Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió al Senado las respuestas a las preguntas realizadas por los legisladores sobre el caso Iguala. El mandatario federal informó que su gobierno ha trabajado para “encontrar a los estudiantes desaparecidos y regresar la tranquilidad a los habitantes de esa región de Guerrero, al garantizar que los responsables de estos lamentables hechos obtengan la sanción que establece la ley, al mismo tiempo que se fortalecen las instituciones de seguridad con el objetivo de recuperar la confianza de la sociedad”.
Peña Nieto informó que hasta el 30 de octubre se han llevado a cabo 56 detenciones, entre policías municipales e integrantes del grupo criminal autodenominado Guerreros Unidos; se realizaron 13 cateos a inmuebles; se han asegurado seis vehículos como instrumentos del delito, y vinculado directamente a la desaparición de los estudiantes.
Sin embargo, este domingo la Procuraduría General de la República (PGR) dio informes al Senado y detalla que hasta el momento se han detenido a 80 personas relacionada con el secuestro y asesinato de normalistas.
Mediante un documento, la dependencia precisa que se ha establecido la participación de 16 delincuentes en la cremación de un “grupo de personas”, de los que se ha logrado la aprehensión de cinco, además de 44 policías municipales de Iguala y Cocula relacionados con el grupo criminal Guerreros Unidos, identificándose a 16 más a quienes se busca actualmente.
El pasado 22 de octubre, el Senado de la República envió al Ejecutivo federal 38 “Preguntas Parlamentarias”, en el marco de la Glosa del II Informe de Gobierno, que incluyen temas como economía, programas sociales y los casos Iguala y Tlatlaya.
El Ejecutivo federal agrega sobre el caso Tlatlaya, que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 57 de código de justicia militar, al concluirse la agresión armada inmediatamente dio la intervención al agente del ministerio público del fuero común, adscrito a Tejupilco, Estado de México, quien realizó las primeras diligencias conforme a sus atribuciones.
Resalta que el resultado de esos hechos se encuentran detenidos y en proceso ministerial varios elementos de la Sedena: “un teniente de infantería, por ejercicio indebido de servicio público y encubrimiento de no procurar impedir la consumación de un delito; tres elementos más por abuso de autoridad, ejercicio indebido del ejercicio público, homicidio calificado y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, y tres elementos más por ejercicio indebido de servicio público”.
PGR INFORMA AL SENADO
El Senado de la República recibió información de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa, en el cual destaca que hay 80 detenidos y determina que 16 personas participaron en el presunto homicidio e incineración de un número indeterminado de personas.
En un comunicado se informó que la Comisión de Gobernación presentó ante el pleno seis informes, con documentación anexa, del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento al Caso Ayotzinapa.
En ellos destaca el reporte de la PGR sobre las aprehensiones de 80 individuos, de los cuales cinco han sido señalados por su involucramiento directo en la supuesta cremación de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de los 16 señalados.
También refiere la detención de 44 policías municipales de los municipios de Iguala y Cocula, en Guerrero, que están relacionados con el grupo criminal Guerreros Unidos y con el que son identificados 16 más, a quienes se busca actualmente.
Entre los arrestados están los responsables de los homicidios de seis personas en Iguala, ocurridos el viernes 26 de septiembre; en paralelo se realizan las investigaciones sobre varias fosas encontradas en ese mismo municipio.
El documento también se refiere a la aprehensión de José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala; de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, y de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos.
Dicho sujeto declaró que el alcalde recibía directamente y de manera regular de dos millones a tres millones de pesos, de los cuales 600 mil eran destinados al control de la Policía local.
Incluso, refiere el informe del grupo senatorial, Guerreros Unidos realizaba la selección de quienes se integraban a las corporaciones policíacas de Iguala y Cocula; actualmente la PGR investiga la presunta relación de otros funcionarios municipales con estos hechos.
La documentación presentada por el Grupo Plural para dar Seguimiento al Caso Ayotzinapa consta de seis informes, una relatoría de las acciones realizadas por la PGR, 12 anexos y un oficio de la Comisión de Gobernación dirigido a la Mesa Directiva del Senado en el que notifica el reporte en mención.
