El verde, blanco y rojo, los colores de la bandera mexicana, pintan las calles y plazas públicas no sólo durante las fiestas patrias sino como marcas de un país que ha forjado su nacionalismo a través de los años, defendiendo lo que por Ley les pertenece.
A estas alturas, la cooptación de los colores nacionales parece ser una de las cuestiones menos importantes, sobre todo cuando otros símbolos nacionales y más importantes atraviesan por crisis económicas y políticas: la educación y la salud pública, el campo y el petróleo de los mexicanos, protagonistas que por décadas alimentaron la idea de lo nacional, y hoy están en vilo por políticas que privilegiaron la corrupción, el olvido y la privatización.
Académicos y especialistas debaten en SinEmbargo si hay Patria para festejar, cuando el principal motor de la economía nacional, Petróleos Mexicanos, atraviesa por una crisis económica que, dicen, es incluso impulsada desde el Ejecutivo federal; cuando en el campo, miles de pequeños productores subsisten con apoyos económicos, que más que utilizarlos para sus tierras, los ocupan para alimentar a sus familias; cuando se sospecha de una posible privatización de los principales institutos que dan seguridad social a los trabajadores (IMSS e ISSSTE) y cuando la calidad de la educación pública está sumamente cuestionada.
Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– Las calles del Estado de México, la entidad que por asociación se liga automáticamente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se visten de verde, blanco y rojo todos los días, como una muestra de que de ahí emanó el Presidente actual, Enrique Peña Nieto.
Son colores que comparte el partido que ha durado más años en el poder y la bandera mexicana, ya sea por cuestiones de propaganda o por el “nacionalismo” impulsado por quienes ganaron la Revolución. Son ya 74 años de que el PRI es el verde, blanco y rojo de México y por ello los coloca en alcaldías, en el transporte público, en hospitales, en carreteras…
Pero las calles mexiquenses también recuerdan lo que alguna vez las instituciones que dieron vida al partido hegemónico de México defendieron: la tierra, la educación, el petróleo… la Patria. Esas cosas que hoy parecen tan lejanas del mexicano por las crisis que atraviesan.
El Estado de México, una de las regiones que durante toda su historia ha colocado al PRI al frente de la gubernatura, vive a diario el nacionalismo al estilo priista: lo portan en las playeras, gorras, mochilas, cuadernos, lapiceras, cubetas, despensas… que alguna vez el partido les regaló estando en campaña electoral.
Pero el nacionalismo no sólo está en los colores, también está en aquellas instituciones que los mexicanos forjaron como símbolos de su país. Son símbolos que actualmente atraviesan por crisis económicas y políticas, y para los que el camino no parece fácil, porque las políticas públicas a lo largo de los años los han dejado a su suerte.
La educación y la salud pública, el campo y el petróleo de los mexicanos, elementos que por años han guardado un tinte de lo mexicano, de lo nacional, están en vilo por políticas de corrupción, olvido y privatización. Esas instituciones que alguna vez fueron motivo de orgullo hoy están en sus peores momentos.
En estas fechas en las que se grita ¡Viva México! por las calles vestidas del color del PRI y de la bandera, académicos y especialistas cuestionan si hay Patria qué festejar, cuando el principal motor de la economía nacional, Petróleos Mexicanos, atraviesa por una crisis económica que es incluso, impulsada incluso desde las oficinas del Ejecutivo federal.
Cuando en el campo, miles de pequeños productores subsisten con apoyos económicos, que más que utilizarlos para sus tierras, los ocupan para alimentar a sus familias; cuando se sospecha de una posible privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y cuando la calidad de la educación pública está sumamente cuestionada.
Estos cuatro pilares guardan elementos que fueron resultado de luchas sociales, que derivaron en la fundación o en sus mejoras. Dos de ellos, intentan impulsar reformas que han sido cuestionadas económica y políticamente: el petróleo y la educación; mientras que el campo y la salud, están a la expectativa de lo que la segunda etapa de reformas de la actual administración les depare.
