Morena pisa una delgada línea entre la moralidad y el utilitarismo político, coinciden analistas políticos, activistas y también familiares de víctimas.
Por un lado, sus estatutos dejan en claro su categórica intolerancia a la corrupción, inclusive mencionando que un motivo de exclusión del partido es que haya pruebas de comisión de ilícitos y de violación a los derechos humanos. Por el otro, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador impulsa las candidaturas de Francisco Chíguil Figueroa y Víctor Hugo Romo Guerra a las delegaciones Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, respectivamente.
El primero, a ojos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es responsable directo de diversos atropellos y omisiones, entre ellos la violación de derechos humanos cuando murieron 12 personas a causa de un operativo policiaco en la discoteca New’s Divine. Y el segundo, es investigado actualmente por la Procuraduría General de Justicia capitalina y por la Secretaría de la Función Pública por los presuntos delitos de desvío de recursos y uso ilegal de atribuciones.
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es, por principio declaratorio, un partido que está en contra “de la riqueza mal habida, de la corrupción”. Y contrario a sus fundamentos, Morena es el receptáculo de algunas figuras públicas vilipendiadas, como en el caso de los ex delegados de Gustavo A. Madero (GAM) y Miguel Hidalgo, Francisco Chíguil Figueroa (2006-2008) y Víctor Hugo Romo Guerra (2012-2015), respectivamente.
En enero de 2018, López Obrador visitó la cabecera municipal de Actopan en el estado de Veracruz. Con el talante firme y la voluntad resuelta, el candidato presidencial de las izquierdas alargó la voz. Entonces declamó que “cuando hay antecedentes de corrupción, no debe de permitirse que [los corruptos] participen, porque Morena es un referente moral y tiene que cuidar mucho su imagen”.
El partido de la “esperanza de México” propone “un cambio de régimen” basado en “acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población”. E inclusive en el artículo 3, inciso “h” de sus estatutos, constituye como fundamento la “exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos humanos y sociales o actividades delictivas”.
La revolución moral que propone el político tabasqueño, a su modo y pese a la notoria contradicción de discursos, propone de igual forma amnistía a los criminales “para lograr la paz”, como “amnistía anticipada” a los políticos corruptos. Lo anterior lo dijo entre el 4 y el 19 de diciembre del año pasado. Lo mencionó a sotavento, pues le costó críticas y juicios de la oposición y de una buena parte de la sociedad.
AMLO se muestra permisible. Propone perdón y redención para quienes se unan a su causa, siempre y cuando, al parecer, se respete “la erradicación de la corrupción y los privilegios” (artículo 2, fracción “d”, estatutos de Morena). No obstante, en la práctica, no hay garantía de ello.
Actos simbólicos de perdón como el del ex priista Evaristo Hernández Cruz (2016) han hecho que las filas de Morena acojan a operadores políticos embarrados de corrupción: Dolores Padierna, Eva Cadena Sandoval, Marcelo Ebrard Casubón, René Bejarano Martínez, Ricardo Monreal Ávila, Yeidckol Polevnsky Gurwitz… Y más recientemente, a Francisco Chíguil Figueroa y Víctor Hugo Romo Guerra.
Chíguil es uno de los “responsables directos” de la tragedia del 20 de junio de 2008 en la discoteca New’s Divine, donde 12 jóvenes perdieron la vida a causa de un operativo fallido de las autoridades. Las omisiones del entonces delegado de la GAM, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), causaron el infortunio.
Culpable a ojos de la Comisión, Chíguil fue exonerado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por no haber pruebas en su contra.
Como fue mencionado, el artículo 3, inciso “h” de los estatutos de Morena, advierte que un motivo de exclusión del partido es que haya prueba de “violación a los derechos humanos”. Precisamente, la CDHDF menciona en su informe sobre el caso que las acciones de Chíguil propiciaron eso. Empero, es candidato a la GAM por Morena.
“La SSP, la PGJDF, así como la Delegación GAM y la Unipol de dicha demarcación son responsables de los tratos crueles, inhumanos o degradantes de las y los jóvenes. Por ello se viola el derecho a la integridad personal que se encuentra en el art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (sic), se lee en la página 287 del Informe Especial Sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el caso New’s Divine.
Para Carlos Cruz, fundador de la asociación civil Cauce Ciudadano, Morena “solamente está haciendo un cálculo electoral, no ético”, al incorporar a Chíguil a sus filas, porque hay estructuras criminales en la GAM con las que el ex delegado operó, que son beneficiosas y que “las pueden seguir continuando. Es decir, una estructura criminal, cuando ve que aquél que fue intocable, pues puede volver a construir otra estructura criminal. Esa es la realidad. Y la disposición en la que están llegando a la delegación, es la que está capturada por estructuras criminales”.
