María Anabela Carlón Flores, abogada de la tribu Yaqui, pueblo que lucha contra la construcción del gasoducto Sonora, fue secuestrada ayer junto con su esposo. “Nos dijeron que ya nos dejáramos de chingaderas”, dijo la activista en entrevista con SinEmbargo. También responsabilizó a las autoridades de lo que pueda ocurrirle a su marido.
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Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Un comando privó de la libertad a María Anabela Carlón Flores, activista y defensora de la tribu Yaqui que lucha contra el gasoducto en Loma de Bácum, Sonora, y a su esposo Isabel Lugo Molina. La defensora fue liberada, pero su marido sigue secuestrado, confirmó ella misma en entrevista para SinEmbargo.
María Anabela es una abogada indígena de la tribu Yoreme (Yaqui), un pueblo de Loma de Bácum, Sonora, en resistencia contra la construcción del Gasoducto “Agua Prieta” de IEnova, una compañía de energía privada subsidiaria de la estadounidense Sempra Energy que inició la construcción sin permiso en tierras de la comunidad. En abril los yaquis presentaron la demanda de amparo donde ganaron una suspensión de oficial que paralizó la obra hasta octubre, mes en que la empresa reactivó la construción.
La sustracción ocurrió este martes poco después de las siete de la tarde. Tres vehículos: una chevrolet color blanca, un sedán color oro y otro automotor, interceptaron el automóvil en el que viajaban la abogada y su esposo por la carretera entre el municipio de Bácum y Loma de Bácum en Sonora. Sujetos encapuchados obligaron a la pareja a bajar de su mueble y a subir al coche dorado donde les taparon el rostro con unos “cubre-sol”, narró a SinEmbargo la activista yaqui.
“Nos dijeron grosería y media, nosotros ni siquiera hablamos, después les llaman a ellos por teléfono, preguntan nuestros nombres y nos dicen que dejáramos de hacer chingaderas”, cuenta.
La pick up se detuvo, los encapuchados bajaron a la defensora, la hincaron, agacharon, y taparon con su propio abrigo, después huyeron con el esposo de 48 años de edad: “yo pensé que a él también lo iban a bajar”.
Carlón Flores caminó hasta encontrar un teléfono en donde pidió apoyo y reportó lo ocurrido.
Previamente al hecho, una camioneta blanca persiguió a una unidad de las autoridades tracionales yaqui. Trataron de provocarles un accidente impactandólos.
“Casi los sacan de la carretera pero ellos sí lograron escapar; después de eso, a nosotros nos avisan (los compañeros) de que nos cuidáramos porque andaba una camioneta persiguiéndolos y sí, efectivamente nos empezó a seguir en el municipio de Bácum”, apuntó.
Momentos antes del “levantón”, una unidad de la policía de proximidad rondaba la zona, vio el convoy pero no hicieron nada, afirma la abogada “yo alcancé a verlos”.
Sobre el paradero del esposo no se tienen ningún indicio, “nadie ha llamado, no hay información” expresa.
La comunidad yaqui y la activista han sido blanco de varias amenazas a raíz de las acciones legales y actos que emprendieron contra la construcción del gasoducto. El líder de Loma de Guamuchil, Sonora, Cesáreo Cota Tórtola, así como funcionarios de gobierno estatal y de la Segob han emitido mensajes intimidatorios para que se retire la demanda de amparo, según denuncia la mujer.
“sí habíamos recibido amenazas de otro pueblo, hasta en público, y de funcionarios estatales y federales, que si nosotros no desistíamos de la demanda pues se iban a empeorar las cosas y que nos atuviéramos a las consecuencias[…] que habría más violencia si continuábamos con la demanda”, aseguró.
Añade que el líder de Guamuchil les advirtió “que si la policía no nos encarcelaba ellos iban a actuar por su propia cuenta”.
Los pobladores están preocupados y a la espera de que el conyuge aparezca pronto y con vida, “estamos fuertes porque sabemos cuál es la intensión: es la de intimidarnos”. Estamos con zozobra, a la espera de noticias de mi pareja. […] Quisiera tener esperanzas en la justicia de México pero ahora más y más me están demostrando lo contrario” puntualiza.
La denuncia ante el Ministerio Público local fue interpuesta durante la noche de ayer y hoy presentará la querella ante la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Republica, abunda la derechohumanista.
EL CONFLICTO POR EL GASODUCTO
Siete de las ocho autoridades yaquis firmaron un contrato con el Gobierno de Sonora y la empresa IEnova para introducir un gasoducto en la reserva indígena del Gasoducto Sonora, segmento Guaymas-El Oro, en una longitud de más de 90 kilómetros a razón de pago da peso por metro cuadrado por año, en un término de 30 años.
Actualmente, la obra está paralizada porque el Gobernador de Loma de Bácum entabló un proceso judicial en contra.
El territorio yaqui, que se encuentra en el sur de Sonora, se caracteriza por la lucha de hombres y mujeres que a través del tiempo han defendido con su vida sus derechos sobre 485 mil hectáreas otorgadas por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas.
En una consulta realizada el 28 de mayo del 2015, se advirtió que la Nación Yaqui de Loma de Bácum, no concedió el permiso para entrar a sus tierras con el propósito de realizar la construcción del proyecto.
La comunidad yaqui solicitó una demanda de amparo contra la construcción el gasoducto en el pasado mes de abril. El 7 de ese mes el juzgado Séptimo de distrito concedió a la comunidad yaqui una suspensión de oficio y de pleno que detuvo la construcción de dicha obra.
A pesar de ello, el 21 de octubre se reiniciaron las obras del gasoducto de la empresa IEnova.
En octubre pasado, se registró un enfrentamiento por diferencias entre miembros de la tribu Yaqui de la Loma de Guamúchil con yaquis de Loma de Bácum, sobre la construcción de un gasoducto de la empresa IEnova que cruzará de Arizona a Sinaloa y que ya cuenta con un avance del 90 por ciento.
El enfrentamiento duró varios minutos donde se quemaron vehículos y con armas de fuego y machetes los integrantes de los pueblos se enfrentaron.
