El director de uno de los coadyuvantes en el caso Iguala-Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunció que el Gobierno federal busca darle un uso político al expediente publicado por la PGR, al testar una información reservada y otra no
Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, dijo que no está claro el criterio que utilizó la Procuraduría General de la República (PGR) para tachar y borrar la información en los 85 tomos y 13 anexos que subió a la web el domingo pasado.
“Si testan unas cosas sí, y otras no, eso quiere decir que estamos frente a un uso político en la publicidad del expediente y que la autoridad quiere que en particular sean públicas algunas aristas del caso y otras no”, planteó el directivo en entrevista con SinEmbargo.
Si bien la PGR cuidó y tachó nombres de testigos, peritajes médicos y hasta los agentes del ministerio público involucrados, se encargó de publicar el nombre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, a quien los supuestos autores materiales del asesinato señalan como un miembro de la banda contraria “Los Rojos” y a quien habrían dado muerte esa noche.
Pero por otro lado, la Procuraduría omitió los resultados de los dictámenes de integridad física que se realizaron el 28 de octubre del 2014 a Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”; Agustín García Reyes, “El Chereje”, y a Darío Morales Sánchez, los principales inculpados en las confesiones de donde se sostiene la “verdad histórica”.
Los resultados de la exploración física y los hallazgos están borrados con marcador negro en el expediente que se hizo público y es imposible conocer si presentaron lesiones graves o no.
De acuerdo con Patrón Sánchez, la forma en la que está testado el expediente, sugiere un manejo irregular de la información.
En el caso de los dictámenes médicos, el director del Centro Prodh precisó que no había necesidad de borrar los hallazgos en los cuerpos de los inculpados. Pero lo hicieron.
“Los dictámenes médicos no había necesidad de borrarlos. Por ejemplo, debieron estar testados solamente los datos personales”, dijo.
En las declaraciones de los inculpados por la “verdad histórica” de la averiguación previa, al menos uno de los autores materiales del supuesto asesinato y quema de los jóvenes en el basurero de Cocula aquella madrugada del 27 de septiembre de 2014, da cuenta de que fue torturado al ser detenido por agentes de la Policía Federal.
“Se metieron a la casa y me empezaron a golpear y a patear. Me subieron al vehículo, me vendaron ojos, pies y manos y me empezaron a volver a golpear y dar toques y me pusieron un trapo en las narices echándome agua, y toques dentro de la boca y los testículos. Me pusieron una bolsa en la cabeza para no respirar”, declara Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, en una ampliación de declaración que data del 3 de noviembre de 2014 y contenida en el Tomo 3.
El presunto autor material confeso indica que los policías federales le ordenaron que si le preguntaban por los golpes, dijera que se había caído de “la barda”. Si no lo hacía de esa forma se “iban a desquitar con mi esposa y mis hijas y a mí me iban hacer pedazos y echar en una bolsa”.
Después de esa aclaración, el imputado prosigue y declara la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, a la que están dedicados los primeros 12 tomos de la averiguación previa, en donde hasta ese punto, no existe una sola declaración de los padres de las víctimas.
Sin embargo llama la atención que en el Tomo 16 , se retoma la ampliación de declaración de “El Pato” y la PGR tachó los párrafos en donde el presunto autor material confeso asegura que fue torturado por agentes federales.
Mario Patrón indicó además, que los 85 tomos del expediente de Iguala que ahora son públicos, corresponden hasta audiencias del mes de enero de este año.
Todas las pesquisas que se realizaron por petición del Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no aparecen públicas aún. En total la investigación consta de 130 tomos, es decir faltan 45 tomos de este año.
IRREGULAR PUBLICAR NOMBRES DE NORMALISTAS
La PGR no reparó en publicar la declaración de Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”, firmada el 28 de octubre de 2014, en donde involucra a uno de los 43 desaparecidos con la banda delictiva “Los Rojos”.
Con su puño y letra, “El Jona” asegura que Cutberto Ortiz Ramos, alias “El Cochiloco”, dirigía a los estudiantes de primer grado esa noche del 26 de septiembre y que fue acusado por sus compañeros de ser un infiltrado y de estar de acuerdo con el “director de la Normal” para trabajar para el grupo delictivo contrario a “Guerreros Unidos”.
Según “El Jona” el estudiante fue delatado por el normalista de nombre Jorge Luis González Parral.
Mario Patrón aseguró que se trata de un manejo irregular, pues pareciera que se pretende dar un uso político al publicar las decoraciones sobre los normalistas y sus supuestos nexos con “Los Rojos”.
“Podría ser un uso político, porque debieron haber testado todos los nombres, porque es un dato personal, por lo tanto es de acceso restringido”, explicó.
La PGR publica la foto de Adán Abraham de la Cruz, a quien “El Jona” identifica y asegura que llegó muerto al basurero de Cocula con una herida de bala en la cabeza.
“El Jona” también identifica a Miguel Ángel Hernández Martínez, quien le habría reclamado al “Cochiloco” el estar a punto de morir esa noche: “tú tienes la culpa de que nosotros estemos ahí. Eso fue lo que le dijo, después de que Jorge Luis González Parral lo puso”, escribe en la tarjeta con la foto del joven.
La PGR también exhibe la foto del jovencito Jorge Luis González Parral, a quien de acuerdo con “El Jona” uno de los sicarios asesinó con un tiro en la cabeza frente a “El Cochiloco”, para amenazarlo de que si no cooperaba, eso sería “lo que le pasaría”.
En el expediente aparece la fotografía de Israel Jacinto Lugardo a quien “El Jona” identifica como uno de los “últimos que murió”.
“Sólo recuerdo que decía que era estudiante y que el Cochiloco les decía a todos los de primero, que tenían que estar rasurados, casi pelones”, escribe Osorio Cortés.
Patrón Sánchez declaró que el Centro Prodh está a favor de la publicación de expedientes de casos polémicos como el de Ayotzinapa.
“Estamos a favor de la apertura de expedientes que involucran violaciones graves a derechos humanos, lo que el INAI [Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales] no hizo en Tlatlaya, lo hace finalmente en Ayotzinapa y tiene que abrir el expediente al escrutinio público”, dijo.
Pero aclaró que ello no significa que no se corra el riesgo en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, que la PGR haya “testado más de necesario”.
