La señora Miranda de Wallace estuvo presa cinco días, dice este domingo Proceso en el reportaje que SinEmbargo.mx ofrece íntegro a continuación. La candidata del PAN al gobierno del DF lo negó toda la semana pasada, mientras la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos investigan “la filtración”. Proceso había anunciado una respuesta a la abanderada panista.
Por Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F. (proceso).- María Isabel Miranda de Wallace ingresó al Reclusorio Norte la noche del viernes 17 de julio de 1998. Acusada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de homicidio en grado de tentativa, daños en propiedad ajena y resistencia de particulares, y encausada por un juez penal, salió del reclusorio el miércoles 22.
El Ministerio Público adscrito a la delegación Tlalpan consignó a la ahora candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal por la resistencia que el 16 de julio de ese año había opuesto a un mandato de la demarcación para que retirara uno de los 2 mil anuncios espectaculares que su empresa, Showcase Publicidad, tenía instalados en la ciudad.
Protagonistas de los hechos y notas periodísticas que dieron cuenta del asunto confirman que Miranda de Wallace, entonces presidenta de la Asociación de Publicistas en Exterior (Apex), ingresó al Reclusorio Norte, donde fue fichada y permaneció cinco días.
En una conferencia de prensa a la que convocó el martes 10, Wallace aseguró rotundamente que es “falsa” la fotografía de su fichaje que se le tomó antes de su ingreso al penal y que fue publicada por Proceso en la portada de su edición 1849. La foto de la ahora candidata quedó registrada en los archivos penitenciarios.
La causa en su contra duró más de tres meses y terminó con la absolución de los cargos que le imputaba la delegación Tlalpan, con lo que evitó que quedaran antecedentes penales en su contra, como claramente lo informó este semanario en su edición de la semana anterior.
Lo sí tiene Wallace son antecedentes policiales. Por orden judicial del 21 de julio de 1998 se realizó su ficha signalética, en la que se registraron sus huellas y su fotografía, así como un estudio de su personalidad.
A raíz de su pleito con la delegación, no fue condenada en efecto por ningún delito –Proceso nunca sostuvo, como ella dijo en su reacción del martes 10, que hubiera sido condenada o que tuviera antecedentes penales–; su ficha se hizo reglamentariamente al ingresar al reclusorio encausada por un juez que ordenó su identificación, señalan quienes hace casi 14 años declararon en su contra.
En su conferencia de prensa, en la que no estuvo acompañada por ningún dirigente o representante del partido que la postuló, la ahora presidenta de la asociación Alto al Secuestro negó “haber sido fichada o haber sido condenada por algún delito”.
Para su defensa, Isabel Miranda se apoyó, irónicamente, en el Gobierno del Distrito Federal. Uno de sus principales argumentos para exculparse fue un oficio de la subsecretaría de esa dependencia.
Fechado el 23 de mayo de 2006, el documento niega que ella “hubiera ingresado a algún centro preventivo o penitenciario” de la capital. La constancia, según explicó Miranda de Wallace, la solicitó para demostrar su calidad moral en el caso de la desaparición de su hijo Hugo Alberto Wallace.
A su vez, la PGJDF, que en ese entonces la consignó, ahora es su defensora oficiosa. Apenas la candidata del PAN había terminado de exculparse, la procuraduría emitió el comunicado CS2012-240, que abonó a la idea de que Isabel Miranda es objeto de una campaña negra de cara a las elecciones del 1 de julio.
“Con base en la información publicada en diversos medios de comunicación y después de una exhaustiva investigación en las bases de datos y registros con que cuenta esta institución, la PGJDF informa que la ciudadana Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres de Wallace no cuenta con antecedentes penales, según información registral en los sistemas institucionales”, señaló el boletín.
ESTUVO EN EL RECLUSORIO
Carlos Vieyra, asistente del director de Comunicación Social de la PGJDF, Ricardo Nájera, asegura que el comunicado no aludía a lo publicado por Proceso, sino que responde a los señalamientos sobre “los antecedentes penales” de Miranda referidos en las redes sociales y diversos medios a partir de la publicación del semanario.
Sin embargo, el jueves 12 el titular de la procuraduría, Jesús Rodríguez Almeida, anunció la apertura de oficio de una averiguación previa “para ver si hay alguna responsabilidad, ya sea de servidores públicos o de personas privadas”, en la “filtración” de la ficha signalética de la candidata panista que la propia Wallace dice que no existe.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también actuará de oficio, según dijo Miranda el viernes 13. Aseguró que el organismo abrió una queja de oficio contra quien resulte responsable de la presunta filtración del expediente.
