Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– Han pasado 137 días de encierro en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde el 2 de octubre pasado, cuando Ilia Adad Infante Trejo fue detenido sobre avenida Paseo de la Reforma, durante la marcha para recordar los 45 años la masacre de estudiantes en Tlatelolco, en 1968.
Ilia, estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin antecedentes penales, es señalado como “anarquista”, término con que las autoridades se refieren a los jóvenes que han causado desmanes en las más recientes movilizaciones en las calles de la capital del país.
El 2 de octubre de 2013 acudió, como miles de jóvenes, a la marcha que, horas después, terminó en revuelta entre un grupo de jóvenes encapuchados y luego en desmanes callejeros provocados por individuos del llamado bloque anarquista. En la refriega, Ilia quedó dentro de la cápsula de seguridad que aplicó la policía a la altura de la Glorieta Colón. Posteriormente fue detenido y señalado como uno de los responsables de los daños que sufrieron varios establecimientos comerciales y fachadas de bancos.
Hoy, Ilia podría recibir una sentencia de cinco años con nueves meses de prisión por los delitos de daño a la propiedad, ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, todos con la agravante de pandilla, a pesar de que su defensa legal ha presentados pruebas para demostrar que él no se encontraba en el lugar ni la hora en donde ocurrieron los desmanes de los que lo acusan.
Ante todo esto, Guadalupe Campos Jordán, abogada defensora del joven estudiante, considera que este caso es una prueba más de la criminalización de la protesta social y la sistemática violación de derechos humanos de manifestantes inocentes.
“Ilia fue discriminado por su aspecto físico, fue encapsulado con otras 100 personas en el cerco que realizaron policías desde glorieta de Colón hasta el Caballito. Allí detuvieron a jóvenes y adultos de todo tipo, a todos los llevaron ante el juez cívico y dejaron a muchos en libertad. A 40 personas aproximadamente las subieron a un autobús, los seleccionaron por su aspecto físico, por su vestimenta y principalmente a los que reclamaban y exigían que los dejaran en libertad, así fueron seleccionados”, relató la abogada defensora.
Guadalupe Campos acusa que hay línea política para evitar que el juzgado reconozca como validas las pruebas que ha presentado para demostrar la inocencia de Ilia Adad Infante Trejo.
Entre esas pruebas descartadas está una videograbación realizada por una cámara de seguridad del Banco Ixe, en la que se observa a una persona –que no es Ilia-, que de manera solitaria realiza destrozos a la fachada de la institución, mientras que dos realizan pintas sin que la policía presente.
No obstante que este video desmiente el testimonio del policía que incrimina a Ilia y que es la única prueba directa para incriminarlo, el juzgado se niega a corroborar la inocencia del estudiante, según lo relató su abogada.
“Se han desahogado varias pruebas, pero en el juzgado hay línea. Se han presentado videos de IXE Banco, en donde se observa que varias personas de manera aislada ocasionan los daños. Se presentaron otros videos de la Secretaría de Seguridad Pública y otras pruebas que fueron desestimadas”, detalló la licenciada Guadalupe Campos.
REGULARIZAR MARCHAS
En tanto, el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presiona a las otras fuerzas políticas para que se vote ante el pleno el dictamen por el que se crea la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal, la cual fue aprobada en comisiones en diciembre pasado, con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos se han pronunciado en contra de la propuesta por considerar que criminaliza la protesta social y viola el derecho a la libre manifestación.
En cambio, el Diputado panista Jorge Sotomayor Chávez, promovente de la ley, insiste en que la llamada “ley anti marchas” garantiza los derechos de los manifestantes y los del resto de la población.
Señaló que, de aprobarse, esta ley establecerá la obligación para que organizadores de una manifestación avisen con 48 horas de antelación el lugar y la hora donde se realizará la concentración, a fin de que los medios de comunicación puedan transmitir esta información a la ciudadanía.
Indicó que también se promoverá que policías capacitados en el manejo de manifestaciones por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) vigilen el desarrollo de la marcha, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como el respeto a los derechos humanos de todas las personas.
En conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, el Legislador panista Fernando Rodríguez Doval coincidió en que a la Ciudad de México le urge reglamentar las marchas, a fin de evitar más pérdidas materiales y económicas, pero sobre todo, para mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos.
“En prácticamente todos los países democráticos del mundo está regulado el derecho de manifestación, precisamente para no causar afectación a los derechos de terceros”, indicó el Legislador capitalino.
Rodríguez Doval expuso que la falta de reglas para las manifestaciones genera “anarquía” en la Ciudad de México.
“No existe una regulación al respecto y por eso vemos la anarquía que todos los días y muy particularmente desde que gobierna Miguel Ángel Mancera se ha apoderado de esta Ciudad de México”.
Por lo que adelantó que insistirán en que esta ley que ya se votó en Comisiones Unidas de Derechos Humanos y del Distrito Federal sea llevada al Pleno de la Cámara de Diputados.
PRI SE ECHA PARA ATRÁS
El Diputado Sotomayor denunció que el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se han unido para retardar la discusión del dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas, ante el Pleno, toda vez que ya fue aprobado por las comisiones del Distrito Federal y de Derechos Humanos, en diciembre del año pasado.
El Diputado Jorge Sotomayor Chávez aseguró que para retrasar la votación, priistas y panistas en la Junta de Coordinación Política pidieron a la Dirección Jurídica de la Cámara, al Centro de Estudios de Derechos e Investigación Parlamentaria y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hagan una revisión previa de la constitucionalidad de esta Ley.
“Es lamentable que estemos viendo por parte de estos dos partidos, el PRI y el PRD, la creación de métodos exprofeso para evadir la responsabilidad que tienen que es votar una ley que ha sido tan exigida para los ciudadanos que habitamos esta hermosa capital”, sostuvo.
El panista aseguró que en términos jurídicos, corresponde al Congreso de la Unión votar todo lo relacionado con seguridad pública en la capital, por lo que no se invaden facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En el mismo sentido se pronunció el Diputado Fernando Rodríguez Doval, quien acusó una “profunda incongruencia” del PRI, porque en diciembre votó a favor de esta ley y hoy la obstaculiza.
“Era justo cuando se estaba discutiendo la Reforma Energética y no dudamos que el PRI simplemente lo haya hecho como un mecanismo para amenazar a los militantes de izquierda para que no salieran a las calles, a protestar contra la reforma”, reprochó.
Los panistas fueron apoyados por su grupo parlamentario y advirtieron que harán lo que esté a su alcance para subir a tribuna la llamada “ley anti marchas”.
7 PUNTOS DE LA LEY
La Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal reconoce el inalienable derecho de toda persona de salir a las calles a manifestar de forma pública y ordenada su malestar sobre determinaciones de gobierno. Pero también establece el derecho de todos los ciudadanos de utilizar de manera organizada las vialidades de la Ciudad de México.
Prohíbe el bloqueo total de vialidades primarias o de un solo carril. Cuando sea posible, los manifestantes podrán usar los carriles laterales. Asimismo, se establecen horarios para la realización de las marchas, las cuales no podrán realizarse durante horas pico.
Impone sanciones económicas y arresto administrativo a quien impida de cualquier forma el uso de las vialidades o el libre acceso de las personas a sus centros de trabajo y realizar acciones que alteren el orden público durante el desarrollo de las manifestaciones
Establece como obligación que representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) estén presentes en toda manifestación, para vigilar el respeto de los derechos humanos.
Obliga a que todos los policías que sean enviados a resguardar las manifestaciones deberán contar con capacitación en materia de derechos humanos en materia de control de mítines.
