Un video destrozó la vida política del ex Diputado René Bejarano, un video acabó con las aspiraciones políticas de la Diputada Eva Morena, otros videos han modificado el rumbo de las historias de funcionarios públicos, líderes partidistas, empresarios y periodistas. El video en el que un civil es ejecutado, supuestamente por un militar, ¿qué tanto afectará a una institución como el Ejército?

El video, como tecnología de grabación, se ha convertido en un instrumento fundamental para documentar hechos. Las imágenes parecen irrefutables frente a los testimonios escritos o verbales que describen otras situaciones. Aunque estas grabaciones pueden ser tan manipulables como en un programa de ficción, hay “datos duros” que corroboran la veracidad de lo que se puede ver y escuchar en aquellas.

Las grabaciones que se hacen de otros, sin que éstos lo sepan, son documentos con valor histórico. Y cuando se difunden públicamente, las repercusiones legales, políticas, éticas y comunicacionales parecen inevitables. Es el caso del video grabado por cámaras de seguridad la noche del 3 de mayo en Palmarito Tochapan, Puebla.

Si ese video no se hubiese conocido, la sociedad se habría quedado con una sola versión de lo ocurrido en ese lugar. Tampoco se habría conocido que ahí alguien fue ejecutado con una frialdad que estremece y que normas básicas de actuación de los militares se violaron, como afirmó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Por lo tanto, el video daría la razón a quienes reiteran que en sus operativos el Ejército ha violado los derechos humanos a través de tortura, desapariciones forzadas y, como habría sucedido también en Tlatlaya, con ejecuciones extrajudiciales.

El video contribuyó a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) actuara. También la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha solicitado que se investigue lo ocurrido y se deslinden responsabilidades.  Hasta ahí -por ahora- lo legal.

En lo político y en lo comunicacional, el video ha sido demoledor.

Ante una imagen deteriorada por su actuación en Tlatlaya, en los operativos de Iguala, Guerrero, que terminó con la desaparición de estudiantes normalistas, y en Aquila, Santa María Ostula, Michoacán, donde un niño murió y fueron lesionadas al menos 10 personas, la Sedena desarrolla desde hace tiempo una intensa y costosa campaña publicitaria en medios de comunicación, que busca revertir la percepción de que los militares han actuado o actúan sin respetar la ley.

El medio digital Al Margen, que dirige el periodista José Pérez Espino, informa que tan sólo en el primer bimestre de este año, la Sedena gastó casi 36 millones de pesos en publicidad gubernamental. Esto representó el 41.5 por ciento del total del gasto del gobierno federal en este rubro, el cual superó los 86.3 millones de pesos.

El portal afirma que estos recursos se ejercieron mientras se incrementaban las críticas por los abusos cometidos por el Ejército en tareas de seguridad y combate al crimen organizado, y cuando en el país se discute una ley de seguridad interior que como lo han dicho organizaciones defensoras de los derechos humanos permite abusos de los militares bajo el concepto de “uso legítimo de la fuerza”.

Un solo video, el de Palmarito, aparentemente tiró a la basura toda esta inversión y polarizó aún más el debate sobre el quehacer del Ejército en sus acciones contra la delincuencia.

En las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales hay rechazo por la ejecución, pero también expresiones de apoyo. La justificación para actuar sin respetar la vida de un ser humano indefenso, se nutre de otro segmento del video, en el que un militar es abatido por la espalda. Es, efectivamente, otra dolorosa parte de la historia, pero que de ninguna manera justifica la ejecución.

ESTRATEGIA POLÍTICA ¿Y DE GUERRA?

La grabación y difusión de videos, como el de Bejarano o el de Palma, no son decisiones ingenuas o siempre basadas en la ética y el bien común. Es una obviedad decirlo, pero quien monta cámaras para videograbar, por ejemplo, un acto de corrupción, lo hace sabiendo que puede utilizar el video para destrozar trayectorias de contrincantes políticos o como instrumento de negociación o chantaje.

Por supuesto, siempre será preferible que la sociedad se entere de un ilícito y que quien lo cometió sea castigado, pero no debemos perder de vista que en muchas ocasiones se graban y se difunden videos con cálculo político. En la videoteca de ciertos personajes deben estar muchos otros videos que quizás nunca conozcamos, aunque sean mucho más reveladores que el de un político recibiendo dinero.

En Palmarito no fue igual… en apariencia. Las grabaciones se hicieron desde una casa que contaba con cámaras de seguridad. Sin embargo, medios locales han informado que la vivienda estaba vacía. ¿Por qué estaban activas las cámaras de una construcción que nadie ocupaba? ¿quién instaló ahí el sistema de videograbación y con qué fines? Otra pregunta necesaria es ¿quién filtró a medios locales y nacionales los videos? ¿con el objetivo sólo de denunciar los abusos del Ejército en este operativo?

Si los videos fueron grabados y distribuidos por la misma delincuencia organizada, hubo una acción comunicacional clara: evidenciar los excesos del Ejército y, como carambola, incentivar la presión política para que los militares salgan de los territorios que dominan. Hay grupos de la sociedad civil, así como ciudadanos y ciudadanas, que piden lo mismo: no más militarización de las calles. Lo que millones vimos en el video lo justifica y obligaría, como se ha insistido, a un cambio de la estrategia gubernamental para combatir los delitos, pero sin perder de vista que una decisión así podría ser también similar a la que desean los delincuentes y desviar el debate nacional en otros temas.

No me gusta la militarización del país. Lo ocurrido en Palmarito no debe repetirse porque independientemente de la violación de derechos humanos y la urgente redefinición de la política de seguridad interna, polariza a nuestra sociedad, nos confronta, nos divide, mientras la confusión y la desazón social son alimentadas por las fake news, algunas como producto de  los mismos videos, y por la aguda lucha político-electoral que estamos viviendo.

Gabriel Sosa Plata

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