El Gobierno federal ha sacado las manos, en los hechos, de la delincuencia organizada. La investiga mucho menos y, como consecuencia, casi no consigna los casos. Este declive empezó desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Pero se ha profundizado en el de Enrique Peña Nieto. La apertura de indagatorias se redujo un 42 por ciento. Sólo 3 por ciento de los delitos que se denuncian llegan a sentencia.
Además, de las cerca de 460 mil armas que ingresaron al país de manera clandestina, sólo 27 mil habrían sido aseguradas por las autoridades, mientras que la investigación relacionada con el lavado de dinero presentó una reducción del 76 por ciento en la actual administración, al bajar de 96 a 23 casos entre 2012 y 2013, a 12 en 2014.
Y el presupuesto de la SEIDO bajó 64 por ciento.
Especialistas coincidieron en que la escasa investigación es reflejo de que la estrategia de combate a la delincuencia organizada en México ha sido sólo “frontal” y no se ha reflejado en procesos judiciales…
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– En México, país en el que se atribuye a la “delincuencia organizada” la comisión de miles de homicidios, secuestros, casos de tráfico de personas, de armas, y demás ilícitos, el actual Gobierno federal presenta una marcada tendencia a la baja en la de por sí magra investigación de este tipo de agrupaciones criminales.
Estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) de 2006 a septiembre pasado muestran que, entre el último año de Felipe Calderón Hinojosa y el primero de Enrique Peña Nieto, la apertura de indagatorias por delincuencia organizada se redujo un 42 por ciento, al pasar de 2 mil 270 expedientes abiertos en 2012 a sólo mil 302 en 2013, reducción que, indican los datos, se mantuvo en 2014, ya que hasta septiembre habían iniciado mil 002 casos.
Esta reducción en la actividad del ministerio público federal contra las organizaciones criminales correspondió, en 2014, con una también drástica reducción en el presupuesto con el que contó la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el cual bajó de 220.4 millones de pesos en 2013 a 79.1 millones en 2014; es decir, un 64 por ciento menos.
Estos 79 millones de pesos de inversión en el procesamiento de personas vinculadas con las organizaciones criminales que se presumen de las más peligrosas del mundo es incluso menor que lo que se gasta en un año de publicidad alguno de los gobernadores, como el chiapaneco Manuel Velasco Coello, que en 2013 ejerció 129 millones de pesos para difundir su imagen, y aun menos que los 86 millones que le costó a la familia presidencial construir su “casa blanca” en Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal.
Es, también, menor que el dinero destinado por la propia Procuraduría General de la República (PGR) a su Dirección General de Comunicación Social, que en 2014 fueron 105 millones de pesos.
Consultados con respecto a los datos –obtenidos por SinEmbargo a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)-, investigadores de temas de justicia e impunidad coincidieron en que la escasa investigación es reflejo de que la estrategia de combate a la delincuencia organizada en México ha sido sólo “frontal” y no se ha reflejado en procesos judiciales.
“Me parecen indicadores aterradores (…) que nos muestran la tendencia en México a la no investigación de los delitos –que es el método civilizado, democrático, para proteger a la población– y a privilegiar el uso de la fuerza por encima del orden. Nos hablan de que vivimos en un modelo autoritario con ropaje de democracia”, comentó Marie Claire Acosta, académica y directora en México de la organización de derechos humanos Freedom House.
“Nos indican que nos falta mucho en el procedimiento penal, porque no se logran probar muchos de los elementos que se les imputan a las personas que detienen pero que, al final, quedan libres”, agregó por separado Martín Barrón Cruz, profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
“El quinto informe de Calderón nos dice que, entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011, la Policía Federal había detenido a 75 mil 276 personas. La pregunta es: ¿a cuántas de éstas les logró probar vínculos con organizaciones delictivas del narco? Sólo a dos mil 554”, explicó el académico.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada define tal concepto como el hecho de que “tres o más personas se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos” contenidos en el catálogo de la misma legislación, como los ilícitos contra la salud, el tráfico y acopio de armas, el tráfico de personas, de menores, las operaciones con uso de recursos de procedencia ilícita, y otros.
En un desglose, la estadística de PGR muestra también que la disminución en la acción penal de la SEIDO se registra sobre todo en la investigación de organizaciones como las dedicadas a la trata de personas y al tráfico de indocumentados, ya que las indagatorias iniciadas contra las primeras bajó de 12 expedientes en 2012 a diez en 2013 y a ninguno iniciado hasta septiembre de 2014, mientras que el trabajo contra las segundas se redujo de 32 casos empezados en 2012 a 17 en 2013 y a sólo uno entre enero y septiembre pasados.
