Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) se resisten a aprobar en sus términos el Sistema Nacional de Transparencia, a pesar de que el tiempo está encima del Senado de la República y de que existe un acuerdo de palabra de los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras del Congreso para que la minuta se apruebe sin modificaciones.
En tanto, académicos y expertos en materia de transparencia urgieron a la Cámara Alta a aprobar la minuta antes de que termine el periodo ordinario, el próximo 30 de abril, a fin de que se ponga el piso mínimo en el combate a este flagelo, aunque los especialistas reconocieron que es una ley inacabada.
Sin embargo, también calificaron al sistema anticorrupción como un primer piso para avanzar en una legislación inexistente que permitirá dar pasos en el sentido correcto para prevenir y combatir con mayor eficacia la crisis de corrupción de impunidad que permea en la clase política de México.
“Esta reforma permitiría modificar además la muy arraigada y equivocada idea según la cual combatir la corrupción solo equivale a castigar corruptos, sin tocar las causas que generan este fenómeno”, expresó el doctor Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).
El Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobado el 26 de febrero por la Cámara de Diputados, que a su vez modificó la minuta enviada por el Senado que se limitaba a crear una Agencia Nacional Anticorrupción con un “zar” o fiscal anticorrupción encargado de atender y resolver todos los casos de corrupción en el país.
La reforma aprobada en San Lázaro se cimenta en los ejes de prevención investigación y sanción; fortalece las facultades investigadoras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); quita la posibilidad de sanción a la Secretaría de la Función Pública (SFP); pasa la atribución de las sanciones a un Tribunal Administrativo y establece en la Carta Magna la obligación de todos los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
A falta de seis sesiones antes de que termine el presente periodo ordinario, las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos realizaron una audiencia pública para escuchar la opinión de expertos en materia de transparencia, antes de dictaminar la minuta enviada por la Cámara de Diputados.
“Hasta en tanto no exista la reunión de comisiones para dictaminar todavía hay tiempo para poder ajustar”, adelantó el Senador Fernando Herrera, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).
El líder parlamentario consideró que el documento aprobado por los diputados contiene avances significativos, pero confirmó que los senadores del blanquiazul tienen varias observaciones al Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales intentarán incluir en la minuta, ya sea mediante reservas al dictamen o mediante una legislación secundaria, posterior a su aprobación por el pleno.
“Lo que no está incorporado ahora necesariamente tendrá que tener un acomodo en leyes secundarias”, explicó.
Por otra parte, el senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) planteó la urgencia de agregar en el Sistema Nacional Anticorrupción mayor involucramiento de la Secretaría de Hacienda, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIT), el tema del fuero, la participación ciudadana y dar dientes a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para combatir la corrupción.
URGEN A APROBAR SIN CAMBIOS EL SNA
En la última audiencia pública antes de que las comisiones unidas se reúnan para analizar el Sistema Nacional Anticorrupción, académicos y activistas a favor de la transparencia coincidieron en urgir al Congreso a aprobar esta reforma, que permitiría hacer frente de forma más efectiva al flagelo de la corrupción en México.
Durante su participación, Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se refirió a la corrupción como la mayor causa de la desigualdad, de la impunidad y de la exclusión del régimen político.
Mauricio Merino, como otros especialistas, urgió a aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción de la misma forma en que la Ley General de Transparencia avanzará en la Cámara de Diputados. De no hacerlo, advirtió “habremos dejado los cimientos sin terminar”.
“Esta reforma abrirá la puerta para modificar el sistema general de responsabilidades administrativas y penales en materia de corrupción, que ha sido el talón de Aquiles del régimen político mexicano.
Agregó que el SNA reforma permitiría contrarrestar la fragmentación de las instituciones que se han creado después de la transición y que ha impedido que la anticorrupción prospere.
“El diseño que ahora está sobre la mesa tiene todas esas ventajas y una más que sugiero que no pase inadvertida: De aprobarse exigiría poner en marcha por fin el cambio de fondo que necesita la operación del Gobierno y que dejó pendiente nuestra transición a la democracia”, dijo.
“Aunque insisto en que ninguna de estas mudanzas ocurrirá en el plazo breve, pero precisamente por eso es urgente abrir la puerta de entrada poniendo la mirada más allá del sexenio que corre y muchos más lejos, por favor que los argumentos de campaña que se están usando en este momento”, agregó.
Por su parte, Sergio López Ayón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) resaltó que no es una minuta de maquillaje, sino una propuesta real que avanza en la dirección correcta.
“Quiero insistir que este sistema no sólo busca castigar a los corruptos, sino que suma elementos que permitirían comenzar a combatir a la corrupción por sus causas y que están claramente establecidos en el Artículo 113 del proyecto”, dijo.
De aprobarse, reiteró, implicaría una reestructuración completa del régimen de responsabilidades administrativas que, como ya he dicho, ha probado su ineficacia.