Los expertos rematan: ¿Qué tiene hoy nuestro país qué festejar? ¿De qué Patria se habla? ¿De la defensa de qué Nación si los recursos ya están completamente privatizados?
PEMEX: LA HISTÓRICA BASE ECONÓMICA
Petróleos Mexicanos ha sido desde 1938 la empresa con mayor peso productivo del Estado mexicano y aunque cuenta con operaciones en el extranjero y maneja grandes exportaciones de crudo, hoy, a sus 77 años, se encuentra en una crisis financiera, producto de su pasivo laboral y el entorno del mercado internacional, aseguran analistas.
Hace 10 años, la entonces paraestatal cerró el 2005 con una producción de 3.333 mil barriles diarios (Mbd) de crudo, mientras que para 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia y designó a Emilio Lozoya Austin como director general de Petróleos Mexicanos, se registró una producción promedio de 2.548 Mbd, mientras que en agosto de este año el promedio de producción fue de 2.271 miles de barriles.
Con la implementación de la Reforma Energética, Enrique Peña Nieto prometió a los mexicanos más empleos y mayor inversión para la exploración y extracción del crudo, sin embargo durante el último proceso de la Ronda Uno, el consorcio Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil apenas logró adjudicar dos bloques de los 14 que se ofertaron para explorar las aguas someras del Golfo de México, lo que para algunos significó un fracaso ya que al principio del proceso 12 empresas se habían interesado en las licitaciones.
Alfredo Bravo Olivares, académico en Economía Política de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que se trata de políticas que buscan encaminar franca y abiertamente a la industria petrolera y eléctrica a la apertura privada, bajo el argumento de que los privados son más eficientes, sin un solo ejemplo que demuestre esta apreciación.
“No hay ni un sólo ejemplo de un caso en el que los precios de los energéticos hayan bajado sobre la base de un proceso de privatización. De lo que sí sobran ejemplos es de la privatización de industrias o de ramas productivas fundamentales que se han traducido en un incremento sustancial de los precios […] es un mito, y sobre la base de un mito aprueban reformas que buscan beneficiar a unos cuantos”, afirma.
De acuerdo con los últimos informes de Pemex, la producción de la mezcla mexicana acumula una contracción de 195 Mbd, lo que equivale al 7.9 por ciento entre enero y agosto en comparación con el mismo periodo de 2014.
Analistas coinciden que la debacle petrolera se debe a la sobre oferta en el mercado internacional de petróleo y al mismo tiempo se asemeja a la crisis de 2009, cuando el precio del crudo rompió el piso de los 30 dólares. Durante este año, el valor más alto apenas tocó los 58.43 dólares en comparación con el precio máximo del año pasado que fue de 102.41 dólares durante el mismo mes.
A Pemex se le debe analizar siempre como un instrumento fundamental para el desarrollo. Para Bravo Olivares, el hecho de que los objetivos de crecimiento económico no se estén alcanzando, no quiere decir que sea por culpa del petróleo.
Nymia Almeida, Credit Officer de Moody’s, asegura que el reto de Petróleos Mexicanos es lograr la generación sostenida de efectivo y mantener la inversión, ya que “es una industria que el 78 por ciento de lo que invierte al año es para exploración y producción”.
Respecto a los ingresos que deja la venta de la mezcla mexicana, tan sólo durante los primeros 6 meses de este año, descendieron en 38.3 por ciento anual respecto al año anterior y se ubicaron en 381 mil 880 millones de pesos.
Pero el mayor riesgo de las finanzas de Pemex está en el pasivo laboral de sus trabajadores que asciende a 1 billón 474 millones 8 mil 528 pesos, es decir el 8.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dados a conocer en junio pasado.
En ese sentido Luis de la Calle, economista y director general de CMM, opina que “lo que ha frenado al sector industrial es Pemex y no sólo se ha caído la producción del petróleo sino también los petroquímicos y ha sido por razones estructurales”.