La reducción en la investigación ha sido tan marcada que afectó incluso la cantidad de indagatorias empezadas contra presuntos integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, y que era una de las modalidades de delincuencia organizada por las que más se abrían averiguaciones previas el sexenio anterior (300 por año), pero que en la presente administración bajó, primero, de 77 a 57 expedientes y a sólo 18 en los nueve meses reportados de 2014.
Esta cantidad de expedientes iniciados en 2014 contra probables integrantes de bandas de narcotraficantes es casi comparable con la cantidad de averiguaciones previas iniciadas por terrorismo en el mismo periodo, cuando el ministerio público federal empezó once investigaciones contra probables bandas dedicadas a este ilícito.
EL TRÁFICO DE ARMAS EN 2014
En 2011, Marie Clarie Acosta, también ex investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), publicó un artículo titulado El Desafío de la Delincuencia Organizada en México, en el que, entre otros temas, planteaba la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes y la impunidad como causas estructurales del crecimiento de la delincuencia organizada en el país.
En ese sentido, Acosta mencionaba que la cantidad de personas probablemente empleadas en el narcotráfico –estimada entonces en 468 mil– era tres veces más que las empleadas en Petróleos Mexicanos (Pemex), o que las organizaciones de la sociedad civil estimaban en 30 mil la cantidad de menores de 18 años trabajando también en estas actividades ilícitas.
“Lo anterior se traduce en una fuerte presión sobre el sistema de seguridad pública, puesto que mientras las filas de la delincuencia organizada son continuamente alimentadas por la alta cantidad de jóvenes sin oportunidades de empleo o educación, en México hay un total aproximado de entre 360 mil y 409 mil 536 policías, tanto judiciales como preventivos, con ingresos promedio mensuales de seis mil 229 pesos”, escribió Acosta.
“Por otra parte, México registra niveles de impunidad del orden del 97 por ciento, ya que sólo tres por ciento de los delitos que se denuncian llegan a sentencia. De la mano de la corrupción se forjó toda una cultura de la impunidad. Instituciones académicas como el CIDE han documentado la ineficiencia del sistema de procuración de justicia y las debilidades del sistema de impartición de justicia, demostrando que en México se consignan menos casos de delitos contra la salud que en Chile, que tiene sólo 15 millones de habitantes”, agregó el artículo.
En el mismo, Acosta mencionó también que el Senado de Estados Unidos calculaba en dos mil la cantidad de armas de fuego introducidas ilegalmente a México a diario gracias a la corrupción de agentes de Aduanas de ambos lados de la frontera, por lo que, tan sólo en los dos primeros años de Calderón, estimó la investigadora, al país habrían ingresado de manera clandestina alrededor de un millón 460 mil armas, de la cuales, agregó el análisis con base en diversas fuentes, sólo 27 mil habrían sido aseguradas por las autoridades.
En este sentido, los datos de PGR en materia de combate a organizaciones delictivas que acopien o trafiquen con armas muestran que, si al país ingresan cada año unas 730 mil artefactos, el promedio anual de investigación fue de sólo 23 averiguaciones iniciadas por este tipo de ilícitos en el sexenio pasado; volumen de investigación que, como ocurrió con otros delitos, también se redujo en el presente sexenio a sólo 20 casos en 2013 y cinco hasta septiembre de 2014.
La investigación del tráfico de armas de fuego es tan escasa en México que hay estados con alta cantidad de homicidios, como Tamaulipas, donde los agentes asignados a la delegación estatal de PGR no acusaron a una sola persona por este delito en los nueve años de estadística analizados.
Lo mismo ocurrió en Chihuahua, donde se encontraron decenas de armas de alto poder traficadas de Estados Unidos a México gracias a la operación Rápido y Furioso y donde la oficina local de la PGR no abrió una sola indagatoria al respecto.
“Esto nos muestra también que la estrategia es un fracaso, porque, si funcionara, las cifras de delincuencia irían a la baja, pero no, van a la alza”, dijo Acosta en entrevista, cuando se le mencionaron los diferentes datos encontrados.
“No es de sorprender entonces que la mayor crisis política de este Gobierno haya tenido lugar precisamente en el ámbito de los derechos humanos y el acceso a la justicia, que es el gran déficit en este país”, agregó.
MENOS CONSIGNACIONES
La disminución en la investigación de las agrupaciones delictivas en México se registra aun cuando todos los análisis, incluyendo el del propio Gobierno federal, indican que, por diversos motivos –como la globalización de la economía y del crimen, la frontera con Estados Unidos y el aumento en el consumo de droga– la actividad de la delincuencia organizada ha sido sostenida desde al menos los años noventa.
En ese sentido, incluso el diagnóstico del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 publicado el pasado 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación ( DOF) indica que el creciente poder del crimen organizado ejerce “distintos grados de control en algunas zonas del país, imponiendo un orden social alrededor de actividades ilícitas caracterizadas por el uso extremo de la violencia” y que se ha expandido del tráfico de drogas a la trata, la extorsión y el secuestro.