“Un elemento central es la judicialización de la sanción administrativa que bien entendida, permitiría crear un entorno que no sólo busque individualizar una sanción impuesta en el marco del debido proceso; sino que va a tomar en cuenta el daño a los bienes públicos protegidos y debe lograr ser un disuasivo eficaz”, remarcó el especialista.
Por su parte, Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción no es un asunto de semántica, sino de integrar un verdadero sistema con indicadores claros de operación, desempeño y resultados, a fin de que no se quede solo en una espacio de coordinación para la comunicación entre las dependencias.
“La oportunidad que tiene este sistema es ayudar a integrar muchos de los sistemas o subsistemas del país”, dijo. Bohórquez se refirió, por ejemplo, al Servicio de Administración Tributaria y la Unidad Especializada en Inteligencia Financiera, entre otros.
No obstante, también se refirió a los pendientes en la reforma, por ejeplo, no est{a claramente definida la diferencia entre asuntos graves y no graves. “¿Cómo vamos a entender cuál es la línea divisoria entre estos asuntos? Tal vez no sea objeto del objeto constitucional, pero sin duda es parte de una agenda legislativa en este tema”, señaló.
Otro de los pendientes es el relativo al tema de las sanciones a los particulares, ya sean personas físicas o personas morales.
“Es un avance muy importante del sistema hacer responsables en lo administrativo a las personas morales y a las personas físicas, pero ahí hay sin duda focos ámbar que hay que cuidar en términos de la traducción de lo que esto pueda suponer ya en la operación del Tribunal”, alertó.
ASF PIDE APROBAR REFORMA
El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, destacó cinco elementos que se desprenden de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, por los cuales es urgente que se apruebe la reforma en comento.
Recalcó que el Sistema Nacional Anticorrupción como fue aprobado por la Cámara de Diputados fortalecerá las facultades de la Auditoría Superior de la Federación reducirá el tiempo del proceso de fiscalización.
Portal refirió que se tiene contemplado que la ASF pueda fiscalizar recursos federales ejercidos en el año fiscal en curso, así como aquellos vinculados a actos irregulares cometidos en ejercicios previos al año de la cuenta pública que es objeto de revisión.
“Esta situación abre la posibilidad de que el ente fiscalizador responda de manera más dinámica y oportuna a situaciones coyunturales que así lo ameriten, asimismo, desde el punto de vista de los incentivos de los servidores públicos esto constituye un elemento de disuasión importante que refuerza la presencia de la ASF”.
Ampliará el universo auditable por la ASF, ya que la reforma extenderá la cobertura hasta las participaciones federales, con el fin de generar un balance de rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno.
Portal Martínez recalcó que los resultados derivados de la fiscalización superior podrían darse a conocer a la Cámara de Diputados mediante entregas cuatrimestrales: en junio, octubre, y febrero del año siguiente en lugar de una sola participación que se lleva a cabo 14 meses después del cierre del año fiscal auditado.
Principalmente, dijo que con el nuevo sistema se visualiza la respuesta del Estado mexicano como una política pública con visión sistémica. En este panorama el SNA abre las bases que deberán materializarse en las leyes secundarias respectivas para que la fiscalización, acceso a la información y la rendición de cuentas.
SENADORES INSISTEN EN QUE NO DEBE PASAR SI NO ESTÁ COMPLETA
El Senador perredista Armando Ríos Piter reviró a los especialistas que no se trata de un verdadero sistema, porque deja de lado conceptos tan básicos como claridad en la definición del término corrupción, sus niveles de gravedad y el diseño de su combate institucional.
“El combate de la corrupción y la impunidad, debiera ser de mayor dimensión, y que se está en la oportunidad de entregarle un mejor producto legislativo a la sociedad”, recalcó.
El Senador por Guerrero también expresó su preocupación de que los especialistas han querido vender la idea de que si no se aprueba en los términos de la minuta, México se quedará con las manos vacías en este tema:
“Están asustando a mucha gente que con buena credibilidad, con buena fe, están apostando a que este sistema sirva”, advirtió.
Ríos Piter pidió retomar el tema el fuero, verdaderos pesos y contrapesos, que las recomendaciones sean vinculantes y hacer parte fundamental del sistema al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera, deben de ser parte de la columna vertebral del análisis.
Previo a la sesión de las comisiones unidas, el Senador Alejandro Encinas reconoció que sigue en debate el hecho de que si se realizan modificaciones al documento, difícilmente podrá aprobarse la reforma en este periodo de sesiones.
No obstante, adelantó que se puede avanzar construyendo otro tipo de acuerdos políticos sin la necesidad de reformar la minuta enviada por la colegisladora, como identificar desde la exposición de motivos del dictamen los temas que podrán ser reformados posteriormente en las leyes secundarias.
