Los ejidatarios de La Sierrita de Galeana, Durango, interpusieron un amparo ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, el cual estableció en la resolución de la demanda contra la minera canadiense Excellon Resources que las tierras pertenecen a los ejidatarios, sin embargo, pide el pago de más de 5 millones de pesos a la minera, en tanto las tierras permanecerán embargadas.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– El Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, entregó la resolución que condena a la empresa minera canadiense Excellon Resources la desocupación inmediata de las tierras de uso común del ejido de La Sierrita de Galeana en Durango. Sin embargo, los ejidatarios se ampararán ante el Tribunal pues la resolución establece que deben pagar a la minera más de 5 millones de pesos manteniendo un embargo sobre las tierras arrendadas hasta en tanto el ejido no pague a la empresa minera la cantidad señalada.
A través de un comunicado los ejidatarios de La Sierrita de Galeana, ubicada en el municipio de Tlahualilo, Durango, informaron que presentarán un amparo ante la resolución del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto ya que, la magistrada Marcela Gerardina Ramírez Borjón ordenó al ejido pagar a la empresa minera la cantidad de 5 millones 612 mil 38 pesos.
Las tierras arrendadas de La Sierrita se mantendrán embargadas hasta que no se pague a Excellon Resources la cantidad establecida.
Hecho que para el abogado y Coordinador del Área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Juan Antonio López dijo que el embargo es una clara violación al derechos humanos.
“El embargo significa una clara violación al derecho humano a la propiedad social y a la tierra del ejido La Sierrita. Se viola también el artículo 27 de nuestra Constitución, dentro del cual se establece que las tierras ejidales son inembargables, resaltando que las mismas no pueden mantenerse condicionadas por un adeudo económico y totalmente civil. Aunado a esto, la misma sentencia es claramente violatoria del derecho al acceso a la justicia de las y los ejidatarios, pues es ambigua y condena a ambas partes a pagar a la otra cantidades prácticamente idénticas”.
La resolución a esta demanda, entregada a los ejidatarios cuatro años después, violenta, según el documento, su derecho de acceso a la justicia ya que a pesar de que la resolución fue favorable para los ejidatarios pues solo les garantiza el derecho a la tierra y el embargo sigue en pie.
Por su parte, el Presidente del Comisariado Ejidal de La Sierrita, Daniel Pacheco dijo que “esta sentencia representa una victoria parcial ya que las y los ejidatarios podremos recuperar nuestras tierras, seguiremos organizados para lo que falta, mantendremos la exigencia para que se respeten nuestros derechos humanos y buscaremos que se haga justicia total, razón por la cual presentaremos una demanda de amparo”.
En abril de 2008 los ejidatarios firmaron un contrato temporal con la empresa minera canadiense Excellon Resources para rentarle 1 mil 100 hectáreas a cambio del cumplimento de cláusulas sociales, medioambientales y económicas en beneficio de los habitantes. Sin embargo, el 11 de marzo de 2011 la trasnacional violó la cláusula sexta al explorar más tierra de lo acordado sin autorización de la Asamblea General de Ejidatarios.
En ese contrato se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales como, por ejemplo: un fondo social y apoyo en actividades productivas del ejido, una planta tratadora de agua y preferencia a ejidatarios para su contratación en la mina, las cuales en su mayoría fueron incumplidas.
Ante ello, el cuatro de septiembre de 2012 la asamblea presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario para anular el contrato, así como exigir la consecuente restitución de sus tierras y el resarcimiento de los daños ocasionados.
Durante el desarrollo del juicio los ejidatarios también denunciaron el amenazas e intimidación, así como engaños del gobierno estatal que actúa en contubernio con la embajada de Canadá.
Además, durante el 2013, denunció ProDESC, los ejidatarios de La Sierrita “sufrieron amenazas, hostigamientos y violencia” por parte de la empresa minera Excellon Resources, de algunos integrantes de la comunidad de Bermejillo y de integrantes del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada.
“Recibimos amenazas por teléfono, intentos de sacarnos de la carretera, llegaba la policía estatal y paseaba a compañeros de la comunidad. A uno o dos los golpeaban”, dijo Daniel Pacheco.
En noviembre de ese año, detuvieron a Héctor Pacheco, familiar de ejidatarios y miembro de la comunidad. Antes también detuvieron a Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona, y Ricardo Calderón.