La misma estrategia definida en dicho Programa indica que, además de dar prioridad a la reducción de delitos de alto impacto y otras estrategias, el Gobierno federal se plantea “continuar con los esfuerzos para detener a los líderes y miembros clave de la delincuencia organizada”, “desarticular los mecanismos de suministro a la delincuencia organizada de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita”, e “investigar y desarticular las redes de corrupción entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y la delincuencia organizada”.
La intención de combate, sin embargo, no se trasladó ese año del papel a los hechos y, además de la reducción en el gasto de operación y en la investigación de la delincuencia organizada, los 506 agentes de SEIDO presentaron también en 2014 uno de los peores indicadores de eficiencia a la hora probar sus investigaciones.
Así, la cantidad de mil 873 averiguaciones previas consignadas en 2012 ante el Poder Judicial bajaron a mil 595 en 2013 y, entre enero y septiembre de 2014, a sólo 340 casos.
¿Y EL LAVADO DE DINERO?
También desde el sexenio anterior, cuando los académicos centraban sus energías en analizar la estrategia lanzada por el Presidente Calderón presuntamente contra la delincuencia organizada, el investigador de la Universidad de Columbia y autor de obras relacionadas con las debilidades institucionales que alientan la corrupción, Edgardo Buscaglia, insistió en que México estaba fallando en no desmantelar el patrimonio de las empresas criminales y por ni procesar a políticos.
“No puede comprenderse por completo esta parálisis institucional si no se analiza la expansión de la corrupción en los sectores públicos y privados de México y de cómo esta corrupción al más alto nivel de los sectores públicos y privados bloquea la implementación de medidas que en otros países han resultado exitosas para contener a estos grupos criminales nacionales y transnacionales”, escribió Buscaglia en el artículo La Paradoja Mexicana de la Delincuencia Organizada: ¿Más policías… Más violencia organizada y… más corrupción?
“Por ejemplo, ¿Cómo puede ser que la Secretaria de Hacienda no se constituya en una de las principales ‘puntas de lanza’ para el desmantelamiento patrimonial de la vasta economía criminal escondida en los más importantes sectores económicos del PIB mexicano?”, cuestionó el experto en el mismo artículo.
En el Programa Nacional de Seguridad Pública aparece descrita una estrategia para la investigación del uso de recursos de procedencia ilícita que, entre otras metas, se propone “fortalecer los instrumentos de prevención y detección” de este tipo de operaciones e “identificar y poner a disposición de la autoridad a miembros de las estructuras financieras de la delincuencia organizada”.
Los resultados en la investigación de este tipo de ilícitos, sin embargo, también presentó una reducción del 76 por ciento en el actual Gobierno, al bajar de 96 a 23 los casos iniciados entre 2012 y 2013, y a sólo 12 en 2014.
Como uno de los mayores críticos a la política mexicana en materia de combate a la delincuencia organizada, a Buscaglia se le consultaron sus expectativas en febrero de 2014 sobre la detención de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, presunto jefe del Cártel de Sinaloa, ante lo que respondió que el arresto sería inútil si no abría decenas de líneas de investigación sobre su patrimonio y el círculo político que lo protegió durante dos administraciones federales.
Diez meses después del arresto, y ante la falta de más detenciones relacionadas con el mismo grupo de delincuencia organizada, Buscaglia comentó a SinEmbargo que “sólo se puede concluir que el actual Gobierno federal mexicano forma parte activa y no sólo omisa de un pacto político de impunidad que va del ámbito federal al municipal”.
LA DEFENSA PROPIA
Vía teléfonica desde Galeana, Chihuahua, y con total escepticismo después de haber experimentado la letalidad de la delincuencia organizada en el homicidio de su hermano en 2009, el agricultor y activista Julián Lebarón comentó que el sistema de procuración e impartición de justicia en México es tan inútil que ni aun el inicio de averiguaciones previas significa que las víctimas podrán estar más cerca de la justicia.
“¿De qué sirve, si no se sentencia a nadie? A nosotros nos prometieron justicia tres procuradores generales de la República: Marisela Morales, Arturo Chávez Chávez y Eduardo Medina Mora, y aún no hay ninguna persona sentenciada por lo que pasó con mi hermano”, dijo Lebarón.
“Las averiguaciones y todo lo que se pueda hacer desde las instituciones no sirve; ese es el meollo del asunto. Ellos (el Gobierno) tienen el poder de cobrar lo que quieran al pueblo, pero la gente no tiene ninguna manera de exigir resultados. Entonces, sería mejor que la gente se pudiera defender por sí misma, en lugar de tener que pagar por este servicio que no se le está dando (la procuración de justicia)”, agregó.