En entrevista con SinEmbargo, Carmen Rivas Nájera e Hilda Barragán, familiares de víctimas del New’s Divine, dijeron que “es una marranada lo que trae Morena” y que la postulación de Chíguil a la GAM “es una burla para los familiares y para toda la ciudadanía”.
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Víctor Hugo Romo Guerra, por su parte, habría sido investigado por la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJCDMX), por el presunto uso indebido de atribuciones y la supuesta malversación de 52 millones de pesos. Hasta septiembre de 2016, trascendió en medios nacionales, la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró irregularidades por más de 46.2 millones de pesos durante su administración en la delegación Miguel Hidalgo (2012-2015).
La ex Delegada panista de esa demarcación, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha mencionado que “aunque no puedo probarlo”, Romo y su equipo “se hacían güeyes contra la corrupción” cuando estuvo al mando de la delegación.
En una carta aclaratoria enviada a SinEmbargo, Romo Guerra aseveró no ser investigado por la PGJ local ni por la SFP. Asimismo rechazó haber sido vinculado a proceso y que las afirmaciones en su contra, citadas por el reportero y la fuente consultada, son “absolutamente falsas” (LA CARTA ÍNTEGRA, AL FINAL DE ESTA NOTA).
Más allá de las múltiples acusaciones por corrupción en contra de Romo, Jorge Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, dedicada a combatir la ilegalidad derivada del uso incorrecto de la publicidad exterior en la Ciudad de México, confirmó que el legislador con licencia sirve más a sus propios intereses que a los de la ciudadanía.
“Él tendría que hacer una búsqueda realmente de a quién va a servir: si va a servir a la ciudadanía o si va a seguir sirviendo a las empresas de publicidad exterior”, dijo a SinEmbargo, ya que en su opinión y experiencia, el actual Diputado se maneja entre conflictos de interés.
A pesar de la supuesta investigación en contra de Víctor Hugo Romo Guerra, quien hoy compite por la delegación Miguel Hidalgo con los colores de Morena; y los testimonios que señalan que sigue haciendo de las suyas en lugar de reformarse -sin que haya prueba contundente en su contra-, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador pisa una delgada línea entre la moralidad y el utilitarismo político.
FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA
Chíguil Figueroa se muestra cálido con sus cercanos y con la gente. Sus alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lo describen como un “excelente profesor”; alguien paciente que se toma el tiempo necesario para explicar las cosas y “con un carácter super alivianado”.
Nacido en 1961 en territorio de cultivo de tabaco, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, Francisco Chíguil es un personaje de contrastes. Alguien capaz de asistir al cine, presenciar un problema durante la proyección de un largometraje y advertir, ante el descontento generalizado de los cinéfilos, que las condiciones en que opera el cine suponen riesgos para la comunidad. Así ocurrió en 2007, cuando mandó clausurar el Cinemex Aragón.
Pero alguien que, por otro lado, fue señalado por la CDHDF de ser uno de los “responsables directos” de la tragedia ocurrida el 20 de junio de 2008 en la discoteca New’s Divine, cuando, tras un operativo “mal organizado” de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF), se suscitó la muerte de 12 jóvenes y el agravio de decenas de lesionados.
A diferencia de lo ocurrido en el cine, la intransigencia no se presentó en la disco que operaba “al margen de la Ley con las autorizaciones y permisos” de la Delegación Gustavo A. Madero, encabezada entonces por Chíguil, refiere un informe de la CDHDF.
Antes del 20 de junio de 2008, la GAM “tuvo registros de diversas quejas vecinales que motivaron algunas visitas de verificación al establecimiento. Sin embargo, el lugar continuó operando intermitentemente, incluso después de haber sido clausurado de manera definitiva en 2006”, explica el documento de la Comisión. Nadie clausuró, con antelación, el recinto que fue la tumba de jóvenes de secundaria, quienes por Ley, no debían estar ahí.
Un año antes del fatídico suceso, Chíguil se presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Allí tomó el micrófono para externar su compromiso de cerrar los establecimientos que vendieran alcohol sin permiso. Allí se presentaría sin saberlo, un año más tarde, para comparecer por los hechos del 20 de junio de 2008. Fueron las últimas palabras de Chíguil, antes de renunciar, cuatro días después de la tragedia.
