Si el domingo 1 de julio arrojó un tsunami electoral, las medidas que ha anunciado López Obrador prometen un tsunami político. La más impactante para efectos prácticos (léase grilla) es la decisión de concentrar las delegaciones federales en una sola oficina en cada uno de los estados de la República. Un especie de meta-delegación que hará las tareas que ahora realizan una multitud de sucursales de las secretarías del Gobierno federal, desde Hacienda hasta Semarnat, pasando por todas las que a usted se le ocurran.

En principio parecería que se trata de una decisión administrativa. Está inspirada en el deseo de Andrés Manuel López Obrador de evitar la dispersión que termina favoreciendo a la corrupción. En la medida en que toda la obra pública y la contratación de servicios y licitaciones se ejerzan a través de un solo canal en cada entidad federativa, más fácil resultará establecer controles y vigilar el desempeño de los funcionarios claves.

Por otro lado, la decisión ahorrará un montón de dinero. Será inmenso el recorte de gastos destinados al alquiler o la compra de edificios, a la adquisición de vehículos o la contratación de personal. El traslape o la duplicación de tareas sigue siendo un vicio de la burocracia. Para el ciudadano que tramita un servicio público o construye una casa, para el pequeño empresario que intenta abrir un negocio, la unificación de oficinas supondrá una simplificación significativa en los muchos casos en los que hasta ahora se exigen trámites transversales, en ocasiones a través de laberintos kafkianos.

Desde luego es un proyecto ambicioso y los riesgos logísticos son evidentes. Los criterios con los que opera y los fines que persigue la Sermarnat o la Secretaría de Cultura son muy distintos a los objetivos de la Secretaría de Economía o los de Comunicaciones y Transportes. La meta-delegación podría convertirse en un mazacote inoperante o insensible a los intereses puntuales de cada sector de la comunidad. Pero quiero pensar que si hoy en día los Oxxos se las arreglan para procesar el pago capaz de liberar la araña que inmoviliza tu carro o liquidar lo mismo el predial que la factura de Cablevisión, habrá maneras de canalizar servicios y decisiones del orden más disímbolo sin convertir estos malls oficinescos en Babeles ingobernables.

Pero al margen de los desafíos administrativos quiero detenerme en las profundas implicaciones políticas. Lo que López Obrador está proponiendo es ni más ni menos que un virrey todopoderoso en cada una de las entidades, una especie de Gobernador en paralelo pero designado por el centro, un personero del Presidente con un poder presupuestal mayor al que ejerce el propio Gobernador elegido por los ciudadanos de cada entidad federativa (cabe señalar que en el imaginario se ha visualizado a los gobernadores como virreyes aunque esa figura es inexacta históricamente: el virrey era un cargo todopoderoso en un territorio en la medida en que encarnaba los poderes del rey en la región. Los gobernadores de México por el contrario, se convirtieron en señores feudales autónomos del poder central).

No es de extrañar que los mandatarios estatales estén poco menos que aterrados. Y no nos viene mal que sea así. Se habían convertido en verdaderos sátrapas sin contrapeso; allí están los más ignominiosos escándalos de los Borge y los Duarte para mostrarlo. Algo tenía que hacerse para impedir que se repitan los excesos y las infamias que observamos los últimos años.

Y no obstante, la figura del súper delegado será vista con suspicacia; una designación que si es mal resuelta entrañará severas consecuencias. En el peor de los casos el cargo podría dar lugar a una especie de comisario político. Incluso si estos puestos recaen en cuadros profesionales eminentemente administrativos, nadie ignora que el control de los recursos determina el poder. Manda quien controla las decisiones de dinero, o las decisiones, punto.

Si a esto añadimos que en 19 congresos locales Morena tendrá mayoría y con ello la capacidad de convertir al Gobernador en rehén de sus decisiones en materia de presupuestos y leyes estatales, los mandatarios estarán maniatados por partida doble.

Durante el régimen soviético el comisario político asignado terminó por convertirse en el verdadero poder en cada región. Los riesgos están a la vista, pero también los beneficios. El Estado mexicano se encuentra en pleno retroceso frente a los poderes salvajes al grado de que algunas regiones viven en la práctica una situación de Estado fallido. Unificar criterios y establecer sólidas correas de transmisión es el primer paso para recuperar el territorio y no sólo en términos geográficos. El espacio político, jurídico, social y económico está fracturado en México. A grandes males, grandes remedios. En su afán de combatir la corrupción y de restablecer el tejido nacional López Obrador está proponiendo una cirugía mayor. Me parece interesante y temeraria; habrá que estar atentos para cosechar sus probables beneficios sin incurrir en sus enormes riesgos.

@jorgezepedap

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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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