De acuerdo con el documento exhibido por Miranda en su conferencia de prensa, la Subsecretaría de Gobierno declara inexistente la actuación del entonces fiscal de la PGJDF adscrito a Tlalpan, Salomón Baltazar Samoyoa, quien en 1998 integró la averiguación previa AP 52-3342/98-07 y la consignó al juzgado en turno del Reclusorio Norte, el Décimo Segundo de lo Penal del Distrito Federal, a cargo en ese momento de Joel Blanno García.
El juez –ahora magistrado de la Novena Sala Penal– resolvió la situación jurídica de Wallace cuatro días después, tiempo en el que la ahora candidata panista permaneció en el reclusorio como encausada.
El 21 de julio, dentro de la causa penal 121/98, Blanno García ordenó “la formal prisión o preventiva de María Isabel Miranda de Wallace como probable responsable por la comisión del delito de resistencia de particulares, por la que fue consignada y se le seguirá proceso”.
En su resolución de cinco puntos el juez ordenó también su “libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley… por lo que hace al delito de homicidio en grado de tentativa doloso”.
En su tercer punto resolutivo dio tres días para que las partes ofrecieran sus pruebas; en el cuarto estableció: “se ordena identificar a la procesada María Isabel Miranda de Wallace por los Sistemas Administrativos adoptados en vigor, recábense sus ingresos anteriores, así como su estudio de personalidad correspondiente”.
Por el primer delito, el de resistencia de particulares, catalogado como no grave, pagó 37 mil 757 pesos y 15 mil pesos por concepto de garantías, lo que le permitió enfrentar el proceso en libertad.
En su quinto punto, el juez pidió: “Hágase saber a la procesada el derecho y término que tiene para apelar la presente resolución”. El abogado de la empresaria, Ricardo Martínez Chávez, apeló esa resolución y tres meses después, el 1 de octubre de 1998, la Novena Sala Penal en el DF la exoneró de ambos cargos.
La PGJDF también había impugnado la resolución del juez porque pretendía que la empresaria fuera procesada por ambos delitos. Pero sus argumentos fueron considerados “inoperantes y deficientes” por los tres magistrados de la sala.
Dentro del toca número 852/98, a propuesta del magistrado ponente José de Jesús Hernández Alatorre, la sala decretó la libertad de la dueña de Showcase Publicidad por falta de elementos.
Sin embargo, las otras integrantes de la sala –Irma Inés Galván Monroy y María Estela Castañón Romo– y el ponente establecieron que “la mencionada encausada cortó una de las mangueras (de la grúa que iba a desmontar el anuncio) con la intención de impedir que el personal del gobierno del Distrito Federal retirara sus anuncios, situación que todos los declarantes en el proceso a estudio mencionan”.
LA VERSIÓN DEL TESTIGO
Leopoldo Morante Cervantes, testigo de los hechos como funcionario del GDF, asegura en entrevista con Proceso que Isabel Miranda de Wallace “salió hasta el miércoles” 22 de julio, cinco días después de los hechos ocurridos en un terreno aledaño a TV Azteca.
“Todos fuimos a la delegación. Pasamos toda la noche dando nuestras declaraciones. A ella la consignaron al Reclusorio Norte y salió hasta el miércoles. Es cierto que meses después fue absuelta, pero de que ingresó al reclusorio, ingresó”, dice quien entonces era director de Apoyo Institucional de la Subsecretaría de Coordinación Delegacional y Metropolitana del GDF.
Explica que él no compareció ante la fiscalía de la PGJDF como denunciante, sino como testigo: “Yo no acusé porque no iba al frente del operativo. Sólo fui testigo. No busqué ser testigo de nada, pero dije lo que vi. Así lo declaré ante el Ministerio Público y así lo repito ahora. De manera que lo que ella dice respecto a que nunca estuvo dentro del predio es falso de toda falsedad”.
Abunda: “No puede decir que no estuvo en el predio porque yo estaba a un metro de ella y vi cómo cortó la manguera con un cúter y luego se lo pasó a un sujeto”, que al parecer era su hijo, de acuerdo al denunciante, José Patiño Hurtado, entonces subdirector Jurídico y de Gobierno de la delegación Tlalpan.
Como lo dijo en su declaración ministerial, Morante Cervantes reitera que Miranda de Wallace llegó antes del mediodía del 16 de julio al predio donde se iba a desmontar uno de los anuncios de Showcase Publicidad por encontrarse en una zona de peligro.
“Dilató todo hasta las seis de la tarde. A esa hora, ella había acordado quitar ‘el arte’ (el anuncio) y la delegación la estructura. Pero Miranda se acercó a la grúa y fue cuando cortó una de las mangueras y luego pasó el cúter al sujeto que la acompañaba. La grúa se empezó a tambalear.
