Durante su discurso, Nicolás Maduro se quejó del contrabando de gasolina y otros productos hacia territorio colombiano, y anunció que Caracas se "reserva las acciones internacionales ante todos los organismos" contra Colombia por la "violación" de las leyes del comercio y la "promoción" del contrabando de combustible.
Por Fabiola Sánchez
Caracas, Venezuela, 15 de enero (AP).- El Presidente Nicolás Maduro presentó este domingo su mensaje anual de gestión al Tribunal Supremo de Justicia en lugar de hacerlo ante la Asamblea Nacional. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente del país suramericano, en medio de una situación económica que el mandatario venezolano calificó de "compleja" y "difícil" ante la fuerte caída de los precios petroleros.
Maduro lamentó no haber entregado su informe anual de gestión al Congreso y dijo que el país enfrenta una "circunstancia excepcional". Acusó a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, de estar legislando "fuera de la constitución" y en "desacato" de las sentencias de la Corte.
En un discurso transmitido en cadena de radio y televisión, el mandatario acusó a la mayoría opositora de promover una acción golpista, luego de que la semana pasada aprobó una declaración de abandono del cargo de parte de Maduro, por el supuesto incumplimiento de sus funciones constitucionales. Esa acción la anuló días después el Tribunal Supremo.
Por otra parte, Maduro dijo que durante el año pasado los ingresos en divisas del país alcanzaron los 5 mil 291 millones de dólares, lo que representó una caída del más del doble en comparación de 2015, cuando se lograron entradas por 13 mil millones de dólares, en mayor parte generadas por las exportaciones petroleras.
El gobernante admitió que la abrupta caída de los ingresos llevó al país a una situación económica "difícil" y "compleja" que aún se está superando, y dijo que a pesar de ello se dio un "milagro de Dios, milagro de la revolución", porque no cerraron centros educativos ni se despidieron empleados públicos.
El mandatario anunció que para hacer frente a la crisis acordó un nuevo decreto de emergencia económica, pero no ofreció detalles. Agregó que decidió extender hasta el 20 de febrero la vigencia de los billetes de 100 bolívares, que temporalmente sacó de circulación el mes pasado y luego retornó a la economía tras protestas callejeras violentas. Reiteró que partir del lunes comenzarán a circular otras nuevas denominaciones de papel moneda, que incluyen los billetes de 500, 5 mil y 20 mil bolívares.
Durante su alocución, Maduro se quejó del contrabando de gasolina y otros productos hacia territorio colombiano, y anunció que Caracas se "reserva las acciones internacionales ante todos los organismos" contra Colombia por la "violación" de las leyes del comercio y la "promoción" del contrabando de combustible.
Agregó que próximamente espera conversar con su par colombiano, Juan Manuel Santos, sobre la situación de la frontera, donde se mantiene bloqueado desde el mes pasado el tránsito de vehículos y solo se permite el paso de peatones.
"Ya basta de agresiones de Bogotá y de la oligarquía colombiana contra Venezuela", dijo el mandatario. Precisó que a partir del lunes se abrirán casas de cambio en la región fronteriza, del lado venezolano.
El Diputado opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, reiteró que Maduro está actuando fuera de la constitución y dijo a la prensa que los magistrados del máximo tribunal, al avalar la anulación de la carta magna, podrían ser juzgados en un futuro en instancias internacionales por "delitos de lesa humanidad".
Luego de ser por más de medio siglo la instancia encargada de recibir el informe anual de gestión del mandatario, tal como lo establece la constitución, el Congreso venezolano perdió otra de sus atribuciones por decisión de la Corte, que es señalada de estar controlada por el Gobierno y que autorizó la semana pasada a Maduro a presentar su discurso ante los magistrados.
Al reiterar su disposición de mantenerse en el proceso de conversaciones, Maduro anunció que la próxima semana vendrán al país los facilitadores de la mesa del diálogo, que está paralizado desde el mes pasado luego que la oposición se negó a continuar en el proceso alegando que el gobierno incumplió los acuerdos al no liberar a los "presos políticos", al negarse a ofrecer un cronograma electoral, y al no respetar los poderes públicos.
El académico y abogado José Vicente Haro afirmó que la decisión de Maduro de presentar su informe anual al Tribunal Supremo hace "más compleja" la situación política y constitucional del país, y recordó que "sólo en dictaduras" los gobernantes se abstuvieron de ir al Congreso a informar sobre su gestión.
Haro dijo a The Associated Press que estas acciones del oficialismo están orientadas a "desconocer absolutamente" la Asamblea Nacional y avanzar hacia "disolver de facto" el Poder Legislativo.
Desde que la mayoría opositora asumió a comienzos del 2016 el control del Congreso, que por 17 años estuvo en manos del oficialismo, se desató una pugna entre los poderes públicos que ha subido de intensidad en los últimos meses a pesar de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición que se instaló en octubre pasado bajo el apoyo del Vaticano y un grupo de ex presidentes extranjeros.