La ASF detalló además que el número de pensionados creció en 11 años un 55.1 por ciento por retiros laborales anticipados, en tanto que total de jubilados era de 104 mil 919 a finales de 2014
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dieron a conocer en febrero pasado que el sector petrolero aportó al país 6 por ciento del PIB durante 2014, mientras que las exportaciones descendieron 43. 7 por ciento.
Para 2015 el Congreso aprobó 540.5 mil millones de pesos para Pemex, mientras que para el siguiente año Secretaría de Hacienda propuso un gasto de 478.3 mdp, es decir 13.01 por ciento menos que el año anterior.
Y esta situación no se limita sólo al petróleo, dice el académico de la UNAM.
“En el país hay oro, plata y minas que hoy están, en su mayoría, concesionadas. Son todos los recursos naturales, la industria eléctrica en una palabra, se han convertido en un mecanismo de obtención de ganancias y de financiamiento para este grupo selecto, a costa de que esos recursos dejen de ser parte del financiamiento de la política pública nacional”, afirma.
EDUCACIÓN ESTANCADA
El proyecto educativo surge del periodo posrevolucionario y José Vasconcelos, puede decirse, es la figura clave. Como Rector de la Universidad Nacional de México, inició el proyecto de una Secretaría de Educación Pública federal bajo tres ejes: uno que abarcara todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta la universidad; bibliotecas para garantizar material de lectura para todos, y un departamento de Bellas Artes, que coordinara todas las actividades artísticas que complementarían la educación.
Así, el 3 de octubre de 1921 surge la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tendría el objetivo de cumplir con lo establecido en el Artículo 3 de la Constitución:
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación […] desarrollará armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.
A 94 años de su fundación, una reforma que ha encontrado fuerte oposición y los números que evalúan la calidad de lo que se imparte, pone en jaque los preceptos establecidos. México tiene un rezago educativo de un promedio de 8.6 años, mientras que 22.4 millones de personas no tienen acceso a la educación, según señala información del Coneval.
De acuerdo con el reporte de Desarrollo Humano 2014 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México se sitúa en la posición número 71 en desarrollo humano a nivel mundial, a pesar de que destina 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto a este sector, cuando Australia, Alemania y Singapur invierten menos y ocupan los primeros lugares del ranking. El aumento en inversión se registra desde 2009, pero los avances resultan poco visibles.
Otro dato extraído del reporte, señala que en México, los maestros suelen tener más a su cargo a un mayor número de alumnos; en promedio cada uno atiende a 28, mientras que en los países mejor calificados la cifra no es mayor a 15.
Y es que México, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el único de sus países miembros en donde se espera que los jóvenes de entre 15 y 29 años pasen más tiempo trabajando que estudiando, lo que significa un gran riesgo de que una actividad sustituya de manera definitiva a la otra.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la SEP tendría una reducción de 4.6 por ciento; es decir que pasará de 305 mil 57 millones 143 mil 549 pesos a 299 mil 359 millones 767 mil 432 pesos.
En lo que respecta al recién creado Programa de la Reforma Educativa –que fusiona los objetivos de Escuelas de Calidad y Escuela Digna– se le han asignado 7 mil 607 millones 774 mil 802 pesos. Es decir, 2 mil 800 millones de pesos más que lo presupuestado en 2015.
Pero por mucho que aumente el gasto público para el sistema educativo en México, entre 80 y 90 por ciento se destina al pago de la nómina, tal como ocurrió entre 2010 y 2012; en este lapso el Gobierno federal aumentó en 14.6 por ciento el presupuesto para el sistema.
La nómina de los maestros del sector público, que está salpicada por la corrupción, ha absorbido durante 21 años prácticamente el total de los recursos económicos que se destinan a la operación del sistema educativo; de cada 100 pesos 84.30 pesos están etiquetados para cubrir el salario de 1.8 millones de maestros. Este es el número más actualizado del que dispone la Secretaría de Educación Pública (SEP) después de realizar el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica.
