El diario neoyorquino tuvo acceso a un informe interno de la PGR, que supuestamente le sería entregado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde agosto pasado, en el que se revelan una serie de irregularidades y violaciones a derechos humanos cometidas durante todo el proceso de investigación, mostrando también cómo los investigadores han manejado mal el caso Iguala desde el inicio.
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno mexicano se ha negado a publicar un informe en el que se señalan irregularidades cometidas en el proceso de investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reveló este día el diario New York Times.
De acuerdo con el rotativo estadounidense, el reporte interno de la Procuraduría General de la República (PGR) dice que los sospechosos cruciales en el caso Iguala fueron arrestados y trasladados ilegalmente, poniendo «en tela de juicio» las pruebas que proporcionaron, conducta que, señala, violó el derecho a la verdad y dañó los derechos de las víctimas de justicia.
El Times refiere que este informe, que se completó hace cuatro meses en 177 páginas, proporciona la primera evidencia dentro de la oficina del abogado general mostrando cómo el caso fue mal manejado.
El reporte le sería entregado a los padres de los normalistas desde el 18 de agosto, sin embargo, cuando acudieron a las instalaciones de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, inspector general de la dependencia les dijo que el informe aún no había sido aprobado, una «simple formalidad» que nunca llegó y que hasta la fecha está siendo estudiado. Cuatro semanas después del encuentro, el funcionario presentó su renuncia.
The New York Times refirió que la razón por la que el informe permanece en el «limbo burocrático» es por que «representa una serie de violaciones, incluyendo el principal investigador del gobierno que toma a un sospechoso para identificar la supuesta escena del crimen sin un abogado defensor presente».
«Fue un claro signo de falta de voluntad política, no sólo de la Procuraduría General, sino del Gobierno Federal, para terminar la investigación interna», dijo al diario Santiago Aguirre, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México y el representante legal de las familias.
«Nos mostró que el inspector general trató de hacer un trabajo honesto y que no pudo encontrar las condiciones políticas e institucionales para llevar su trabajo a sus consecuencias finales».
La posibilidad de que el informe sea eliminado de la investigación es una preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está evaluando el progreso del caso y ha presionado al gobierno para que abra nuevas líneas de investigación.
«Estamos muy preocupados y preocupados por las acusaciones planteadas recientemente», dijo el presidente de la comisión, James L. Cavallaro. «Claramente un documento importante, y esperamos y esperamos recibirlo», agregó.
El relato del gobierno sobre lo que sucedió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 se basa en una serie de confesiones de supuestos miembros del crimen organizado que dijeron haber matado a los estudiantes y quemado sus cuerpos en un basurero de Cocula. Al día siguiente, recogieron las cenizas en bolsas de plástico y las arrojaron al cercano río San Juan.
El informe del inspector general describe cómo seis sospechosos, detenidos en diferentes lugares del estado durante un día, confesaron con idéntica redacción que eran miembros de Guerreros Unidos y admitieron haber matado a los estudiantes.
Las detenciones subsiguientes, basadas únicamente en esas declaraciones, fueron arbitrarias e ilegales, dijo la revisión. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos indica que un arresto ilegal anula cualquier evidencia obtenida como resultado.
Ante tal situación, la PGR emitió un comunicado en el que aseguró que dicho informe es sólo «un simple proyecto» que se está analizando y que «carecen del rango de resolución formal».
La dependencia señaló que para que dicha «resolución adquiera validez» es necesario que la misma, además de cumplir con diversas formalidades preestablecidas, esté firmada por quien la emite, en este caso en específico por el ex Visitador General de la Procuraduría General de la República, César Alejandro Chávez Flores.
Por lo que afirmó que cualquier documento que se refiera al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y sea difundido por medios no oficiales debe de tomarse sólo como un informe preliminar que se encuentra bajo escrutinio.
