Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunció que México atraviesa “la peor crisis de violencia desde la Revolución mexicana” con 22 mil desapariciones forzadas y más de 70 mil ejecuciones extrajudiciales en el país ante la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI).
En el marco del 13º periodo de sesiones de la asamblea, la comisión expuso “la sistemática violación a los derechos humanos cometida en contra de la población civil mexicana”, a partir de 2006 con la “Guerra contra el narcotráfico” que emprendió el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La CMDPDH señaló por medio de un comunicado de prensa que por la política de seguridad militarizada implementada desde entonces, “el país atraviesa la peor crisis de violencia desde la Revolución mexicana” con 22 mil personas desaparecidas, 70 mil ejecuciones.
Precisó que se tiene el registro de más de 160 mil desplazados internos por la violencia y miles de casos de tortura. Sin embargo, refirió que el gobierno de México califica “estas graves violaciones de derechos humanos como ‘hechos aislados’ ”.
“Frente a esas cifras que debieran alertar la conciencia de la comunidad internacional y sobre todo detonar su actuación para proteger a los civiles, no existen sentencias. Los autores materiales y los más altos responsables del Estado y de las organizaciones criminales disfrutan de la impunidad y no pareciera que el país tenga ni la capacidad ni la voluntad, para llevar a juicio a quienes cometieron los crímenes”, refirió la Comisión.
El organismo civil acusó además que la situación se agrava porque “la impunidad impera en el país” , puesto que sólo el 1.5 por ciento de las denuncias son atendidas por un juez.
“Estamos convencidos que la CPI cuenta con los elementos suficientes para suponer que crímenes muy graves de su competencia se han cometido en México y que además, las instituciones de procuración de justicia no quieren o no pueden llevar a juicio a los más altos responsables”, dijo.
La agrupación civil se mostró confiada de que el Sistema de CPI redoblará esfuerzos para fortalecer la “complementariedad positiva en el caso mexicano, y que la Fiscalía le brindarán auxilio a las débiles instituciones y a las víctimas, para que el país cumpla con sus obligaciones conforme al derecho internacional, lo cual implica; investigar, procesar y castigar a todos los responsables, incluidos aquellos que ocupan las más altas posiciones en las estructuras de poder del Estado o de las organizaciones criminales”.
En noviembre de 2005, México ratificó el Estatuto de Roma, por lo que la CPI, que tiene la competencia para juzgar a personas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio y que está integrada por jueces internacionales independientes, puede juzgar crímenes cometidos en México y “y castigar a los responsables, ya sean personas en las altas esferas del poder del Estado o de grupos del crimen organizado”.
A diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o de comités de las Naciones Unidas, la CPI establecen la responsabilidad por violaciones a derechos humanos a personas físicas y no al Estado.
