Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) pidió al Presidente Enrique Peña Nieto someterse “a la brevedad” a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un comunicado, el organismo recordó que México está obligado a cumplir de manera “cabal e integral” con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“Tras los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y del legítimo reclamo de verdad y de justicia de los familiares de las víctimas, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la comunidad internacional, con el fin de resolver estos oprobiosos casos, así como las desapariciones forzadas producidas en diversos estados de la República, esta Comisión Nacional recuerda que el Estado Mexicano está obligado a dar cumplimiento, cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, señaló la CNDH.
Esta acción permitiría al comité “recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que aleguen ser víctima de violaciones”, con base en la convención internacional contra la desaparición forzada, indicó el organismo.
Los 43 estudiantes desaparecieron y fueron presuntamente asesinados después de ser detenidos por policías municipales y entregados a un grupo criminal el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, a 200 kilómetros en el municipio de Iguala.
Las autoridades encontraron restos óseos y cenizas en un basurero donde, según el testimonio de personas detenidas, fueron asesinados, pero hasta ahora sólo se ha podido identificar los restos de uno de los jóvenes.
La CNDH hizo un atento llamado al Poder Legislativo a realizar las reformas pertinentes con objeto de contar con una Ley General en materia de Desaparición Forzada, que incluya la adecuación del tipo penal de desaparición conforme a los estándares internacionales y de la adopción de políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, por considerar que son medidas a las que un Estado democrático de derecho debe aspirar para lograr la plena vigencia de los derechos humanos.
Esta no es la primera vez que un organismo defensor de los derechos humanos pide a México resolver los problemas de desapariciones forzadas.
El pasado 8 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a adoptar las medidas que sean necesarias para resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales, manifestó, no se limitan al caso de los estudiantes de Ayotzinapa.
Al hacer un balance del término de su 153 periodo de sesiones que se efectuó del 23 de octubre al 7 de noviembre en Washington, la CIDH aseguró que las autoridades mexicanas que acudieron para informar sobre el caso Iguala mostraron una firme voluntad de investigar los hechos y dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, así como identificar a los autores materiales e intelectuales y someterlos a la justicia.
Al referirse a la detención del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, la CIDH manifestó que esto constituye un avance, pero que deberían dedicarse mayores esfuerzos humanos y materiales para determinar el paradero de los jóvenes y del resto de las personas que han sido reportadas en el país como víctimas de desaparición forzada y en donde hay servidores públicos involucrados.
