Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- En sus primeros 10 meses de gobierno, Enrique Peña Nieto ha sido testigo de cómo la crispación social se ha desatado en torno a sus reformas estructurales propuestas en el marco del Pacto por México.
Hoy a las 22:45 hora, desde el balcón de Palacio Nacional, el mandatario que regresó al Partido Revolucionarios Institucional a Los Pinos, después de 12 años, dará su primer Grito de Independencia, en medio de la polémica por el desalojo de una de estas manifestaciones sociales de la plancha del Zócalo, apenas dos días antes.
El desalojo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se oponen a la nueva Reforma Educativa de Peña Nieto, el pasado viernes, por parte de policías federales, despertó ayer reacciones encontradas en la prensa extranjera, mientras que algunos diarios solamente consignaron que después de casi un mes había terminado el plantón de los docentes, otros compararon la acción del gobierno federal con episodios históricos de represión como la matanza de Tlatelolco, en 1968, y Atenco.
Durante sus casi 10 meses en el poder, Enrique Peña Nieto ha promovido una serie de reformas estructurales (educativa, energética, hacendaria, fiscal y de telecomunicaciones) concertadas con los principales partidos políticos en el llamado Pacto de México, presentado a principios de su administración como el espacio plural en el que se discutirían todas las decisiones concernientes a la transformación del país, sin embargo, ninguna ha podido pasar “planchadita” y a excepción de la de telecomunicaciones, todas han generado movilizaciones sociales en su contra.
El estudio “México: Política, Sociedad y Cambio”, hecho por la casa encuestadora GEA-ISA y publicado en julio, reveló que una tercera parte de los mexicanos estaría dispuesto a participar en una manifestación para protestar por las condiciones económicas y de seguridad que prevalecían en el país, además de la corrupción en la administración pública.
LAS REFORMAS DE PEÑA
La primera de ellas, la Educativa, sacó a las calles desde febrero pasado a miles de profesores que temen ser despedidos si no aprueban las evaluaciones que se les impondrán con la reciente aprobación de las leyes secundarias.
Desde el 19 de agosto, la Ciudad de México se paralizó debido a las protestas y bloqueos emprendidas por maestros de la CNTE. El Gobierno respondió a esta demanda ciudadana logrando el domingo la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados sin escuchar los reclamos del magisterio.
Después de 26 días de permanecer en el Zócalo, el gobierno federal dispuso un operativa para que policías desalojaran el campamento de la CNTE donde se alojaban los maestros inconformes, a fin de permitir que el Presidente pudiera dar desde el balcón principal de Palacio Nacional su primer grito de Independencia.
Ante las críticas por el operativo, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, explicó que en la Reforma Educativa “no hay marcha atrás” y aseguró que después de reuniones e incluso la entrega de una minuta con una propuesta de acuerdo, hace ocho días, no había existido una respuesta oficial por parte de la CNTE.
Indicó que el operativo de desalojo fue “profesional y apegado a los protocolos en derechos humanos” y la decisión de llevarlo a cabo se tomó ante la negativa de los docentes de trasladarse a otro lugar para permitir la celebración de las fiestas patrias, “no encontramos voluntad”, subrayó.
Destacó que durante el operativo hubo infiltraciones al grupo de los maestros de parte de quienes buscaban la confrontación, ya que estaban enterados de que los policías federales no portaban armas.
Sobre los apoyos ofrecidos a la CNTE, en particular a la sección 22 de Oaxaca, consisten en recursos para mejorar la infraestructura educativa y la preparación de sus integrantes.
El funcionario aseguró que a pesar del desalojo, el diálogo “no se agota” y a los maestros se les ha conminado a manejarse con respeto a los derechos de los mexicanos que habitan en la capital, “hay límites y estos no pueden rebasar los derechos de los otros”.
El 1 de septiembre, los maestros impidieron también que el Presidente fuera al Congreso a entregar su Primer Informe de Gobierno. Ante las manifestaciones de los docentes, el Secretario de Gobernación fue quien llevó el documento a los legisladores, y un día después, el mandatario emitió un mensaje en la Residencial Oficial de Los Pinos.
La Reforma Energética es otra papa caliente, pues toca uno de los principales patrimonios económicos de los mexicanos: Petróleos Mexicanos (Pemex).
La propuesta presidencial busca abrir el sector al capital privado para la explotación y la exploración de hidrocarburos bajo la figura de contratos de utilidad compartida, idea rechazada, principalmente, por la izquierda.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (hijo del General Lázaro Cárdenas del Río, el Presidente que nacionalizó el sector en 1938) y el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador han encabezado movilizaciones en contra de la privatización de Pemex.
Hace una semana, AMLO llamó a nuevas movilizaciones y a una consulta en todos los municipios del país sobre el tema.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se opone a esta reforma, realizó también una consulta nacional sobre el tema y para hoy convoca a una cadena humana en la capital del país para impedir la privatización de la paraestatal.
La Reforma Hacendaria, presentada el 8 de septiembre también ha despertado severas críticas al sugerir un gravamen a las colegiaturas, hipotecas y la comida para mascotas.
El viernes, usuarios de redes sociales organizaron una protesta social a través de Twitter para que funcionarios y senadores impidieran el impuesto al alimento de sus mascotas.
Mientras que la idea de gravar las hipotecas y las colegiaturas ha sido fuertemente criticada por todos los sectores, incluyendo el empresarial.
Con la Reforma Hacendaria, Peña Nieto también pretende que se otorgue crédito más barato para que se creen más empresas, y con la fiscal, que el Estado consiga los recursos para invertir en infraestructura, educación y un sistema de seguro social universal.
Esta efervescencia social agarra al Presidente en un mal momento. Si la meta de crecimiento económico de México se proyectaba para el 2013 en 3.1 por ciento a principios de año, se acaba de rebajar la expectativa al 1.8 que el mismo Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso ha descrito como una expectativa de crecimiento “mediocre”.
Caso aparte es el de la seguridad. Heredero de una impopular guerra contra el narcotráfico emprendida por su antecesor, Felipe calderón Hinojosa, Peña Nieto se comprometió a reorientarla, sin embargo, las críticas abundan, en el sentido de que es la misma estrategia empleada con Calderón y que dejó un saldo de más de 70 mil muertos en seis años.
Según sus cifras, Peña Nieto lógró reducir en 13.7% el número de homicidios entre diciembre y julio últimos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y, en cuanto a los asesinatos vinculados a las mafias, también logró bajarlos en 20%. En contraparte, la extorsión y el secuestro aumentaron y persiste el problema de las autodefensas en estados como Guerrero y Michoacán; incluso, la semana pasada, vecinos de la colonia Roma, en el Distrito Federal, exigieron armamento para formar un grupo ciudadano capaz de defender a sus habitantes del crimen.
