en las próximas elecciones en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, y en los que además hay una clara intención de involucrar de manera negativa a Morena, lo que nuestro partido rechaza tajantemente, aseveró la diputada Rocío Nahle García.
Después de un prolongado silencio, el Presidente Enrique Peña Nieto ha apuntado hoy durante la toma de protesta en Los Pinos a la nueva directiva del Congreso del Trabajo que las recientes de capturas de ex Gobernadores son: “Un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”.
En ese sentido el presidente del Partido Revolucionario Institucional Enrique Ochoa Reza ha celebrado en su cuenta de Twitter la captura del ex Gobernaor.
“En el #PRI reconocemos el trabajo realizado por la @PGR_mx, que en coordinación con el gobierno de Guatemala detuvieron a Javier Duarte”, citó el mensaje en su red social.
No obstante, se antoja difícil que la caída del ex Gobernador pueda limpiar la imagen del PRI, sacudido en plena competencia electoral.
“Creo que el nivel de deterioro del PRI y del Peña Nieto es de tal nivel, que aún si esto lo están haciendo con el propósito de recuperar imagen es muy difícil que lo logren. Aún sigue libre Borge de Quintana Roo, que ni siquiera está acusado, César Duarte, que ya huyó, Rodrigo Medina. O sea, una golondrina no hace verano”, dijo Clara Jusidman, fundadora de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C.
En medio de una inminente ola de acusaciones penales contra gobernadores del PRI, tomó la presidencia del partido tricolor Enrique Ochoa Reza (julio del 2016). Desde entonces el otrora titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha manejado un discurso contra la corrupción.
Sin embargo, los esfuerzos priistas contra la impunidad se limitan a la expulsión de los ex funcionarios señalados de las filas de su partido, o con la suspensión de sus derechos.
Así sucedió con Javier Duarte expulsado el 25 de octubre, después de que ocho días antes un Juez había girado la orden de aprehensión en contra del ex Gobernador.
El 16 de diciembre suspendió los derechos del ex Gobernador de Quintana Roo Roberto Borge y expulsó al ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, detenido en Italia el 9 de abril.
“Las detenciones de Tomas Yarrington y Javier Duarte fueron más un acto de legitimación del cuál el PRI pretende salir beneficiado, un acto de legitimación que ahora le permitirá cambiar el discurso oficial por uno que señale el ‘combate a la corrupción’, la ‘expulsión de los malos priístas’ ”, señaló Padierna en su escrito.
RESPONSABLES ANDAN SUELTOS
Maynez manifestó que los cómplices de Javier Duarte de Ochoa no sólo andan sueltos, sino que muchos pertenecen a la bancada del PRI.
“Es tan cínico el funcionamiento del PRI que no dicen nada de los diputados federales que estuvieron cuidándose de la cárcel con el fuero de su cargo, pese haber sido funcionarios de Duarte”, dijo Maynez.
El Congreso tampoco acabó con la impunidad de Duarte. Después de meses de discutir sobre la conformación de una Subcomisión de Examen Previo para realizar un juicio político al ex Gobernador y otros funcionarios, los plazos se vencieron y el caso de Duarte de Ochoa engavetado.
¿Quién garantiza que Duarte sea castigado? El jefe de la bancada del PAN en el Senado Fernando Herrera Ávila aseguró que será la presión ciudadana.
“Ahora lo que viene es dar puntual seguimiento al proceso que se va a seguir, que no sea una simulación, que sea un proceso que dé satisfacción a la exigencia de los veracruzanos y, desde luego, también cumpla con las expectativas de la sociedad”, dijo.
