Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– Organizaciones sociales exigieron a las autoridades federales y del estado de Sonora esclarecer el ataque perpetrado por dos sujetos armados en contra de más de 100 migrantes el pasado 2 de junio, y del que se han reportado tres muertos, según cifras oficiales.
Amnistía Internacional, la Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia, Fundar Centro de Análisis e Investigación y el Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otros grupos, denunciaron que a los sobrevivientes no se les explicó que deberían recibir una tarjeta que regula su estancia por razones humanitarias y por el contrario se les pidió firmar documentos donde renunciaban a ésta y aceptaban ser deportados.
“El ataque armado ocurrido en Sonora en contra de personas migrantes es una muestra más de la violencia que sufren miles de centro americanos en su tránsito por el país fomentado por una política migratoria que deja a sobrevivientes sin protección y acceso a la justicia”, denunciaron.
El pasado 5 de junio agentes de migración y elementos de seguridad rescataron a 13 migrantes centroamericanos provenientes de Guatemala y el Salvador que denunciaron haber sido atacados tres días antes. En el operativo se encontraron a tres personas sin vida. Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya realiza una investigación.
Los trece centroamericanos sobrevivientes explicaron en entrevistas con representantes de organizaciones civiles que el pasado 2 de junio varias mujeres y por lo menos dos niños se trasladaban en cinco vehículos hasta la frontera y después de varias horas de viaje, uno de los vehículos se descompuso y el grupo paró para descansar.
Detallaron que en ese momento apareció un sujeto armado que encañonó a varios y les ordenó tirarse al suelo para luego abrir fuego de manera indiscriminada contra todos y todas.
De acuerdo con los testimonios, el incidente provocó que muchas personas empezaran a correr y a dispersarse. Algunos sobrevivientes relataron que vieron a varios de sus compañeros de viaje caer al suelo por las balas, pero por su huida no lograron ver de cuantas personas se trataba.
Algunos reconocieron a un segundo hombre armado que disparó contra ellos, y coincidieron que los agresores venían vestidos con botas de militar, camuflaje y una carrillera de armas cruzando su cuerpo. Otros refirieron que también traían una gorra verde tipo militar en la cabeza.
“Fue el peor día de mi vida”, dijo un menor de 17 años que sobrevivió el ataque. “Yo solo quería llegar a Estados Unidos para darle una mejor vida a la familia, no hay de que vivir en nuestros países”, refirieron varios. “Ahorita lo único que quiero, después de haber vivido esto es abrazar a la familia,”, comentaron otros.
En este contexto los organismos exigieron esclarecer lo ocurrido en la frontera de Sonora con Arizona, EU.
“A casi dos semanas del acontecimiento, es muy preocupante no contar con información sobre la investigación de este evento. Preocupa, además, la falta de información sobre el posible paradero de las otras personas que viajaban en el grupo y no fueron rescatadas, incluyendo posiblemente a varias mujeres y un niño, ya que las condiciones del desierto en esa zona son muy extremas”, denunciaron.
Quienes suscriben la demanda manifestaron su preocupación preocupación por la falta de información sobre el procedimiento que se está llevando a cabo para la identificación de los cuerpos, siendo este una pieza clave en la investigación.
Asimismo dijeron que a los y las migrantes rescatados no se les explicó que por ser víctimas de un delito grave en México deberían recibir una tarjeta que regula su estancia por razones humanitarias para poder obtener atención médica y emocional.
Tampoco les precisaron la diferencia entre una deportación y un retorno asistido, por lo que han podido tener poca comunicación con sus familias. Asimismo, las autoridades pidieron firmar documentos donde renuncian los migrantes a la posibilidad de una estancia regularizada y aceptan ser deportados.
Exigieron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) debido a la presencia de grupos delincuenciales en la zona desértica de Sonora y la posibilidad de su participación en este hecho, y por otra parte por los indicios del vestimenta militar de los agresores.
Los organismos civiles dijeron que el Plan Frontera Sur, en vigor desde julio de 2014, ha aumentado el número de detenciones y deportaciones llevadas a cabo en todo el país.
La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) informó en días pasados que las autoridades de México están deteniendo a más centroamericanos que en Estados Unidos.
El Think Tank norteamericano refirió que después de las alarmas que ocasionó la “ola” de niños migrantes no acompañados de Centroamérica en 2014, miles de menores continúan dejando sus países de origen por la situación de violencia. Lo que sí es distinto, menciona, es el papel que ha tenido México para capturar a los migrantes.
“Estos números son sorprendentes pues muestran que la llamada ‘ola’ del 2014 en realidad no ha terminado. Enormes cantidades de centroamericanos siguen huyendo, pero la mayoría de ellos están siendo capturados en México en lugar de los Estados Unidos”, dijo Adam Isacson, Coordinador Principal del Programa de Políticas de Seguridad Regional en WOLA.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, entre octubre del 2014 y abril del 2015, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) detuvo a 70 mil 448 migrantes “no mexicanos” en la frontera sur de los Estado Unidos. En ese mismo período México detuvo a 92 mil 889 personas.
