A pesar de la oposición del Senado, el gobierno de Felipe Calderón suscribió el miércoles 11 el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) que, a decir de expertos, otorga un poder ilimitado a las trasnacionales del entretenimiento y propietarias de marcas y patentes en detrimento de las libertades individuales y el derecho al intercambio de información en internet. A diferencia de los países de la Unión Europea –que rechazaron el acuerdo por considerarlo una amenaza a las libertades de sus ciudadanos– el gobierno de Calderón actuó en forma subrepticia: no informó al Congreso ni a la sociedad mexicana sobre la firma del ACTA y sus negociaciones, las cuales se iniciaron en secreto en 2007.
Por Marco Appel
Bruselas.- Luego de que el miércoles 4 el Parlamento Europeo decidiera desechar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) pues su contenido “es demasiado vago, abierto a una interpretación errónea y en consecuencia representa una amenaza a las libertades de los ciudadanos europeos”, el gobierno de Felipe Calderón sí firmó ese tratado el miércoles 11 en Japón, el país depositario.
A diferencia de los gobiernos de la Unión Europea (UE) que informaron a sus gobernados sobre la fecha en que firmarían el ACTA –el 26 de enero pasado así lo hicieron la Comisión Europea y 22 de los 27 países de la UE–, el gobierno mexicano en un comunicado de prensa anunció su rúbrica la noche del miércoles 11, cuando ya era un hecho consumado.
La decisión del gobierno calderonista de firmar el ACTA llegó cuando los opositores al tratado aún disfrutaban de su victoria en Europa tras la negativa definitiva del Parlamento Europeo.
Estados miembros de la UE como Alemania u Holanda suspendieron el proceso de aprobación y ratificación, en gran parte debido a las protestas de sus ciudadanos y de organizaciones defensoras del libre acceso a internet.
El pasado 10 de febrero la ministra alemana de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país retirar la instrucción para que su gobierno firmara el ACTA; el 30 de mayo el Parlamento holandés rechazó el mismo tratado “al no poder mostrar fehacientemente que no va en contra de las leyes europeas y holandesas”.
Más aun, el pasado 1 de febrero la embajadora de Eslovenia en Japón, Helena Zorko Drnovsek, quien el 26 de enero firmó el tratado en nombre de su país, reconoció que así lo había hecho “por descuido cívico, ya que no presté suficiente atención (…) Sencillamente –escribió en una disculpa pública– no conecté con claridad lo que plantea el tratado que fui instruida para signar y el que, de acuerdo con mis propias convicciones cívicas, limita y retiene la libertad de participación en la red más grande e importante en la historia de la humanidad y, por lo tanto, limita el futuro de nuestros hijos”.
También Polonia suspendió el proceso de ratificación. Así lo anunció a principios de febrero –cuando los manifestantes contra el ACTA tomaban las calles de ese país– Donald Tusk, el primer ministro, quien reconoció la falta de consulta en torno al acuerdo y que éste abordaba el tema del combate a la piratería desde una perspectiva del siglo pasado. Su gobierno prometió realizar una “extensa discusión” que incluya a los usuarios de internet y a los organismos encargados de la protección de la privacidad.
El gobierno rumano comunicó el 23 de febrero que no ratificaría el ACTA sino hasta que la Corte Europea de Justicia garantizara en un fallo que tal documento respeta las leyes fundamentales de la UE, lo cual podría demorar años.
LIBERTADES AMENAZADAS
El ACTA –impulsado por Estados Unidos y negociado en secreto desde 2007– contiene una serie de disposiciones que dan poder ilimitado a las trasnacionales del entretenimiento y propietarias de marcas y patentes (como las farmacéuticas) en detrimento de las libertades individuales, el derecho al intercambio de información en internet y el interés público (como imposibilitar el comercio de medicamentos genéricos).
La organización Knowledge Ecology International advierte que el ACTA desconoce ciertos límites establecidos desde 1994 en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de Comercio.
Por ejemplo el TRIPS no establece la obligación de perseguir judicialmente o forzar al pago de daños a las personas que adquieran de manera “casual” productos que violen los derechos de propiedad intelectual. El ACTA no considera esta excepción.
Otro riesgo apunta al control sobre internet y la violación a la privacidad de los mensajes. Las organizaciones defensoras de un acceso libre a la red son unánimes: el ACTA plantea la posibilidad de que las compañías proveedoras de internet se vean obligadas a cooperar con la policía. “En caso de que un cliente cometa violaciones a la propiedad intelectual (como descargar canciones, películas o documentos) la proveedora deberá comunicar sus datos personales a las autoridades”, señala la organización estadunidense IP Justice en diversos reportes.
Además las autoridades “podrán ordenar a la compañía desconectar el acceso a la red de un abonado o borrar páginas de internet a solicitud de las empresas de entretenimiento de Hollywood sin juicio previo, como se estipula actualmente”, agrega.
El 20 de octubre de 2010, durante un debate en el Parlamento Europeo, el eurodiputado Christian Engström, del Partido Pirata Sueco, observó: “La Comisión Europea repite que el ACTA no prevé la ley de los tres avisos (antes de cortar internet por una sospecha de descarga ilegal). Sin embargo cuando uno lee el texto, en su preámbulo se señala que las partes firmantes del acuerdo ‘están deseosos de promover la cooperación entre los proveedores de servicios y los titulares de los derechos para enfrentar las infracciones pertinentes en el entorno digital’”
Y abundó: “Si esto no se trata de la ley de los tres avisos entonces ¿qué es? Está muy bien hablar de cooperación entre los titulares de los derechos de autor y las firmas proveedoras de internet pero ¿qué se supone que deben hacer estas últimas? No queremos que sean forzadas a actuar como policías privados. Y si no quieren cumplir este papel ¿qué medidas se tomarán contra ellas? Me preocupa que el lenguaje de este acuerdo sea tan ambiguo que no queda claro lo que significa”.
