“Eran delincuentes”, “se lo merecían”, “así hay que matar a todos los huachicoleros”, “ellos los recibieron a balazos”, “los soldados tenían que defenderse”, “¿y a los militares quién los defiende?”, “fue una emboscada”, “que bueno que los maten porque luego los dejan libres”…

Estas y otras opiniones a favor de la ejecución extrajudicial cometida por un militar del Ejército mexicano en Palmarito, son vertidas en redes sociales y en algunos medios de comunicación, cuyos “periodistas” defienden al ejército a rajatabla, sin importar los delitos que comete.

Gente defendiendo los crímenes del Ejército, personas que consideran lícito pasarse el estado de derecho por el arco del triunfo, que creen que ignorar el debido proceso está bien; son quienes piensan que violar las leyes esta justificado si se trata del Ejército.

Mal, muy mal. Por ese camino nos dirigimos al abismo, directamente al caos y a una dictadura militar. El Ejército debe respetar el marco legal. Si no lo hace, si no respeta las leyes, si ignora la Constitución, se convierte en un Ejército asesino. Punto.

Asesino, eso es el militar que disparó el tiro de gracia en Palmarito a un presunto huachicolero. Y digo “presunto”, porque ya no podremos saber si realmente era un delincuente. El Ejército prefirió ejecutarlo extrajudicialmente. Por lo tanto, es solo un civil asesinado a sangre fría, tal y como muestra el video difundido por diario “Cambio” de Puebla.

El video dura un minuto 59 segundos. Pero las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un vecino, nos muestran que la noche del 3 de mayo hubo una ejecución extrajudicial, cometida por un soldado.

Peor aún. Al verse descubiertos, el regimiento que antes había disparado a matar a un coche con civiles, en lugar de dispararle a las llantas, intenta borrar las huellas de su crimen, desmontando la cámara particular.

El ejecutado, era un “campesino”, según dijeron sus padres que fueron entrevistados por el mismo medio que difundió el video en exclusiva. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en lugar de reaccionar con firmeza contra el militar asesino, se concreta a decir que las videocámaras son colocadas por los “delincuentes”. Es decir, los militares preferirían que nada consignara sus crímenes de lesa humanidad.

Así llevan años, ejecutando extrajudicialmente, torturando y desapareciendo civiles. El Ejército mexicano, es un ejército que ha volteado sus armas contra la población civil. Se supone que su existencia es para repeler el ataque de una potencia extranjera, pero en lugar de eso, Felipe Calderón decidió sacarlo de sus cuarteles para realizar labores de seguridad que no están dentro de su entrenamiento.

Los militares están entrenados para matar. Eso es indudable. Los soldados no tienen protocolos que permitan a sus objetivos salvar la vida. Carecen de recursos para detener un vehículo sin dispararle a matar, para detener “presuntos” delincuentes sin dispararles a corta distancia, o pegarles el tiro de gracia.

Es por eso que el Ejército debe volver cuanto antes a sus cuarteles. La calle no es su lugar, ni las labores de seguridad pública. Deben honrar el uniforme que portan, enaltecer con honor a la institución que pertenecen y no andar ejecutando a quema ropa a civiles, independientemente si son o no son delincuentes.

Evidentemente no todos los militares son asesinos, ni delincuentes, los hay decentes. Como en toda institución, hay elementos buenos y elementos malos. Pero en el Ejército los malos están ganando, son los que están defendiendo su derecho a matar, a ejecutar extrajudicialmente, a torturar y desaparecer personas. ¡Basta!.

Si el Ejército no va a respetar las leyes, pues que tire la Constitución mexicana al cesto de la basura. Todo indica que el marco legal lo considera eso, basura, porque sus militares están por encima de la ley y cuando llegan a ser detenidos, reciben el privilegio del fuero militar y sus propias leyes que les garantizan impunidad.

El general Salvador Cienfuegos, se erige de esta forma en juez y parte. Juez, porque permite a sus soldados ejecutar extrajudicialmente a civiles sin un debido proceso. Juez, porque permite que sus elementos apliquen la ley marcial, porque deja que los soldados se conviertan en homicidas sin el castigo de la ley civil.

Y Enrique Peña Nieto, máximo jefe de las Fuerzas Armadas se convierte en cómplice. “Se investigará, no tengo más que decir”, declaró cuando le preguntaron sobre la ejecución en Palmarito, investigación que podría terminar en unas horas porque la evidencia es clara.

Sorprende la tibieza de Peña Nieto, pero más, el silencio ominoso de funcionarios del gobierno como Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien ha defendido a rajatabla al Ejército y su actuación en las calles, omitiendo ofrecer certeza jurídica sobre los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.

Ofende también el silencio de una prensa que apoya igualmente al Ejército sin importar sus crímenes, que defiende su actuación violando el marco legal, ejerciendo la pena de muerte, por encima de la ley.

¿Y que hay de nuestros diputados y senadores? También están calladitos. Ni siquiera cuando se publicaron los documentos que confirman que el Ejército mexicano tiene la orden de “abatir”: “Las tropas deberán operar en la noche de forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el número de delitos se comete en ese horario”, dice el manual interno de la Sedena.

Efectivamente, las cifras confirman que el Ejército ha ido ejecutando o “abatiendo” civiles durante diez años. La misma Sedena reportó que de enero de 2007 a diciembre de 2016, los militares 3 mil 921 “enfrentamientos” con supuestos integrantes del crimen organizado y “abatieron” a 3 mil 907 agresores.

Hasta allí las cifras parecen normales, pero cuando nos dicen que en 10 años, luego de esos 3 mil 921 enfrentamientos, solo hubo 247 soldados que murieron, algo anda mal. O los presuntos “delincuentes abatidos” no saben usar sus armas o una buena parte de ellos fueron detenidos y ajusticiados con el mismo método de ley marcial.

Repito, si seguimos por este camino, vamos directo al matedero. Esos que defienden las ejecuciones extrajudiciales del Ejército, tal vez, en un futuro no muy lejano, se conviertan en objetivos y en víctimas. Nadie está exento de recibir una bala mortal del Ejército.

No defiendas la ilegalidad.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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