Desde la campaña electoral, el tema de la Fiscalía General de la República y su autonomía constitucional, decretada desde la reforma constitucional de enero de 2016, ha sido objeto de polémica entre las organizaciones de la sociedad civil y el ahora Presidente electo, como ya lo había sido antes, cuando el actual gobierno pretendió echar mano de los subterfugios legales establecidos en los artículos transitorios de la reforma constitucional al artículo 102 para dejar como Fiscal general por nueve años al procurador nombrado con el procedimiento previo de designación, en el cuál el Presidente proponía y el Senado ratificaba.

La reforma de 2016 estableció la autonomía constitucional de la nueva Fiscalía, pero en los transitorios del decreto dejó resquicios que podrían conducir a que el cambio fuera meramente cosmético. Por una parte, el ya mencionado sobre el nombramiento del primer Fiscal, el cual, gracias al trabajo de diversos grupos de la sociedad civil y de la academia, acabó por reformarse: esta misma semana concluyó el proceso por el cual el constituyente permanente eliminó el llamado "pase automático" del procurador a Fiscal general, que hubiera surtido efecto en el momento mismo de la aprobación de la ley orgánica del nuevo órgano constitucional autónomo.

Más grave, si cabe, resulta lo establecido por el artículo decimonoveno transitorio del decreto de reforma constitucional de enero de 2016, pues determina que en el momento en que entren en vigor las leyes secundarias que regulen el funcionamiento de la Fiscalía "...los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán al órgano autónomo que el propio Decreto establece", con lo que todo el aparato actual de la PGR, con su cauda de ineficiencia y corrupción, sería heredado por el nuevo órgano, lo que de entrada lastraría todo el proceso de rediseño del ministerio público que resulta indispensable para dejar atrás una historia de incapacidad institucional en la procuración de justicia en México.

Existe suficiente evidencia sobre las profundas taras de la actual Procuraduría como para hacer necesaria su sustitución por un órgano nuevo, capaz de superar la arbitrariedad y la ineficacia técnica con la que tradicionalmente ha operado el ministerio público. Como ha ocurrido en otros casos, la autonomía constitucional debe ser usada para construir un servicio profesional de carrera rigurosos, donde los incentivos de sus integrantes estén determinados por su formación y su buen desempeño, no por su lealtad política y su disciplina, como ocurre actualmente.

La autonomía constitucional ha sido la vía para acabar, en ámbitos específicos de la actividad estatal, con el clientelismo y el patrimonialismo que han caracterizado históricamente a la administración pública mexicana. En el caso de la Fiscalía, la profesionalización basada en una rigurosa capacidad técnica tiene especial importancia por lo delicado de su materia, de la que depende en buena medida la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad de las personas. La impunidad generalizada, causa de buena parte de la inseguridad y la violencia, son producto, de la incapacidad de los órganos de procuración de justicia, inútiles para llevar ante los jueces a los verdaderos delincuentes, lo que suplen con frecuencia con culpables inventados arbitrariamente para encubrir su torpeza.

Por otra parte, la actual PGR es un cuerpo carcomido por la corrupción, arraigada en el conjunto de prácticas informalmente institucionalizadas en su funcionamiento. Un cuerpo dedicado a la venta de protecciones particulares, que solo persigue los casos con relevancia política o aquellos que le reditúan económicamente a sus agentes. Si la nueva Fiscalía hereda esas malas prácticas, la impunidad y la iniquidad seguirán siendo la marca de la injusticia nacional.

De ahí que el centro de la reforma en curso sea el diseño del nuevo cuerpo profesional: criterios de ingreso, promoción, permanencia y retiro basados en el buen desempeño profesional, en los resultados obtenidos; una estructura jerárquica donde las cadenas de mando no dependan de lealtades políticas, sino que se establezcan a partir de los resultados. Un nuevo cuerpo de fiscales con sólidos conocimientos jurídicos, capaces de armar casos firmes para llevarlos a los jueces con amplias posibilidades de éxito y con los elementos materiales y técnicos necesarios para no dejar casos no resueltos. El objetivo debe ser una reducción sustancial de la impunidad, pero con pleno respeto al orden jurídico, a la presunciaón de inocencia y a los derechos humanos.

Tampoco es trivial el procedimiento de nombramiento del Fiscal. La idea de que este debe ser un incondicional del Presidente debe ser desterrada. Lo ideal sería que la parte política del nombramiento se limitara a la selección de una terna entre integrantes del cuerpo profesional de fiscales, lo mismo que para las fiscalías especiales determinadas por la Constitución. Como el cuerpo profesional aún no existe, el procedimiento establecido por el artículo 102 debe poner el énfasis en la formación de la lista de diez candidatos, entre los cuales el Presidente de la República deberá elegir a la terna, de la cual el Senado deberá nombrar al Fiscal. Pero para que este proceso sea posible, es necesario que primero se apruebe la ley orgánica del nuevo órgano y que en ese ordenamiento quede claramente establecido el sistema de profesionalización y los términos de su actuación autónoma. Sin ley órgánica no se puede nombrar al Fiscal que ocupará el cargo por nueve años, por lo que primero se debe dar el proceso legislativo.

El diseño de la ley debe establecer los criterios de transición de la actual PGR a la nueva procuraduría. Lo ideal hubiera sido la reforma del decimonoveno transitorio, pero ya que esta no se dio, entonces el traspaso de personal y activos debe ser rigurosamente regulado para evitar que la Fiscalía herede el peso muerto de la corrupción y la ineficacia.
A pesar de algunas rispideses iniciales, el equipo de transición del próximo gobierno se ha hecho cargo de la necesidad de procesar cuidadosamente la construcción de la nueva Fiscalía y ha estabelcido una mesa con la participación del colectivo #Fiscalíaquesirva, de #Vamospormás y de académicos de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Finalmente, más de dos años después de la reforma constitucional, se ha dado un avance concreto: un acuerdo político para avanzar en el diseño del nuevo modelo de Fiscalía sin imposiciones y con base en el diálogo informado. Buenas noticias.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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