Pese a que la CDHDF responsabilizó a Chíguil por haber coordinado el operativo junto con Joel Ortega Cuevas, ex secretario de la SSPDF; y por permitir que la discoteca continuara con sus actividades aún cuando presentaba deficiencias en las medidas de seguridad y de protección civil, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) decidió no ejercer acción penal en contra del ex delegado de la GAM.
“Una vez agotadas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acreditó que los mencionados [Chíguil y Ortega] hubieran cometido los delitos que les imputó o que hubieran participado en su ejecución”, reza el veredicto legal de diciembre de 2009.
La única consecuencia para el actual candidato a la GAM por Morena, fue la destitución de su cargo a los cinco días de ocurrida la tragedia del New’s Divine, convenida con el entonces Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casubón.
Se trató de un caso de “extorsión”, dijo a SinEmbargo Carlos Cruz, fundador de la asociación civil Cauce Ciudadano, dedicada a la construcción de alternativas pacíficas para el desarrollo de las personas.
Explicó que a través de dos estructuras, una partidista y otra delegacional ligadas al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Chíguil y su equipo de trabajo emitían órdenes para clausurar lugares en la GAM a través de Lizbeth Rosas, entonces responsable de Seguridad Pública de la delegación, para después, por medio de las áreas de Jurídico y de Gobierno, ejecutar la orden.
Luego, explicó Cruz, “la estructura del PRD, controlada por Chíguil, le ofrecía o le ofertaba al dueño del establecimiento la apertura, a cambio de cuotas mensuales”. Era una “renta al más estilo mafioso”, mencionó al respecto. Y añadió que “no es un asunto de corrupción”, sino una cuestión ligada a “una estructura criminal”.
Carmen Rivas Nájera, por su parte, señaló que su hijo Leonardo, quien trabajaba en el lugar, le comentó antes de morir que iban a cerrar el New’s Divine porque “da 10 mil pesos semanales y la delegación le está exigiendo 15 [mil pesos] y no sale. [Chíguil] tenía sueldo. Era Rafael Bustamante [ex director de gobierno de la GAM] quien pasaba por la lana”.
La clausura y reapertura del New’s Divine refleja, según Carlos Cruz, “como el jefe delegacional tiene un control de las instituciones, un patrimonialismo político de las instituciones, para hacerse de recursos de manera ilegal, para financiar las campañas internas”.
Francisco Chíguil es hermano de un ex funcionario de la SSPDF, Saúl Chíguil; y esposo de la actual vicecoordinadora de Morena en la ALDF, Beatriz Rojas Martínez, quien en marzo del año pasado fue señalada por el Diputado perredista, Mauricio Toledo, de mantener “aviadores” en las comisiones de la ALDF, entre ellos Andrés Chíguil Pucheta (sobrino de Francisco), Stefani Cortés Rojas y Rubén Martínez Guerrero (sobrinos de Beatriz), además de otros de sus familiares como María de Lourdes Ramírez Martínez, María del Socorro Ramírez Martínez y Luz Sandra Martínez Lorencez.
Todos ellos, según las cuentas de Toledo, cuestan a la nómina de la ALDF 127 mil 492.82 pesos mensuales. Y todo queda en familia.
Chíguil estudió la licenciatura en ingeniería química en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y es licenciado y maestro en economía por la UAM. También ostenta un doctorado en Ciencias Económicas por el IPN.
En septiembre de 1997, abanderado por el PRD, fue electo como diputado local en la Primera Legislatura capitalina, donde presidió la Comisión de Desarrollo Social y formó parte de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Tres años más tarde, se desempeñó como director ejecutivo de desarrollo Económico de la GAM. Y de 2003 a 2006, regreso a la Asamblea como Diputado local, participando como secretario de la Comisión de Gobierno y presidente de la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Su periodo como delegado de la GAM ocurrió entre 2006 y 2008. Después -durante poco menos de cinco meses- nadie supo más de Chíguil. Fue en noviembre de este último año que reapareció junto a los perredistas Alejandro Encinas, Alfredo Hernández, Armando Quintero y Martí Batres, para crear el “Frente por la Equidad y la Democracia”.
Transcurrieron los años y a Francisco se lo tragó el olvido; pero no para los padres de los difuntos en la discoteca, quienes año con año, rememoran su pérdida.
Era julio de 2016. Entre los asesores de Morena en la ALDF, ya colocada Beatriz Rojas como vicecoordinadora, Francisco reapareció en la escena política. Y en diciembre de 2017, Morena daba a conocer que Chíguil sería su candidato a la GAM.
