El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, no tiene calidad moral para hablar de justicia y seguridad. No tiene hechos que le respalden, ni cifras para presumir un real combate al narcotráfico y al crimen organizado. De hecho, la persona en la que delegó la política de combate a la inseguridad, lo abandonó aun con un año de gobierno por delante.

Efectivamente, Miguel Ángel Osorio Chong, quien quiso convertirse en el policía de la política al concentrar en la Secretaría de Gobernación que encabezó durante cinco años, las acciones de seguridad, operación policíaca y combate al crimen, no solo no dio los resultados esperados, sino que durante su labor, se incrementaron los homicidios, crecieron las células del narcotráfico, se consolidaron cárteles, y México llegó a los primeros sitios de las estadísticas internacionales de los países más inseguros, más violentos y más impunes.

Aun así, el ejecutivo nacional arremetió. Leyó ufano en uno de sus discursos: “No puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales, significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México”. Si por sus palabras es evaluado, Enrique Peña Nieto ha traicionado a México.

“Desde el inicio de mi Administración hemos hecho la parte que nos corresponde en la lucha contra las organizaciones delictivas, y lo seguiremos haciendo con determinación hasta el último día de esta gestión”, completó el Presidente Peña al inaugurar un Batallón de Infantería en Jalisco.

Pero la realidad que vive México está muy lejana de la retórica presidencial. Es cierto que en este sexenio se “ha dejado de hacer, se ha dejado pasar” en materia de seguridad. Si bien no hay un acuerdo de facto con los criminales, ni se negocia oficialmente con ellos, si existen acuerdos ilícitos que permiten a los delincuentes seguir en su escalada de violencia y drogas en total impunidad a partir de la corrupción.

Veamos, en promedio en México y durante la administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto, asesinan de manera violenta y por asuntos relacionados con la inseguridad pública, el crimen organizado y el narcotráfico, a un promedio de 1 mil 900 personas. El año 2017, octubre fue el mes más violento en el país cuando esa cifra se alzó hasta las 2 mil 700 víctimas.

A septiembre de 2017 y contando desde el día en que Peña Nieto tomó posesión, en el semanario ZETA de Baja California se contabilizaron 104 mil 602 ejecutados. Si sumamos los 2 mil 700 de octubre, y asignamos el promedio de 1 mil 900 por mes a los meses de noviembre y diciembre, se contabilizan 111 mil 102 ejecutados en los cinco años del gobierno peñista.

Normalmente relacionados con el narcotráfico estos homicidios dolosos no se resuelven. Se cuentan pero no cuentan. Sirven para la estadística y como parámetro de medición de la violencia en el país, no solo de autoridades que deberían accionar estrategias de combate para contener la violencia, sino para organizaciones de la sociedad civil, y aún más para la medición de la inseguridad en el mundo. De ahí que México siempre ocupe los primeros lugares en la materia.

Otro hecho. La impunidad. La Procuraduría General de la República mantiene un alto nivel de impunidad, especialmente en los asesinatos, que aun originados en delitos del fuero federal como narcotráfico y crimen organizado, ignorar esas investigaciones y las dejan en los estados de la República en el fuero común, como si se tratase de cualquier otro homicidio. En esas condiciones, la impunidad en los casos de ejecuciones alcanza niveles de 90 por ciento.

De acuerdo al Índice Global de Impunidad 2017, realizado por la Universidad de las Américas en Puebla, México es el cuarto país con mayor impunidad en el mundo. El indicador en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, ubica el nivel de impunidad en 69.21 por ciento en nuestro país. Si consideráramos ese indicador sobre los 111 mil 102 ejecutados en cinco años, resultaría que 76 mil 893 ejecuciones permanecen en la impunidad.

Los desaparecidos es otro rubro en el que el Presidente Peña ha fallado a los mexicanos, y de acuerdo a su parámetro, los ha traicionado. De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a agosto de 2017 se contabilizaban en el país 32 mil 277 personas desaparecidas. Es justo recordar que en febrero de 2013 la Secretaría de Gobernación, ya en facultad de Osorio Chong, dio a conocer –para sustentar la violencia y la inseguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa- que en México se registraban poco más de 26 mil desaparecidos.

En estricto sentido y con cifras del gobierno federal, esos datos indican que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos incrementaron en 6 mil 277, tan solo en números oficiales y descartando en automático los casos resueltos, si es que los hubo.

Un tema muy relacionado con las más de mil 75 fosas clandestinas que entre 2007 y 2016 se han localizado en México de acuerdo al informa Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México, realizado por la Universidad Iberoamericana.

Otra falla: Mientras parece que el cártel de Sinaloa está siendo desmantelado poco a poco por la autoridad federal, con la ayuda de las corporaciones de investigación y antinarcóticos de los Estados Unidos (así cayó Joaquín Guzmán Loera luego que se escapó en el sexenio de Peña), el cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido un ascenso impresionante durante este sexenio, hasta llegar a controlar la criminalidad y el trasiego de drogas en 22 de 32 estados de la República Mexicana, mientras su líder, Nemesio Oseguera “El Mencho”, goza de impunidad al encabezar una de las organizaciones delictivas más sanguinarias de los últimos años.

La impunidad que el gobierno federal provee al narcotráfico y al crimen organizado inicia cuando renuncia a su facultad y obligación de investigarlos a partir de las delegaciones de la Procuraduría General de la República en los Estados, oficinas que han sido reducidas a tramitadoras y representaciones de un centralismo que no resuelve a lo lejos los delitos locales.

Al igual que Felipe Calderón, aun cuando en otra medida, el Presidente Peña descargó la persecución del narcotráfico en el Ejército Mexicano y la Armada de México, instituciones que coordinadas con fuerzas policíacas de los Estados Unidos, fueron las encargadas de aprehender a los pocos criminales que fueron capturados este sexenio.

Tan es su respaldo a la persecución de criminales por parte de las fuerzas armadas, que ahora pretende con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, dar facultades legales a los militares y marinos en materia civil. Que persigan la criminalidad y provean seguridad en municipios y estados, antes que depurar las policías civiles y combatir la corrupción en las mismas.

Sí, México es uno de los países más inseguros en el mundo, y esa violencia e inseguridad incrementó en el presente sexenio, y sí, de acuerdo a sus palabras, Enrique Peña Nieto ha traicionado a México al no ejercer el Estado de Derecho, al no detener a los asesinos ni a los secuestradores, al no aprehender a los narcotraficantes y no encontrar a los desaparecidos.

Adela Navarro Bello

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