Coincidió en un mismo día la divulgación de dos noticias vergonzosas para los mexicanos. Uno fue el estudio elaborado por especialistas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que advierte que el índice de impunidad en nuestro país se elevó y México ocupa hoy en ese tema el nada honroso  primer lugar en América Latina y el cuatro en el mundo. El otro es la virtual exoneración por parte de la PGR del ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, en el proceso más grave de los 12 que se le siguen, lo que constituye  un caso prototípico de impunidad, auspiciada sin duda desde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Digamos que la determinación de la cuestionada Procuraduría General de la República de dar carpetazo a la averiguación previa que llevaba en su contra por lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal al estimar que no existen indicios probatorios en su contra, viene a corroborar los niveles de corrupción e impunidad en que estamos sumidos y que la UDLAP midió en  un índice de 69.8 por ciento, lo que significa que siete de cada 10 delitos denunciados en el país quedan sin castigo.

Asombra sobre todo que el gobierno de Peña Nieto se atreva a desvirtuar una denuncia sólida y sobradamente fundamentada presentada en noviembre de 2014 por el activista chihuahuense Jaime García Chávez --a quien conozco bien-- justo en los agitados momentos preelectorales que vivimos  y cuando se ha acusado a la PGR de un uso faccioso de sus facultades para desprestigiar a los opositores políticos del PRI.

El atrevimiento revela sin embargo la gravedad del caso y la importancia que para el Presidente tiene salvar a Duarte Jáquez de la cárcel. Ciertamente quedan pendientes otras 11 denuncias, pero la que la PGR juzgó improcedente es la única de carácter grave a nivel federal que enfrenta.

Esa acusación es por el desvío de 65 millones de pesos del erario para adquirir a título personal el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua. Este banco fue constituido con la fusión de Unión de Crédito Progreso, Akala, Financiera Popular y Única Casa de Cambio, la cual fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Me parece que el asunto va mucho más allá del cinismo que acusa el gobernador panista Javier Corral Jurado en esa determinación, atribuible por supuesto a una decisión presidencial. La decisión de no ejercer acción penal contra Duarte Jáquez, que durante su gestión se enriqueció de manera escandalosa, no parece obedecer a una actitud de mera lealtad de Peña Nieto a su amigo y correligionario. Es evidentemente un caso de complicidad.

La exoneración de la PGR está precedida de diversos hechos que corroboran esa percepción. Una es la plena impunidad de la que gozó el entonces gobernador priista para endeudar a la entidad norteña mediante sucesivas “restructuraciones”  hasta niveles de virtual bancarrota, arriba de 42 mil millones de pesos, con la anuencia y el aval –ojo—de la secretaría de Hacienda, encabezada en esos años por el actual canciller Luis Videgaray Caso. Otra, la ya denunciada transferencia de recursos federales al PRI durante la campaña electoral estatal de 2016, igualmente desde la dependencia que lleva las finanzas del país.

También lo fueron las facilidades con que contó Duarte Jáquez para huir del país y avecindarse en Estados Unidos y la elocuente resistencia del gobierno federal para solicitar al vecino país, con base en 12 órdenes de aprehensión dictadas en contra suya, su detención con fines de extradición, lo que hasta el momento se mantiene en una sospechosa opacidad.

La inacción gubernamental es este caso flagrante de corrupción, junto con el congelamiento de apoyos pactados por 900 millones de pesos al gobierno de Chihuahua (cuyo pago quiso condicionarse a los alcances de la investigación contra Duarte Jáquez, precisamente), fueron motivos de la llamada Caravana por la Dignidad encabezada por Corral Jurado  entre enero y febrero pasados  y que derivó en un acuerdo firmado en la Secretaría de Gobernación  para agilizar ambos temas. La entrega de las partidas pendientes se cumplió finalmente, pero en el caso del ex gobernador multi inculpado no ha ocurrido nada… ¡salvo su exoneración!

El propio Corral Jurado acusa que esta resolución lo único que confirma es que el Presidente no ha podido superar el compromiso político de protección que tiene hacia el ex gobernador, porque (...) “esa carpeta de investigación en donde se acreditan varios delitos del orden federal, ha sido una carpeta robusta en elementos probatorios”.

Llamarle “compromiso político” resulta a estas alturas un eufemismo. Yo le llamaría directamente complicidad, originada muy probablemente en los cuantiosos apoyos económicos que el entonces gobernador Duarte Jáquez otorgó a  la campaña electoral de Peña Nieto por la Presidencia de la República, en 2012.  Desde entonces, ahora se confirma, existe entre ellos ese contubernio irremediable. Válgame.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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