Sobre su exoneración en 2009 por parte de la Procuraduría, Carlos Cruz comentó que fue “parte del pacto de impunidad”. Recordó que “él no quiso ni ofrecer disculpas ni nada porque aparentemente él no asume ninguna responsabilidad; pero él es responsable”.
Hilda Barragán, cuya hija Isis tapia falleció en 2008, dijo que Chíguil “mostró desprecio hacia los familiares de las víctimas porque él sabe perfectamente que el tuvo la mayor parte de culpa […]. Pensaron que todo iba a quedar impune, como hasta la fecha lo ha estado”. En su opinión, “Chíguil está protegido por alguien”.
Para ella como para Carmen Rivas, que Chíguil esté contendiendo por la GAM es una pesadilla. “A mi no me gustaría que al paso del tiempo, de esos tres años que estuviera, o me maten a un nieto, o me maten a otro hijo. ¿Por qué? Por la corrupción que ellos cometen”, declaró Rivas.
VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA
Romo Guerra renunció a 22 años de militancia perredista en diciembre del año pasado. Y hoy, de la mano de Morena, busca regresar a la Delegación Miguel Hidalgo.
Se ha desempeñado como docente en Finanzas Públicas en el IPN. Él es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y dice que, en la actualidad, estudia la maestría en Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Como parte de su trayectoria política, ha fungido como director de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD y como Oficial Mayor del Grupo Parlamentario de ese partido, en la Cámara de Diputados. Asimismo, ocupó el cargo de gerente de Recursos Humanos del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
En 2009, a sus 32 años de edad, fue electo Diputado local del Distrito IX de la delegación Miguel Hidalgo. Cuatro años después, se convirtió en el jefe delegacional de la delegación Miguel Hidalgo. Y a partir de septiembre de 2015, se desempeñó como Diputado local por el Distrito VII de la Miguel Hidalgo.
En la opinión de Jorge Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, Romo operó como Diputado “para que las normas se vayan modificando a favor de las empresas de publicidad”.
“Él es el autor de las modificaciones al Reglamento de Publicidad Exterior. Él es el que ha [hecho] cada vez más permisible la Ley de Publicidad Exterior para que las empresas de publicidad hagan todo lo que se les dé la gana dentro de la Ciudad de México. Él fue de quienes influyó para que en la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México se quitara el cuarto transitorio como venía, en el sentido de que se tenían que retirar todos y cada uno de los espectaculares de las azoteas inmediatamente”, abundó.
El capitalino de nacimiento, tercer hijo de tres y gustoso de las “güeras de rancho” como su esposa Claudia Santoyo, creció en hogar de madre soltera y trabajó de niño en una cremería. Hoy, es el orgulloso padre de tres hijas: Yara, Victoria y Frida.
Cuenta que desde que estaba en la preparatoria número cuatro de la UNAM, comenzó a ejercer su vocación de liderazgo como consejero estudiantil. Sin embargo, fue su abuelo materno, Isauro Guerra Díaz, quien lo llevó a afiliarse al Sol Azteca, donde pasó gran parte de su vida política. Y donde además halló congruencia ideológica con figuras como Heberto Castillo Martínez, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo.
Se identifica de izquierda. Y al igual que Andrés Manuel López Obrador, con Benito Juárez. Pero a la sombra del hombre que profirió palabras en defensa del respeto ajeno para lograr la paz, símbolo del reformismo nacional y de la justicia, Víctor Hugo Romo Guerra es un contraste.
En la actualidad, el legislador con licencia que en 2013 aseguró que “no aceptaremos que la corrupción, el cohecho y la charola sean una tradición y una forma de hacer las cosas”, es acusado de múltiples actos de corrupción, entre ellos, un desfalco millonario por irregularidades en obra pública cuando estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo.
En 2016, la ex delegada panista Xóchitl Gálvez Ruiz y la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, exigieron a la Contraloría de la Ciudad de México y a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a Romo Guerra por la supuesta malversación de 52 millones de pesos: 12 millones pagados de manera indebida a una constructora por las obras del parque “El Mexicanito”; y 40 millones más por trabajos de reparación y manutención del mercado Escandón, que fueron entregados antes de que fuera ejecutada la obra.
A estas acusaciones se suman otras en su contra por construcciones que, al margen de la Ley, superaron el número de viviendas permitidas por complejo habitacional en las colonias Anáhuac, Anzures, Polanco y San Miguel Chapultepec.