En contraste, la inversión del gasto público que se destina para la formación académica de quienes cursan la educación básica, media y superior no cubre el promedio de lo que realizan la mayoría de los países de la OCDE; el organismo internacional establece que el promedio de inversión por cada estudiante que cursa la educación básica es de 7 mil 718 pesos pero el gobierno mexicano destina 2 mil 185 pesos, esto es 78 por ciento menos. El mismo caso aplica para los estudiantes del nivel medio cuya inversión promedio en los países de la OCDE es de 9 mil 312 pesos y en México la proporción es de 27 por ciento, es decir de 2 mil 536 pesos menos.
Derivado de todo este panorama están los hábitos. Según la encuesta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el 43 por ciento de los mexicanos nunca han asistido a una biblioteca, principalmente porque “no tienen tiempo”, “no les gusta leer” o “está muy lejos”. Los encuestados respondieron en su mayoría que están algo interesados o poco interesados en actividades culturales.
EL CAMPO: OLVIDO HISTÓRICO
Entidades internacionales lo han señalado: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) beneficia sólo a grandes productores de alimentos, y deja de lado a más de 3 millones de pequeños productores rurales que abonan al país cerca de 30 mil millones de pesos anuales.
El rescate al campo no es sólo por los productores, sino también por el derecho a la salud alimentaria de los mexicanos.
Para organizaciones campesinas y de especialistas del sector agropecuario, el abandono deliberado al que están sometidos los pequeños productores proviene de la puesta en marcha de la política neoliberal en México y, concretamente, con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994, que trajo consigo la focalización del mercado en grandes empresas y el olvido de la base productiva.
De acuerdo con Bravo Olivares, la del campo es una tragedia todavía peor que la de los energéticos, porque para funcionar requiere un financiamiento enorme y de recursos para su modernización en el mejoramiento de técnicas de producción, pero aunque el sector sobrevive en abandono, parece que el gobierno no está dispuesto a desembolsar recursos.
“Este también es un sector azotado por el asistencialismo gubernamental condicionado, en el cual sólo hacen una trasferencia de recursos a cambio de que la gente se inscriba en sus padrones, y así México pueda ir a entregar el número de personas que se dieron de alta para demostrar que cumple con los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero no van más allá”, opina al respecto el académico de la UNAM.
Agrega que actualmente no hay una política de rescate al campo, que en lugar de dar transferencias condicionadas, genere una inversión productiva, “ese es el problema de fondo: no hay disposición para hacer una inversión productiva y prefieren [el Gobierno] gastar una cantidad pequeña de recursos en estar dando permanentemente dinero, para que cumplan con sus objetivos o que sigan obteniendo votos; no le preocupa incrementar la productividad del campo, porque a final de cuentas también hay gente dentro de la producción agrícola con grandes cantidades de cultivos, que se beneficia con la ausencia de una política de racionalización en la inversión”.
En el caso concreto de los productores de maíz, el 85 por ciento de los campesinos poseen no más de siete hectáreas. Aunado a esto, las políticas gubernamentales asistencialistas y de apoyos económicos sólo sirven para la manutención de las familias y no para invertir en las actividades agrícolas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Lo anterior subyace una política pública del sector agropecuario errónea, a decir de Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), entrevistado por SinEmbargo.
Plantea que se trata de una política que ha privilegiado a una minoría de grandes corporaciones agroalimentarias, como Bimbo, Bachoco, Lala, Maseca, Monsanto, SuKarne y Nestlé, que concentran el 70 por ciento del presupuesto para el campo, detalla el director de la ANEC. En contraste, el 85 por ciento de los pequeños y medianos productores, dice, han permanecido desatendidos por el Gobierno. Los programas que existen para ellos funcionan con un enfoque “asistencialista” y de control político y no para impulsar su desarrollo.
