En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en al menos 13 países de América Latina y África.
Caracas, 16 febrero (SinEmbargo/EFE).- El Procurador General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, viajó a Brasil para atender el citatorio del Procurador General de ese país, Rodrigo Janot, a fin de abordar el caso abordar el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y sus supuestas ramificaciones en al menos 13 países, entre ellos, México.
Cervantes Andrade viajó a Brasilia junto con un grupo de servidores públicos de la Institución "para sostener reuniones técnicas y especializadas de intercambio de información, relacionadas con las investigaciones de las autoridades brasileñas respecto de actos de corrupción en los que presuntamente participaron las empresas de ese país, Odebrecht y Braskem informó la PGR en un comunicado de prensa.
Con el fin de cruzar datos sobre el caso de corrupción de la constructora Odebrecht, la Procuraduría General de Brasil citó para el jueves a delegados de las Fiscalías de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Por su parte, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, también respondió al llamado del Procurador Janot: "En unas horas me reuniré en Brasil con el Procurador General de esa nación, Rodrigo Janot, para abordar el caso de corrupción de Odebrecht", escribió hoy Ortega Díaz en su cuenta de Twitter.
Posteriormente, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) emitió una nota de prensa en la que informó que su "máxima autoridad sostendrá este encuentro institucional en Brasil, luego de recibir una invitación formal al respecto por parte del alto funcionario de esa nación".
El MP venezolano supervisó los registros que se hicieron la noche del martes en las oficinas de Odebrecht en Caracas, días después de que el presidente, Nicolás Maduro, y el Parlamento pidieran a la justicia investigar el caso.
La Fiscalía explicó que este procedimiento buscaba "recabar elementos de interés criminalístico".
Posteriormente, la Justicia venezolana ordenó congelar las cuentas bancarias que tenía en el país la constructora brasileña y le prohibió enajenar o gravar sus bienes, muebles e inmuebles.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África.
En el caso venezolano, Odebrecht habría pagado unos 98 millones de dólares en sobornos para hacerse con contrataciones de obras públicas, según esos documentos de Estados Unidos.
Algunas de estas obras no han sido culminadas y el Gobierno venezolano anunció una nueva inyección de recursos y un plan para reactivar los trabajos con mano de obra local.
La Fiscalía venezolana reiteró ayer que en enero solicitó una orden de aprehensión contra una persona -sin especificar su nombre- por estar presuntamente vinculada con el caso, y requirió que sea incorporada al código rojo de Interpol, en caso de que esta se encuentre fuera del país, para que sea aprehendida y extraditada.