En diciembre del año pasado, a consecuencia de la denuncia de los panistas, la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) inició una investigación en su contra por presunto uso indebido de atribuciones, señalaron medios de comunicación nacional.
En enero pasado, esa misma dependencia habría girado un citatorio en contra del legislador, por no acudir a declarar en calidad de imputado de desvío de recursos y uso ilegal de atribuciones.
Hasta septiembre de 2016, trascendió que la SFP encontró irregularidades por más de 46.2 millones de pesos durante la administración de Romo Guerra (2012-2015), entre ellas, el precio inflado a más de mil por ciento de las excavaciones para la construcción del nuevo edificio delegacional, cuyo costo fue registrado en 24.3 millones de pesos.
Romo habría utilizado recursos del Ramo 23 Programas Regionales para financiar la obra. Y para ello, habría contratado a la empresa Phomsa Construcciones, cuyo dueño es el perredista Carlos Herrera Tello, político que apoyó la campaña de Romo en 2012.
***
A CONTINUACIÓN LA CARTA ÍNTEGRA DE VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA
Ciudad de México a 17 de abril del 2018
JORGE ZEPEDA PATTERSON
DIRECTOR GENERAL DE SINEMBARGO.MX
PRESENTE
Apreciable Sr. Director:
Sobre la nota titulada: Romo y Chíguil echan lodo a la promesa de “limpiar” la capital,
afirman activistas, suscrita por Efrén Flores y publicada en SinEmbargo, le informo
y aclaro lo siguiente:
1.- Son absolutamente falsas las afirmaciones sobre Víctor Hugo Romo Guerra,
citadas por el reportero y la fuente consultada.
2.- Víctor Romo no es investigado por la PGJ local ni por la SFP y tampoco he sido
vinculado a proceso en ningún caso.
3.- La hoy ex delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, diseñó y desplegó una
campaña de desprestigio contra Víctor Romo desde hace tres años, mediante
acusaciones infundadas y denuncias en distintas instancias legales.
4.- Ninguna acusación prosperó ante los órganos de fiscalización y de procuración
de justicia y se desvanecieron por falta de elementos probatorios.
5.- En diciembre pasado, cinco días después de que Romo renunciara al PRD y tras
dar a conocer que ganó la encuesta de Morena, para ser el Coordinador de
Organización de ese partido en la delegación Miguel Hidalgo, distintos actores del
PRD y del PAN, reavivaron y desataron esa campaña negra de desprestigio que no
ha parado y seguirá porque son tiempos electorales y a Romo lo favorecen los
sondeos para la alcaldía de Miguel Hidalgo.
6.- Los 46.2 mdp que refiere la nota, responden a una filtración ilegal de la actual
administración de las primeras observaciones parciales a una auditoría interna, no
pública, que debieron solventarse por la autoridad de Miguel Hidalgo, pero no lo
hizo con fines políticos.
7.- Esas auditorías parciales ya fueron solventadas e incluso la delegación le dio
continuidad a la segunda etapa de la obra, por lo que no hay caso legal alguno
abierto contra Romo, ni por 52 mdp ni por 46.2 mdp como publica dolosamente la
nota.
8.- Sobre la declaración del presidente de la Fundación por el Rescate y
Recuperación del paisaje Urbano, primero aclaro que no tengo el gusto de
conocerle, y después le recomiendo respetuosamente que lea la crónica
parlamentaria donde podrá corroborar que Romo, durante toda la discusión de la
Ley de Reconstrucción, manifestó que la publicidad en azoteas es ilegal, cómo lo
establece la Ley de Publicidad Exterior del DF.
Como bien debe saber, el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior es facultad
del Ejecutivo Local, por lo que la Legislatura no participa en su discusión, por lo que
las aseveraciones del declarante son inexactas, imprecisas e infundadas. Además,
es muy pretensioso sugerir que un solo legislador pueda hacer una ley de esa
magnitud e importancia.
Finalmente, nos sorprende que un medio tan prestigiado, objetivo y veraz como
SinEmbargo se haya prestado a difundir información no confirmada, sin acopiar
datos duros y a reproducir viejas e infundadas acusaciones de quien se ha
distinguido por el escándalo mediático, el arguende y la agresión verbal para
hacerse notar con fines de promoción personal.
Mucho le agradeceré, atendiendo a mi derecho de réplica, se publica la presente
carta aclaratoria, con la única finalidad de mantener objetivamente informados a los
lectores del prestigiado medio a su cargo.
A T E N T A M E N T E
OSCAR FIGUEROLA
JEFE DE PRENSA DIP. VÍCTOR HUGO ROMO