OÍDOS SORDOS
En entrevista con Carmen Aristegui, Rodrigo Roque, presidente del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, declaró el jueves 12 que con la firma del ACTA “estamos tratando de proponer un mecanismo que prevea los mismos principios de infracción del mundo físico en el mundo virtual”.
Engström ha remarcado que ideas como esas no corresponden al mundo moderno y muestran desconocimiento del funcionamiento del entorno digital. “Hay una diferencia entre el mundo de los átomos y el de los bits”, señaló y agregó que el intercambio de música o productos culturales en internet no es lo mismo que el contrabando de mercancías piratas.
El gobierno mexicano hizo oídos sordos a las mismas advertencias planteadas por el Poder Legislativo.
El 22 de junio de 2011 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión “exhortó” al presidente Calderón para que “en el marco de sus atribuciones instruya a las secretarías y dependencias involucradas en las negociaciones del ACTA a no firmar dicho acuerdo”.
El Congreso enfatizó que entre otras cuestiones preocupantes “resulta peligroso que en dicho acuerdo se considere delito la transmisión por internet de documentos, fragmentos de libros o de canciones”, con lo que “se estaría criminalizando a los usuarios de la red, para muchos de los cuales es un medio de intercambio, recreación y de aprendizaje”.
En México el 6 de septiembre de 2011 el Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento a las Negociaciones del ACTA presentó sus conclusiones al Senado, las que alertaron sobre las amenazas a los derechos humanos y las garantías individuales, así como al libre acceso a la información en internet. El pleno del Senado solicitó nuevamente al gobierno de Calderón que no firmara el ACTA.
El Senado remarcó que la secrecía con la que el gobierno mexicano negoció el ACTA violó la Ley Sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica, que la ambigüedad de algunas de sus disposiciones resulta contraria a la seguridad y certeza jurídica de los mexicanos y que su contenido es anticonstitucional ya que vulnera el principio de presunción de inocencia inscrito en el sistema jurídico nacional.
El ACTA, añade el Senado, “podría derivar en la censura a los contenidos de internet (…) poniendo en riesgo el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural”.
Después de que el Senado mexicano fijó esa posición, gran parte de la prensa y la opinión pública nacional e internacional dio por enterrado el ACTA en México, y más cuando fue de los pocos países negociadores del tratado que no lo firmaron el 1 de octubre junto con Estados Unidos, Canadá, Marruecos, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y Japón.
Así lo creía la eurodiputada del Partido Pirata Sueco Amelia Andersdötter, quien fue ponente del reporte de opinión sobre el ACTA del Comité de Industria del Parlamento Europeo.
En entrevista con la revista Proceso el pasado 27 de junio, Andersdötter se mostró sorprendida ante la posibilidad de que el gobierno de Calderón firmara el acuerdo pues, dice, “ya lo rechazó el Senado” mexicano.
Ante la insistencia de que considerara ese escenario, Andersdötter expresa la necesidad de que la sociedad civil mexicana se movilice contra el ACTA y presione a los legisladores para detener la aplicación de ese tratado, tal y como lo hicieron los europeos.
El gobierno calderonista actuó con disimulo. Participó en la negociación secreta de ACTA desde 2008 y continuó sin proporcionar información a la ciudadanía cuando otros gobiernos se vieron forzados a compartir los documentos de discusión por exigencia de sus sociedades.
El contenido de la séptima ronda de negociaciones –que tuvo lugar en Guadalajara del 26 al 29 de enero de 2010– fue conocido públicamente a partir de la filtración de documentos de la delegación europea. En esa reunión se discutió el apartado relativo a la aplicación de la ley en los medios digitales.
En realidad Calderón desdeñó al Poder Legislativo y nunca avisó oficialmente del retiro de México del ACTA a los demás Estados asociados. Por el contrario, el gobierno mexicano siempre sostuvo ante ellos que, a pesar de la negativa del Senado, se mantenía en marcha el procedimiento interno de aprobación del acuerdo.
El pasado 24 de enero Pedro Velasco Martins, director adjunto de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Comisión Europea y negociador europeo del ACTA, reveló a Proceso que el gobierno panista no había transmitido a la UE ningún retiro del ACTA. “México continúa con su proceso interno de aprobación del acuerdo”, señaló el funcionario europeo tras haberle comentado que el Senado ya lo había rechazado.
“No veo la razón por la que no lo firmaría; México es parte del ACTA porque su gobierno decidió participar en las negociaciones”, indicó Martins en ese momento.
Para que el acuerdo entre en vigor es necesario que seis Estados lo ratifiquen, cosa que ninguno ha hecho. La fecha límite para hacerlo es el 1 de mayo de 2013. En el caso mexicano, la ratificación de los acuerdos internacionales debe someterse a la aprobación del Poder Legislativo. Pero el Ejecutivo podría sostener que el ACTA es un acuerdo interinstitucional que no requiere esa aprobación, según la Ley de Celebración de Tratados de 1992.
–Apro
