Acostumbrados al dispendio, los excesos y el derroche, algunos funcionarios, políticos, embajadores, periodistas, analistas, consultores, asesores y puestos diversos vinculados al Gobierno, andan preocupados, desesperados, amargados porque se les acaba el tiempo de vivir a costa de todos los mexicanos.

Aunque no lo crean, se les acabó el chollo. La panacea llega a su fin como el mismísimo PRIANPRD. Sus privilegios están tocando fondo. Y el pánico no es para menos.

Los primeros asustados, son los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes están acostumbrados a vivir como marajás, percibiendo un salario base mensual de 651 mil 741 pesos. Los sueldos de los once excelentísimos señores ministros superan en 200 por ciento, al sueldo del actual Presidente de México que recibe 207 mil 591 pesos mensuales. Mientras un obrero recibe 80 pesos diarios, estos “altos funcionarios” del Poder Judicial ganan más de 21 mil pesos al día. Evidentemente es un exceso, pero durante años sus millonarios sueldos han sido intocables. Sobretodo porque han garantizado la dependencia al poder Ejecutivo.

Permítanme decirlo claramente. Estos no son sueldos, son cohechos, prebendas para asegurar obediencia al amo. Los ministros difícilmente podrán negarse a las peticiones del Presidente que finalmente decidió convertirlos en príncipes de México para impartir justicia desde sus torres de marfil. Sus sueldos, son sobornos. Vaya paradoja. Quienes se supone imparten justicia, han vivido colocados en la injusticia con sus exhorbitantes prestaciones. Hasta ahora, el argumento oficioso es pagarles 200 por ciento más que el Presidente para que no se corrompan. Es decir, que a los gobernadores corruptos que se han robado miles de millones de pesos en las últimas décadas habría que haberles pagado 200 por ciento más que el Presidente y asunto arreglado. Obvio no. Este argumento baladí se cae. Los señores ministros al depender de las ordenes del Ejecutivo incurren naturalmente en corrupción. ¿O como llamamos a eso?

Ante el fin de sus privilegios, funcionarios de diverso nivel han externado su rechazo a la austeridad republicana anunciada por el virtual Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ya dijo que en ahorros en nómina, su Gobierno llegará a los 42 mil 184 millones 538 mil 448 pesos al año. Para empezar, él mismo cumplirá su promesa de bajarse el sueldo a la mitad, eliminando además sobresueldos, y compensaciones adicionales a su salario que, actualmente recibe el Presidente Peña Nieto.

Obviamente, estas medidas de austeridad no son un as bajo la manga de López Obrador, están sustentadas en el Artículo 127 de la Constitución que estipula que los funcionarios no perciban más que el Presidente.

El Gobierno mexicano se ha distinguido por su volumen: 45 mil funcionarios federales en el país son muchos. Urge adelgazar el grueso de la burocracia, bajarle al número de empleados. Me consta que muchos de esos puestos, han sido creados para cumplir nepotismos, amistades y compadrazgos. Estos miles de funcionarios federales cobran entre 68 mil y 208 mil pesos mensuales. ¿Si el Presidente se baja el sueldo un 50 por ciento, no será justo que todos en cadena se bajen también el sueldo a la mitad?

Otro elemento importante a considerar en este inicio de austeridad del próximo Gobierno son los llamados sobresueldos y bonos. Un secretario de estado gana oficialmente 32 mil 813 pesos, pero con el sobresueldo finalmente percibe un sueldo bruto de 139 mil 476 pesos. Solo en estos sobresueldos, un Secretario puede llevarse casi 2 millones y medio de pesos al año.

El derroche ha sido tal, que intentaron acabarse al país y poco les faltó para cumplir su objetivo. La mayoría de las principales instituciones han tenido desvíos al por mayor “legalizados” a través de la triangulación de recursos o la llamada ingeniería financiera para ocultar el robadero. Los funcionarios han contratado de manera tradicional a decenas de “consultores” con presupuestos inflados, para de esa forma llevarse su buena tajada.

Obviamente el plan de austeridad tampoco convence a los señores diputados y senadores, incluidos en el segmento de la “alta burocracia” y cuyos sueldos, bonos, sobresueldos y gastos exhorbitantes, resultan obscenos en un país con 70 millones de pobres. El Poder Legislativo en México se ha alejado del pueblo debido a su enriquecimiento “legal”. Los diputados y senadores al sentarse, han llegado a perder el contacto con la realidad. Ellos viven realidades paralelas, frente al hambre de 28 millones de pobres alimenticios.

No son los únicos a quienes les escuece la sobriedad. Hay que añadir a todos esos periodistas, opinólogos y analistas que han vivido durante décadas de los jugosos pagos del erario a sus programas o a sus pequeñas empresas, creadas ex profeso, para recibir las dádivas que después marcan su línea editorial. A ellos se unen, los miles de “asesores” que las distintas dependencias han tenido, compadres, amigos y eminencias, contratadas para pensar y prácticamente no hacer nada a cambio de 200 o 300 mil pesos mensuales.

Pero todo tiene su fin. Ha llegado la mesura, la prudencia. Urgen funcionarios, políticos, diputados, senadores, diplomáticos ahorradores. Si los que están, no tienen la virtud del ahorro, la puerta es muy grande. Ojalá decidan irse, para darle paso a miles y miles de mexicanos dispuestos a servir verdaderamente a su país, sin pedir a cambio un vergonzoso sueldo millonario.

Son tiempos de abstinencia, de frugalidad y continencia. Se necesitan virtuosos del servicio público. Que levante la mano, quién se une a cambiar a México.

Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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