Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero denunció la puesta en marcha de una campaña de criminalización en contra de José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, con la que se pretende justificar las agresiones en contra de él y la comunidad que se ha manifestado en contra del proyecto carretero federal que afectará sus tierras.
En un comunicado, la organización civil dio a conocer que el pasado domingo en distintos hogares y calles del pueblo mexiquense se distribuyó un “panfleto firmado por un supuesto grupo autodenominado ‘Unidos por Xochicuautla’, exigiendo pretendidamente a nombre del pueblo ‘se castigue a este criminal’, refiriéndose a José Luis Fernández, uno de los más destacados defensores comunitarios del pueblo de Xochicuautla y del bosque otomí mexica”.
Para la organización defensora de los derechos humanos resulta “demasiada coincidencia que esa pretendida exigencia se realice justo cuando ha manifestado públicamente su oposición a la imposición de la Autopista Naucalpan-Toluca”, la cual fue concesionada a Grupo Higa, empresa favorecida por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto desde su gestión como Gobernador del Estado de México.
Por ello, el grupo civil se dijo preocupado de que en medio de un contexto “como en el que vivimos, lleno de agresiones de todo tipo a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas […] de forma semi anónima se invoque represión contra un ciudadano que en todo momento con métodos pacíficos ha defendido los derechos colectivos e individuales de sus vecinos”.
Esta acción, dice el Centro, tiene como fin último “mermar la legítima resistencia jurídica y social sostenida por los y las indígenas que tanto respaldo estatal, nacional e internacional se ha allegado”.
OCHO AÑOS DE RECHAZO A LA OBRA
Desde 2007, cuando se concesionó la realización de la autopista a una filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, los pobladores de San Francisco Xochicuatla han rechazado la obra, por el daño ambiental que causaría, además de las afectaciones a su cultura, ya que la autopista pasaría por sitios que consideran sagrados.
El pasado lunes, pobladores de esta comunidad acusaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no atendió su petición de medidas cautelares en los términos en que las habían solicitado, pese a “la gravedad y vulnerabilidad que vive actualmente nuestra comunidad”. Asimismo manifestaron su temor ante posibles agresiones, hostigamientos o intimidaciones a partir de que se venzan las medidas cautelares dictadas por el organismo de forma inmediata, que fueron emitidas por un plazo de 30 días.
El 15 de julio pasado, la CNDH sólo solicitó al Gobierno que la policía estatal garantizara la integridad de los habitantes de San Francisco Xochicuautla.
Si bien inconformes con la medida emitida por la CNDH, los representantes de la comunidad dijeron que ésta al menos sirvió para detener las acciones de hostigamiento y agresiones que, acusaron, habían sufrido en semanas recientes, antes de que se publicara el decreto de expropiación de casi 39 hectáreas de sus terrenos comunales para la realización de la autopista.
No obstante, señalaron, ellos habían solicitado personalmente al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, que dictara medidas a fin de que se detuviera la obra y se retirara la maquinaria, así como el personal de la empresa, del Gobierno mexiquense y elementos de la policía estatal que, acusaron, han acompañado en todo momento a la empresa para realizar el proyecto carretero.
Mas su petición no fue atendida en sus términos por la CNDH, como se lee en el oficio V4/51612 del expediente CNDH/4/2015/1300/Q, emitido el 15 de julio por la Cuarta Visitaduría de la Comisión, en el que se solicitaron las medidas cautelares a la Secretaría General del Gobierno del Estado de México.
El documento plantea que se emite una medida cautelar única para que “los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en esa entidad federativa o cualquier otra corporación de seguridad, se abstengan de causar actos que puedan afectar la integridad física o pongan en riesgo la vida de las personas indígenas y la de los defensores de derechos humanos que los representan”.
En una entrevista previa con SinEmbargo, Fernández Flores explicó que desde que se enteraron del proyecto comenzaron a realizar asambleas con la población.
Pero a la par, el Gobierno estatal convirtió al poblado en una comunidad agraria, demeritando así su cualidad de comunidad indígena e imponiendo como autoridad a una asamblea de comuneros. Con ello, reconoció sólo a los comuneros como los dueños del territorio.
Sin embargo, dijo Fernández Flores, esa asamblea no representa a la comunidad en general, sino sólo a un 5 por ciento de ésta, mientras que un 70 por ciento de los pobladores se opone al proyecto.
El grupo de comuneros comenzó a organizar también sus asambleas, calificadas por Fernández Flores como procesos “a modo”, pues se trata de un grupo favorable a la construcción de la autopista.
La conformación de la asamblea de comuneros marcó el inicio de actos de hostigamiento y represión, dijo el vocero de la comunidad, pues a sus reuniones asistían granaderos, quienes sitiaban las entradas a Xochicuautla, las calles principales y la entrada de acceso a la asamblea, además de que había personal del gobierno del estado y de la empresa, así como un Ministerio Público.
Fernández Flores dijo que la presencia policial fue considerada como un acto de intimidación a la población que se opone a la obra.
Los pobladores también han acusado actos de hostigamiento y de provocación, como la entrada de maquinaria de la empresa concesionaria a pesar de que hay una resolución judicial que anuló la resolución de la asamblea en la que los comuneros dieron su aval para la obra.
Otra forma de presión contra los opositores a la carretera ha sido la criminalización. El 14 de mayo de 2013 detuvieron 14 personas que increparon la entrada de maquinaria a sus terrenos comunales. El 3 de noviembre de 2014, otros ocho opositores fueron arrestados.
Todos ellos ya fueron liberados y los procesos penales de ocho se mantienen abiertos, de acuerdo con Fernández Flores.
