El Frente por la Libertad de Expresión se manifestó en contra del proceder de los elementos de la policía estatal de Michoacán, quienes el pasado sábado 14 de octubre reprimieron, golpearon y detuvieron a al menos 65 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío.
También recordaron las agresiones del Gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo en contra de integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), en específico contra el activista Carlos Olivares Valencia, perpetradas en un operativo del que resultaron dos personas detenidas de manera arbitraria.
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Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– El Frente por la Libertad de Expresión, conformado por Organizaciones No Gubernamentales internacionales y de México, denunció la continua represión por parte del gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles Conejo, en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, activistas y defensores de derechos humanos.
A través de un comunicado, el frente se manifestó en contra del proceder de los elementos de la policía estatal, quienes el pasado sábado 14 de octubre reprimieron, golpearon y detuvieron a al menos 65 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío. También, recordaron las agresiones en contra de integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), en específico contra el activista Carlos Olivares Valencia, perpetradas en un operativo del que resultaron dos personas detenidas de manera arbitraria.
En una serie de videos y fotografías difundidas en redes sociales, se observa cómo los estudiantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos y golpeados por los uniformados.
Las organizaciones recordaron que el pasado 10 de octubre del 2017 los integrantes del MCDL realizaron una protesta pacífica en la ciudad de Morelia, Michoacán, para exigir la evaluación de los daños en las casas y escuelas ocasionados por las explosiones que la empresa PROACON-ALDESA ha realizado para la construcción de una vialidad.
El Frente detalló que al menos 80 elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP) llegaron a reprimir violentamente la manifestación. Durante el enfrentamiento, un grupo de sujetos vestidos de civiles sometió al activista Carlos Olivares Valencia, despojándolo de su teléfono celular y subiéndolo a una camioneta blanca sin placas. Dentro del vehículo, Carlos fue golpeado, insultado y amenazado.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denuncio que esta serie de hechos violan los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, a la libertad, a la integridad y a la seguridad jurídica, de los estudiantes normalistas de Tiripetío y de integrantes del MCDL.
“Vemos con preocupación que se esté utilizando de manera sistemática a la fuerza pública para reprimir a dichos estudiantes y activistas: recordamos las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas el pasado 21 de junio, especialmente contra Gael Solorio Cruz, quien resultó gravemente herido por una bala perteneciente a los elementos de la Policía Estatal de Michoacán”.
Las organizaciones exigieron al Gobierno de Michoacán el cese de las agresiones y de las detenciones arbitrarias en contra de las personas que se manifiestan en la entidad y a la Procuraduría General de Justicia del Estado que garantice investigaciones imparciales, así como la garantía a los derechos a la protesta social y a la libertad de expresión.
Asimismo, exigieron que el estado de Michoacán sancione a las personas que participaron en las detenciones arbitrarias de los estudiantes de Tiripetío y del MCDL, y que cumpla con la obligación que tiene de garantizar de manera plena el derecho a la educación, partiendo del diálogo con los estudiantes normalistas, a favor de satisfacer sus necesidades y las de su Escuela.
“En el marco de los hechos denunciados, repudiamos el uso de la fuerza y la violencia policial, así como la criminalización de la protesta social, de los estudiantes normalistas y de las personas defensoras de derechos humanos. De igual manera, resaltamos la importancia que tienen las normales rurales y las y los estudiantes de éstas en las comunidades como personas defensoras del derecho a la educación en el país”.