“Me volteé hacia la gente de la delegación y le pedí que lo registraran. ‘¿A ti te consta que yo corté algo, cabrón?’, me dijo el sujeto y salió corriendo hacia su coche, que había ingresado al predio. Casi nos atropella”.
Dice que además de la caída de la grúa pudo haber otra tragedia: “Ella corrió a su coche, pero no logró huir. Cuando menos 30 empleados de la delegación fueron detrás de ella en protesta por lo que habían hecho. Quisieron voltear su carro”.
El daño que causó a la grúa fue intencional; lo hizo para que no se llevaran su anuncio, afirma, y recuerda que la actual candidata “siempre asistía cuando uno de sus anuncios se iba a retirar. Después de eso, lo dejó de hacer”.
El gobierno capitalino había echado a andar el Programa de Reordenamiento de Publicidad Exterior. Era ejecutado por las delegaciones políticas, pero por falta de equipo para retirar los anuncios ilegales el gobierno central los apoyaba con grúas. “Por eso ese día estuve en el predio”, dice Morante Cervantes.
El denunciante, Patiño Hurtado, dio la misma versión de los hechos en una entrevista, el miércoles 11, en el noticiario de Carmen Aristegui, en MVS. Calificó a Wallace de “obstinada, tozuda, terca”, que terminó por ser consignada y encausada, por lo que se debió integrar su ficha de ingreso al reclusorio.
Indicó que como protocolo, los jueces ordenan que se tomen las huellas y se tomen las fotografías de los encausados. “Ella no puede manifestar que desconoce esto”.
Sobre la ficha, Patiño le dijo a la periodista: “Seguramente esa foto (publicada por Proceso) es cierta porque los jueces ordenan que se haga la ficha signalética. A todo procesado se le toman ese tipo de datos; se le toma foto (y) se le pone el número de reclusorio donde está internado”.
Aristegui insistió:
–¿Tiene duda de la foto?
–Mire, yo puedo casi afirmarle que sí existe o existió porque ella estuvo internada en el reclusorio femenil norte. Yo me trasladé al Juzgado 12 por esas fechas y a la señora yo la señalé en la rejilla de prácticas, ratificando mi denuncia.
Aristegui preguntó al denunciante:
–La señora Wallace dice que mide 1.60 y en la foto aparece midiendo como 1.65, 1.68. ¿Qué nos puede decir sobre la estatura?
–¿Qué edad tiene la señora?
–No lo sé.
–… Como unos sesenta y tantos años…Yo no soy perito en esto. De que existió la ficha existió. Desconozco por qué aparezca con una medida inferior (sic), pero es cierto lo que dice la revista Proceso.
REGISTRO EN LOS DIARIOS
Los periódicos de la época registraron la consignación de Wallace. El Universal publicó el 19 de julio de 1998: “La presidenta de la Asociación de Publicistas en Exterior (Apex), Isabel Miranda de Wallace, fue consignada durante la noche del viernes al juzgado en turno del Reclusorio Norte; al mismo tiempo, informó el abogado de la mujer, Ricardo Martínez Chávez, tres personas que fueron remitidas a la 52 agencia del Ministerio Público junto con la empresaria quedaron en libertad bajo caución, entre ellos el hijo de la inculpada”.
Añadió: “La dueña de hasta 2 mil anuncios espectaculares instalados en diferentes arterias del Distrito Federal, según informó la delegación Tlalpan, ingresó al reclusorio acusada por homicidio en grado de tentativa, que perpetró contra trabajadores del área de obras de aquella demarcación cuando intentó oponerse al retiro de anuncios espectaculares ubicados en Periférico”.
Reveló que de acuerdo con la delegación, “la presidente de Apex ha usado el anonimato para evadir responsabilidades, remitiendo los problemas a los propietarios de los terrenos donde están instalados los anuncios; incluso ha mostrado amparos falsos y ha sido requerida siete veces ante juzgados civiles”.
Un día antes, el periódico La Jornada informó que la delegación Tlalpan había solicitado la acción penal contra la presidenta de Apex por los “delitos de daños en propiedad ajena, oposición a un mandato administrativo y homicidio en grado de tentativa”. Añadió que el hijo de Miranda de Wallace, quien había huido en su automóvil, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina unos metros de donde ocurrieron los hechos, mientras que el otro acompañante se dio a la fuga”.
El 18 de julio del mismo año, el diario Reforma informó sobre la solicitud de acción penal y reportó: las autoridades de la demarcación aseguran que Miranda de Wallace tiene por costumbre impedir el retiro de espectaculares, “utilizando incluso métodos ilegales”.
