Por Shaila Rosagel, Laura Cordero y David Martínez
Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, siguen desaparecidos oficialmente, luego de transcurrir 19 días de que policías municipales de Iguala y también de Cocula se los llevaron. Ninguno de los 28 cuerpos hallados en las primeras fosas corresponde a ellos, informó ayer el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.
El funcionario dijo que las pruebas de ADN hechas a los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas en Iguala no coincidían con los de los 43 normalistas, con lo que, también oficialmente, la pregunta se mantiene en el aire: ¿En dónde están?
La PGR también anunció la detención de 14 policías de Cocula, quienes habrían confesado haber entregado a los estudiantes al grupo criminal “Guerreros Unidos”. Giró orden de aprehensión contra el Alcalde de Iguala con licencia, José Luis Abarca Velázquez.
Familiares de los normalistas y comunitarios encontraron cuatro nuevas fosas con restos humanos en el área de “La Parota”, cerca de donde se encontraron las primeras cinco.
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (Ceteg) y compañeros de los normalistas tomaron bancos y estaciones de radio en Chilpancingo. Un día antes incendiaron sedes de gobierno.
Cientos de normalistas de distintas partes del país y familiares marcharon en silencio y pacíficamente en la capital guerrerense para exigir la localización de los 43 estudiantes desaparecidos y en memoria de los asesinados por la Policía de Iguala.
Los partidos Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT) pidieron la desaparición de poderes en Guerrero, mientras el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cerró filas con el Gobernador Ángel Aguirre Rivero.
EL OBJETIVO: LOCALIZAR A NORMALISTAS
El Procurador Murillo Karam afirmó ayer que junto a la prioridad de encontrar a los normalista, está también la de localizar a los autores intelectuales de estos hechos que “nos lastiman a todos”.
Con él coincidió, Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), quien mencionó que el objetivo prioritario del gobierno de la República es localizar a los 43 estudiantes desaparecidos.
El titular de la PGR explicó que con casi 50 detenidos, lo que tienen es la detención de los operadores que realizaron el traslado y la entrega de personas al grupo Guerreros Unidos, que 24 de ellos confesaron haber participado en el evento que culminó en tragedia.
El Procurador aclaró que de todas las fosas clandestinas que se han localizado, sólo tienen 28 cuerpos en investigación y no corresponden a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Monte Rubido dijo que en total hay cerca de 50 personas detenidas por su implicación en el asesinato de tres estudiantes, la desaparición de otros 43 y las lesiones a otros dos, que se debaten entre la vida y la muerte.
LOCALIZAN MÁS FOSAS
Una brigada de 200 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) encontró el lunes pasado cuatro fosas con restos humanos en el área de “La Parota”, Iguala, muy cerca de los entierros que localizó la Procuraduría General de la República (PGR), informó Manuel Vázquez Quintero, abogado de la organización.
“Los compañeros los encontraron y luego dimos aviso a la PGR y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque los delincuentes amenazaron a los compañeros que los van a matar si siguen avanzando”, dijo el abogado a SinEmbargo.
Manuel Vázquez dijo que entre los brigadistas hay cinco padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Explicó que las fosas fueron encontradas gracias a informaciones que la propia población de Iguala les proporcionó.
Vázquez Quintero dijo que seguirán en la búsqueda permanente de los normalistas a pesar de las amenazas.
Al respecto, el Procurador dijo que estaban investigando.
MOVILIZACIONES POR AYOTZINAPA
Chilpancingo volvió a vivir una jornada de movilizaciones. Por la tarde, cientos de normalistas de distintas partes del país y familiares marcharon en silencio y pacíficamente en Chilpancingo para exigir la localización de los 43 estudiantes desaparecidos y en memoria de los asesinados por la Policía de Iguala.
“Nuestros hijos no se venden, exigimos su presentación con vida”, exigieron los familiares.
Antes, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) bloquearon varias sucursales bancarias, mientras estudiantes normalistas tomaron dos radiodifusoras en Chilpancingo.
Los normalistas querían dar a conocer a la población el porqué de sus protestas de un día antes en el que después de horas de enfrentamientos horas con policías antimotines, entraron al Palacio municipal de Chilpancingo, después de incendiar el Palacio de Gobierno del estado.
En la radiodifusora ABC los normalistas acusaron que los trabajadores del palacio de gobierno de Chilpancingo los agredieron y que les aventaron pedradas.
Entre sus demandas está la destitución del Gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien se resiste a dejar el poder pese a la presión y a quien el PRD le ofreció su respaldo.
LA DESTITUCIÓN DE AGUIRRE
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República pidió la desaparición de poderes en el estado de Guerrero y que el Procurador Jesús Murillo Karam sea destituido “por omisiones en su cargo”.
En conferencia de prensa, Jorge Luis Preciado dijo que Murillo Karam no hizo nada para investigar las acusaciones en contra del Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a pesar de que existían denuncias en su contra que lo vinculaban al crimen organizado.
Posteriormente, legisladores del Partido del Trabajo (PT) anunciaron que solicitarán que la Cámara de Diputados inicie un procedimiento de Juicio Político en contra del Gobernador Aguirre Rivero, porque el mandatario “ya no tiene control ni de la seguridad y ahora se dedica a balacear a ciudadanos”.
Sin embargo, líderes perredistas mantuvieron firme su apoyo a pesar de que la sociedad civil y la clase política en el país exigen la renuncia de Aguirre.
El líder nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, dijo: “El Gobernador tiene que hacer una evaluación personal de la situación de su pueblo y de su gobierno”. Pero no consideró que Aguirre deba dejar el cargo.
“Aquí no se trata de arrinconar a una fuerza política para ver si se atreve a decir que no en un hecho tan lamentable, todos reprochamos los hechos en Guerrero, todos, hay que ver si la salida jurídica es la desaparición de poderes, eso es estrictamente jurídico”, cantinfleo por su el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa Huerta.
El presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Silvano Aureoles Conejo, consideró que ni la desaparición de poderes ni el envío de un comisionado federal solucionará los problemas en esa entidad.