Una consecuencia de este modelo, enfatiza, es que México no consigue su autonomía alimentaria y los productores han perdido rentabilidad en su trabajo. Y ambas situaciones, a su vez, provocan que persista la pobreza y la desigualdad en el campo.
Otro factor a considerar son las severas repercusiones en la salud pública. Hay una relación entre el 40 por ciento de los alimentos del país que son producidos por pequeños campesinos y el 80 por ciento de los mexicanos que están expuestos a vivir dentro de algún grado de pobreza, con los alimentos que integran la canasta básica de las personas y el salario mínimo actual, que refleja la calidad de alimentos que se consumen: ultra procesados y poco nutritivos. Hoy en día, 28 millones de personas viven con carencia alimentaria.
“El arroz, el frijol, el maíz y el chile se importa. Cuando hablamos de un país que no tiene ni siquiera la capacidad de sustentar su consumo de productos básicos provenientes del campo, estamos frente a una tragedia”, añade Bravo Olivares.
EL SISTEMA DE SALUD, INALCANZABLE
La universalidad, equidad y calidad, son los elementos que posterior al periodo revolucionario, vienen contenidos en los objetivos que administración tras administración se buscan alcanzar en materia de salud, un derecho establecido en el párrafo cuarto de la Constitución mexicana.
Actualmente, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), alrededor de 21.8 millones de personas viven con carencia en servicios de salud; en dos años, la política sólo benefició a 3.5 millones de personas, y acotó que un factor no evaluado era la calidad de los servicios.
Esta es una interrogante que ha estado presente en los últimos meses: ¿qué sucede con el sistema de salud en México?
La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943 y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1959, fueron avances contundentes en el cumplimiento de esta tarea.
El IMSS con la finalidad de garantizar el derecho a la salud, asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y servicios sociales, y el otorgamiento de una pensión garantizada por el Estado. El instituto realiza en un día más de 486 mil consultas médicas, de las cuales más de 330 mil son de medicina familiar, más de 79 mil son de especialidades, 58 mil son atenciones por urgencias y alrededor de 19 mil son consultas dentales.
Además, diariamente se registran poco más de 5 mil 500 egresos hospitalarios y 4 mil 100 cirugías, y más de mil 200 partos.
Por otra parte, información del Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) plantea que tan sólo el año pasado, 5.2 millones de derechohabientes al ISSSTE utilizaron los servicios de salud del Instituto, esto es el 40.8 por ciento de la población amparada.
Sin embargo, en fechas recientes y con frecuencia, usuarios han difundido actos de negligencia médica, como el caso del bebé de un año de edad al que le fue extirpado uno de sus ojos por error.
Entre las quejas más comunes, de acuerdo con el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), está que los mexicanos en áreas urbanas aguardan en promedio 1 hora 40 minutos para ser atendidos en consultas externas.
Otro dato destaca que el 11 por ciento de los gastos administrativos en el sector salud mexicano, representan el triple del promedio entre los países de la OCDE, y siete de cada 10 usuarios de consultorios privados están afiliados a un servicio de salud: 39 por ciento al Seguro Popular y 29 por ciento a la seguridad social; el 79 por ciento de las medicinas las pagan las personas, y el gasto de bolsillo para pagar consultas particulares, medicamentos o tratamientos pueden significar hasta el 44 por ciento del total de los ingresos familiares.
Otro factor a considerar puede ser el del presupuesto. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2016, estima una reducción de 5 mil 181 millones de pesos en comparación con lo aprobado en 2015.
Para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto que México destina a salud está muy por debajo del promedio que los países mas desarrollados gastan en este rubro.
“Por tanto, si queremos hablar de universalizar los servicios de salud en México, deberíamos empezar por unificar paquetes de salud, hacer el gasto en salud más eficiente y evaluar si éste debería aumentar y finalmente disminuir considerablemente el gasto privado”, plantea un estudio.
–Con información de Xanath Lastiri
